La Xunta completa la normativa para traspasar pacientes de la sanidad pública a la privada
El Consello da Xunta aprobó hace pocos días el inicio de la tramitación del decreto de la Ley de Garantías Sanitarias, una norma aprobada en solitario por el PP. Se trata de una polémica ley criticada por todas las fuerzas de la oposición, por los sindicatos y por colectivos profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), pero también por el Consejo Económico y Social e incluso cuestionada por la Asesoría Jurídica de la Xunta, designada por el propio Gobierno, que ha expresado dudas sobre sus efectos.
La norma fija un tiempo máximo de espera por una intervención quirúrgica programada y no urgente en 60 días naturales, una espera máxima de 45 días en las consultas externas y de otros 45 días en las pruebas diagnósticas y terapéuticas. El Gobierno gallego vende estos límites como un avance y como una garantía para la calidad de la atención prestada a la ciudadanía. Pero la vuelta de esta norma está en que cuando esos tiempos límites de espera sean superados, lo que a la vista de las cifras actuales sucederá con frecuencia, el Sergas “deberá ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”, según prevé la ley, esto es, privado pero sufragado con fondos públicos. Si esto tampoco sucede o no es posible “el paciente tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección, situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y a que se le reembolse el gasto de acuerdo con las tarifas que se establezcan reglamentariamente para el proceso realizado”.
Los últimos datos hechos públicos sobre las listas de espera en Galicia muestran que la media en los hospitales del Sergas es de 81,5 días, un promedio que ascendería notablemente si se le suman los datos del centro concertado Povisa, de referencia para más de 100.000 personas en el área de Vigo y que acumula una demora de de 199,9 días.
Mientras, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacaa los supuestos beneficios de esta norma para la ciudadanía: “Hasta ahora se establecían 180 días de espera máxima para intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes y ahora pasamos a 60 días”, omitiendo las posibilidades que la norma abre para los centros privados y concertados, señalando únicamente que superado el límite de los 60 días, el paciente podrá optar por continuar en la lista de espera en el centro que le corresponde o requerir atención “en otro centro acreditado” en Galicia, según destaca la Xunta en una nota de prensa.
Críticas al traspaso de pacientes y dinero a la privada
En los últimos meses la Ley de Garantías Sanitarias ha sido criticada desde muy distintos ámbitos, comenzando por las fuerzas políticas de la oposición. “¿Cómo van a rebajar la espera a la mitad sin añadir más dinero, más profesionales y más medios?”, se preguntaba el pasado año la socialista Carmen Acuña. De igual manera, Eva Solla (AGE) criticaba un proyecto no solo “privatizador, sino que además presenta como ”libertad de elección“ de centro sanitario la apertura de la puerta a que ”los pauperizados centros públicos compitan por los clientes, puro mercadeo con el dinero de todos“. ”Están intentando hacer un cambio de modelo de sanidad pública hacia uno donde la privada se ponen en igualdad de condiciones, por la puerta de atrás y con cobardía“, denunciaba Montse Prado.
Uno de los argumentos más empleado por los colectivos sociales y profesionales opuestos al proyecto de la Xunta es el informe hecho público en mayo de 2013 por el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo en el que están representados organizaciones sindicales, empresariales, las tres universidades y colectivos del tejido cultural y socioeconómico gallego. El informe alertaba del “cambio cualitativo en el actual modelo sanitario” que traerá consigo la norma, destacando que la nueva ley “impulsa un sistema mixto, caracterizado por una mayor presencia de la provisión privada”. Según el CES, la propuesta “trasciende con mucho” el establecimiento de garantías de tiempo de atención, por lo que “su dimensión social y económica la hace mereciente de un debate específico y expreso que lleve a un consenso social”. Un consenso que no existe en la actualidad.
El dictamen también ponía en entredicho la viabilidad económica de esta ley, por el gran desembolso económico al que se vería obligada la Xunta, que -en el caso de no ser capaz de reducir aceleradamente las actuales listas de espera- debería incrementar aun más el trasvase de dinero desde los presupuestos del Sergas hacia los centros privados. “La magnitud del compromiso de reducción de los plazos de atención hace que no sea factible su consecución, incluso a medio plazo, sin una importante inyección de recursos en el sistema, económicos, técnicos y humanos”, señalaba.
