Millares de personas han perdido su vivienda en los últimos años, o están en peligro de perderla, bien por no poder pagar las cuotas de su hipoteca, bien por no poder afrontar el coste del alquiler. El caso de la viguesa Analía Méndez y sus dos hijas de 10 y 15 años es sólo uno de tantos, dramático en sí mismo, pero que además sirve para llamar la atención sobre uno de los grandes problemas de la actualidad, con una incidencia muy importante en Vigo y comarca.
Sin ingresos, Analía acumula una deuda de 5.500 euros correspondientes al alquiler de un piso en la calle Pizarro, que desalojará tras llegar a un acuerdo con la propietaria. Recibió del Ayuntamiento el compromiso de que la administración se haría cargo de la mitad de la deuda, pero eso no solucionaría el problema, pues carece de ingresos para continuar pagando. Lo que pide es que el Ayuntamiento le proporcione una vivienda alternativa, para no quedarse en la calle.
La Plataforma de Afectados por los Desahucios de Vigo y Val Miñor convocó este viernes una sentada ante el Ayuntamiento para reclamar una solución para este caso y para todas las personas sin hogar o en riesgo de perder su vivienda en la ciudad. “Analia no ha recibido respuesta del Alcalde de Vigo. Analia y sus dos hijas irán a la calle, se quedan sin casa. A pesar que la Constitución y el señor Alcalde garantizan una solución”.
Tras la concentración, el alcalde, Abel Caballero, se comprometió a buscar una solución a la situación de Analía Méndez. Caballero se entrevistó con ella y con representantes de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) de Vigo Tui e Baixo Miño y les aseguró que el Concello intentará facilitarle un piso “durante unos meses”para que no se queden en la calle. El Concello tratará de encontrar un “encaje legal” para que Analía pueda disponer de ese piso puesto que, en este momento, los casos que están atendiéndose desde la administración local “son para personas afectadas por una ejecución hipotecaria”.
La plataforma es muy crítica con la gestión que el gobierno municipal está realizando en este campo, sobre todo después de que a lo largo del 2012 Abel Caballero se posicionara con firmeza en contra de los desahucios, destacando que el Ayuntamiento de Vigo no cooperaría en desahucio alguno, anunciando que retiraría las cuentas municipales de las entidades bancarias que impulsaran desalojos y presumiendo de negar el apoyo de la policía local para este tipo de ejecuciones.
Otro de los argumentos que destaca la plataforma es la existencia en Vigo de alrededor de 18.500 pisos vacíos, el 13% del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y también recuerdan que el Ayuntamiento tiene la propiedad directa de algunos de ellos, que podrían servir para aliviar la situación de algunas de las familias desahuciadas. Entre ellas, destacan el caso de las 50 viviendas vacías de propiedad municipal en la calle Rosalía de Castro. El Ayuntamiento ya anunció su intención de vender 40 de ellas (otras 10 serán cedidas a Adif) para conseguir ingresos (alrededor de 10 millones de euros) que servirán para construir la nueva Ciudad de la Justicia.
La PAH afirma que “no podemos entender que el Ayuntamiento de Vigo, el menos endeudado del país, como repite el Alcalde cada vez que tiene ocasión, que termina cada ejercicio con fondos de sobra y que utiliza para pagarle a la banca, mientras disminuye drásticamente lo que dedica a las ayudas sociales, y que prometió presionar para ayudar a las familias de esta ciudad, actúe como si no pasara nada”. Y reclama que “las administraciones publicas, la Xunta y el Ayuntamiento, tienen que poner las medidas resolutivas y preventivas adecuadas” para evitar que más personas sigan quedándose en la calle, pues “en estos momentos tanto la Xunta como el Ayuntamiento de Vigo tienen viviendas suficientes para que se haga valer el derecho constitucional a una vivienda digna”.