Veto a la investigación para “no politizar”, primero; y ahora, veto a las explicaciones para “no desviar la atención”. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en la estrategia de su partido respecto a la Operación Zeta en general y, en particular, en cuanto a su relación de amistad con Pachi de Lucas, considerado por la Policía como el enlace entre la presunta trama corrupta y diversos cargos políticos. Mientras el sumario del caso refleja pagos periódicos de la red de Gerardo Crespo a De Lucas, Feijóo rechaza aclarar si sus vínculos personales con él influyeron o no en la toma de decisiones políticas como las concesiones de contratos o ayudas, algunas de las cuales fueron asignadas cuando la investigación ya había comenzado.
La petición de explicaciones de Feijóo a la oposición, así como la insistencia en que la denuncia del caso partió de la Xunta –la Policía comenzó a investigar a finales de 2011 y el Gobierno se dirigió a la Fiscalía en marzo de 2012–, se produce en un contexto en el que documentos oficiales contrastan con algunas de las afirmaciones presidenciales de las últimas semanas. Así, a finales de octubre, Feijóo aseguraba que tras “sospechar de la utilización incorrecta” de fondos, “decidimos cortar todo tipo de contrato con las empresas implicadas en supuestas irregularidades”. No obstante, en la relación de subvenciones concedidas por la Consellería de Trabajo en el año 2013 figuran, al menos, más de 80.000 euros en subvenciones para una de las empresas de Crespo, Azetanet, para la organización de un curso de asistencia a la dirección (51.000 euros) y de otro de atención a personas dependientes (32.600 euros).
Del mismo modo, en julio de 2012, cuatro meses después de que la propia Xunta se dirigiera a la Fiscalía, otra de las entidades de Crespo, AED Galicia, recibía una aportación de la Consellería por importe de 8.100 euros para la prevención de riesgos laborales. En julio de 2013, asimismo, Trabajo dio cuenta en el DOG de otra ayuda a AED Galicia de 5.000 euros, en una orden que también recoge 40.000 euros para el sindicato USO Galicia, también investigado por la trama. Ambas órdenes están firmadas por Odilo Martiñá, quien dimitió de la dirección general de Trabajo tras el estallido del caso y un día antes de tener que declarar ante la Policía.
Mientras tanto, y a pesar de la falta de explicaciones, aumenta la intensidad del ventilador hacia el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, a los que les pide cuentas por los subsidios concedidos a las entidades de Crespo en esos años.
“¿Por qué rechaza contestar?”, se le preguntó directamente a Feijóo tras el Consello da Xunta, una reunión sin apenas asuntos de relevancia en su orden del día y con tantos acuerdos, cinco, como informes, esto es, documentos sin valor legal alguno que el Gobierno suele utilizar para colocar en la agenda política y mediática asuntos de su interés. “Porque me estoy dando cuenta de que aquí lo que se persigue no es evaluar la actuación de la Xunta ni la investigación de la Xunta”, dice.
No explica su relación con De Lucas porque “lo que se está persiguiendo es no hablar de la investigación, probablemente porque hay muchísimas responsabilidades de otros gobiernos que ahora piden una comisión de investigación [quienes la piden son AGE y BNG, con el apoyo del PSdeG] porque antes no investigaron nada”. La oposición pide saber sobre el presunto conseguidor, asegura, porque “mientras se hable de esto no hablan de los millones de euros que concedieron con el Gobierno en funciones a las empresas que están siendo investigadas”.
Feijóo asegura estar convencido de que “todo el mundo se entera de que se trata de desviar la atención, que está muy bien focalizada” en la indagación respecto a las empresas que, supuestamente, cometieron un fraude. ¿Por qué se niega también, entonces, a que el Parlamento investigue todas las concesiones a las empresas de la red, tanto en el período del bipartito como en el del PP? “Lo que hizo cada Gobierno lo estamos facilitando”, dice, en un contexto en el que las aspas del ventilador rozan también a los medios de comunicación: “Otra cosa es que se quiera poner o no poner”, reprocha.