Unanimidad en el Parlamento gallego para echar a los Franco del Pazo de Meirás
Un gesto político poco habitual. Los votos de los cuatro grupos del Parlamento gallego se han unido en torno a un pacto de mínimos con un argumento común: reclamar al Gobierno de España, Administración con competencias para hacerlo, emprender las acciones legales que correspondan para echar la familia de Franco del Pazo de Meirás e intentar hacerlo, además, sin que esto implique compensar con dinero público a los herederos del dictador.
PP, En Marea y BNG habían llegado al pleno con sus respectivas proposición no de ley y el PSdeG, por su parte, había formulado enmiendas a las tres “con el objetivo de buscar un punto de encuentro”. Finalmente no ha salido aprobado ninguno de esos textos, sino el resultado de una transacción con acuerdos esenciales. Una vez terminados los trabajos de la comisión de expertos de la Xunta, que propuso intentar la recuperación por la vía de una demanda civil, el Parlamento insta al Ejecutivo gallego a “remitir urgentemente” toda esta documentación “a la Administración General del Estado” y adjuntar “la petición de que se realicen las acciones legales” propuestas para “reintegrar” el Pazo “al ámbito de los bienes de dominio público” estatal.
Según el guion trazado por la unanimidad del Parlamento, en cuanto el Estado “ejercite esa acción legal”, la Xunta deberá incorporarse al procedimiento civil “como coadyuvante adhesiva”, esto es, sumarse formalmente al Gobierno central en la demanda civil. La unanimidad parlamentaria apoya, por último, que la “voluntad” de la representación política gallega es que “la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público no implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia”, toda vez que el general golpista y su familia se hicieron con él a través de aportaciones económicas forzosas en 1938, en plena ola de represión y asesinatos.
Los argumentos de los grupos
La necesidad de esta declaración política unánime -las proposiciones no de ley no son vinculantes-, que además reconoce “el importante trabajo realizado por historiadores e historiadoras, asociaciones de la memoria histórica” e instituciones como las que componen la Xunta pro Devolución del Pazo, fue aludida por todos los grupos durante el debate. Según el portavoz de los populares, Pedro Puy, “esta unanimidad beneficia a quien defiende la reincorporación del Pazo de Meirás al dominio público” y “perjudica a quien está por el mantenimiento del legado del dictador”. “Contribuimos -agrega- a recoger los escombros del peor episodio de la historia contemporánea de España”.
Por parte banda de En Marea su viceportavoz, Antón Sánchez, también consideró una cuestión de “responsabilidad” el apoyo total de la Cámara a la recuperación de una propiedad que “alberga una historia negra de extorsión, de abuso, de violencia y de coacción”. “No fue un regalo del pueblo, fue un violento expolio” y por eso “su devolución gratuita es un acto de justicia”. Una vez recuperado, cree En Marea, el Pazo debería “ponerse al servicio del pueblo gallego como un espacio de memoria democrática” y convertirse en “ejemplo de la restitución democrática de los derechos avasallados por el franquismo”.
En el PSdeG se avanza que la disposición del Gobierno central será buena hacia este proceso. Después de detectar “más coincidencias que discrepancias” en los informes de la Xunta y de la Diputación coruñesa para buscar la devolución y tras constatar que “nadie hoy defiende el legado de Franco ni del franquismo” en el Parlamento, es necesario aprovechar la “oportunidad” de que el Ejecutivo español “tras la llegada de Pedro Sánchez, es sensible con estos temas y defensor de impulsar la memoria histórica”, dice Xoaquín Fernández Leiceaga.
Por parte del Bloque su portavoz nacional, Ana Pontón, “señala” el “cambio de actitud” del PP en un proceso en el que se trata de desalojar “a una familia ocupa” de un pazo “que ya pagamos a golpe de extorsión y desvío de fondos en plena dictadura”. Por eso, destaca, “sería una aberración cualquier tipo de compensación a los herederos del franquismo”. Pagar a los Franco por dejar Meirás sería, cree la líder soberanista, toda “una bofetada a las víctimas” de la dictadura “y a la dignidad de este pueblo”, algo “intolerable en democracia”.
