Poco más de una tercera parte de los 234,4 millones de euros que el Gobierno entregó a Galicia para ayudar a las empresas a paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 van a llegar a manos de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la comunidad. A falta de tres semanas para que se agote el plazo de solicitud, solo 5.300 negocios han presentado sus papeles y piden apoyos económicos que suman 82 millones, según los datos de la Xunta, que gestiona estos fondos. Inicialmente la convocatoria se iba a cerrar el 14 de julio, pero la Consellería de Emprego e Igualdade la amplió hasta el fin de septiembre por el “escaso número” de peticiones.
La baja ejecución en estas ayudas directas -un fondo de 7.000 euros para todo el Estado aprobado en marzo- es una realidad generalizada entre las comunidades autónomas. Las solicitudes están lejos de la cuantía que se había reservado y el Gobierno ha pedido a Bruselas una ampliación del plazo para su concesión. El sector, en el que hay actividades en las que la COVID ha impactado de lleno como la de la hostelería, pidió durante meses apoyos económicos directos. Pero cuando llegó el plan, no se cumplieron las expectativas.
El Gobierno gallego cree que la explicación a este bajo nivel de solicitudes está en unas condiciones del Gobierno central que califica de “rígidas”. Fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade consideran que los requisitos han provocado un “bloqueo” del plan.
El real decreto en el que se regulan las ayudas fija unos criterios que las comunidades han de cumplir y otros en los que tenían cierto margen para modularlos. La Xunta considera que el “obstáculo principal” es que los fondos deben destinarse a pagar deudas devengadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que procediesen de contratos anteriores al 13 de marzo. A esto se suma una burocracia que el Gobierno gallego se queja de que es “compleja y excesiva”. Asegura que las quejas las han trasladado los propios empresarios.
La Xunta adaptó varios aspectos en la gestión de estas ayudas: ofreció adelantar el dinero si el empresario presentaba una declaración responsable, amplió el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre y fijó que la caída de la facturación necesaria para acceder a los fondos fuese del 30% en todas las actividades económicas -en algunos casos, se requería un 40%-. No obstante, casi dos tercios de la cuantía no llegarán a manos de los autónomos y pequeños empresarios gallegos.