La UE pone nuevos obstáculos a proyectos de megaminería como el de Corcoesto
Una modificación legislativa en la UE pondrá más obstáculos y dificultades a proyectos de megaminería a cielo abierto como el de Corcoesto, que ya no disfrutarán de las facilidades que hasta ahora tenían para instalarse en los territorios. Ese es el gran avance conseguido el pasado miércoles, después de que el Parlamento Europeo aprobara la enmienda presentada a través de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a la ponencia sobre la Directiva de Impacto Ambiental, que sufrirá así una nueva revisión y su cuarta modificación en los últimos años.
Esta enmienda, que fue aceptada entre otras muchas por la Eurocámara, implica que proyectos de “minería a cielo abierto y actividades extractivas similares a cielo abierto” pasen del Anexo II en el que estaban incluidas, que suponía que no era obligatoria la presentación del informe de impacto ambiental y que estuban sujetos a menores controles, al Anexo I, donde este tipo de proyectos sí necesitarán de una autorización previa de la Comisión, así como pasar un control más riguroso con el fin de garantizar la proteccción ante la preocupación que despiertan estas iniciativas.
Por lo tanto, y tal y como se puede comprobar em el texto aprobado por la Eurocámara, el mayor control, la necesidad del cumplimiento de más requisitos y la aprobación de la Comisión se aplicarán ahora también a “canteras y minería a cielo abierto, cuando la superfice de terreno abierto supere las 25 hectáreas, minas de oro en las que se utilicen procesos en los que intervengan balsas de cianuro, o extracción de turba, cuando la superfice del terreno de extracción supere las 150 hectáreas”. En definitiva, mayores exigencias y garantías para megaproyectos polémicos y controvertidos como el que la multinacional Edgewater prevé en Corcoesto.
Tal y como explica Ana Miranda, el cambio es “un gran escalón y un importante avance”, ya que ahora proyectos megamineros como el de Cabana de Bergantiños no se podrán limitar “solo a informar” a la UE, sino que tendrán que “solicitar una autorización” que podrá ser denegada por la Comisión, que suele echar abajo muchas iniciativas controvertidas en caso de no tener la total seguridad de su respeto al medio ambiente y al entorno. Pasan, por lo tanto, del Anexo II, “muy laxo y flexible”, al Anexo I, donde las exigencias y el control son mucho mayores.
“La legislación europea recoge las demandas y las preocupaciones de la contestación y la movilización social”, añade la europarlamentaria del Bloque, que ya había conseguido que la enmienda fuera aceptada con 20 votos a favor y una sola abstención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado 19 de junio.
Pero hay más, ya que este informe y modificación legislativa –que añade muchas otras enmiendas y que fue aprobado por 332 votos a favor, 311 en contra y 14 abstenciones– aclara que los Estados miembros de la UE “garantizarán que las autoridades competentes, a la hora de llevar a cabo los deberes derivados de la Directiva, no se encuentren ante un conflicto de intereses en virtud de cualquier legislación de obligado cumplimiento”. Además, la ponencia advierte de que a partir de ahora garantizará “la exhaustividad y calidad suficiente” de los informes ambientales, por lo que se asegurará de que sean elaborados por “expertos competentes” cuyos nombres serán públicos y con una serie de requisitos: independientes, competitivos y objetivos.
“Con el objetivo de evitar cualquier posible conflicto de intereses, la autoridad que revise la evaluación del impacto ambiental no deberá poseer interés ninguno o relación respecto al expediente”, añade el texto aprobado, lo que ampliará el foco sobre evaluaciones tan polémicas como la que se dio en un proyecto como el de Corcoesto o en otros semejantes.
Por otra parte, el Parlamento Europeo también propuso medidas para garantizar que los ciudadanos “sean debidamente informados y consultados” sobre los proyectos con efectos para el medio ambiente, de acuerdo a la convención de Aarhus sobre la participación pública, además de evitar que los proyectos sean fragmentados para sortear los requisitos medioambientales.
“Hemos revisado esta legislación clave para adaptarla a las nuevas prioridades europeas relacionadas con los usos del suelo, la utilización de los recursos y el respeto a la diversidad. (…) Hemos propuesto criterios claros para evitar los conflictos de intereses y para que el público esté más implicado”, declaró el ponente, Andrea Zanoni, del grupo ALDE de Italia, en el debate previo a la votación de un texto que obtuvo probablemente más relevancia por la propuesta de la Eurocámara de que los planes de exploración y extracción por fracturación hidráulica de hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto, sean sometidos a un estudio de impacto medioambiental previo y obligatorio. Una medida que también pone coto al fracking.
En la inclusión de enmiendas esenciales para conseguir un mayor control y dificultar los proyectos megamineros resultó clave el trabajo de Ana Miranda, pero también de varios eurodiputados de países y regiones europeas que sufren, como Galicia, la amenaza de la megaminaría, como Rosia Montana, en Rumanía, o Grecia. De hecho, fueron estos parlamentarios los que celebraron con mayor intensidad la aprobación de la modificaicón de la Directiva 2011/92/UE, que supone un nuevo escenario mucho más difícil para las multinacionales mineras.
El texto ahora volverá al Consejo y, de no haber sorpresas, en unos meses cada Estado deberá trasladar estas modificacions a su legislación, lo que podría poner en peligro el proyecto de Edgewater en Corcoesto.
