La Xunta encara el nuevo curso con una huelga convocada en la mayor parte de las guarderías públicas

La Xunta de Galicia va a empezar el próximo curso escolar con una convocatoria de huelga sobre la mesa que afecta a la mayor parte de las escuelas infantiles públicas -146 de 173-, a más de 60 centros de día, a una decena de residencias de mayores y a seis viviendas comunitarias. Son las instalaciones que gestiona el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en el que los trabajadores protestan desde hace años por una situación de fraude de ley por el abuso de la temporalidad en los contratos. Son frecuentes los vínculos laborales de este tipo que se remontan a hace más de una década. Una ley aprobada a finales del año pasado obliga a convocar procesos de estabilización del empleo, pero parte de la plantilla considera que los criterios que se están negociando los sitúan en desventaja. El sindicato CNT ha convocado una huelga de 15 días cada mes desde septiembre a diciembre.

El 5 de septiembre arrancará el primer periodo de huelga, cuando comienzan los preparativos para el curso escolar, cuyo inicio es este año el 8 de septiembre en todas las etapas no universitarias. Terminará el día 16. En los siguientes tres meses, los trabajadores estarán llamados a la huelga parte de los días: del 3 al 14 de octubre; del 2 al 11 de noviembre; y del 12 al 23 de diciembre. La convocatoria afecta a las Galiñas azuis, que son el 84,4% de las escuelas de infantil de la red pública de la Xunta y al resto de centros en los que el Consorcio presta los servicios. El sindicato CNT calcula que unas 5.000 familias hacen uso de estas instalaciones. La Xunta, por su parte, asegura que la prestación de los servicios mínimos estará “garantizada” para que guarderías y centros de mayores “no se vean afectados por la huelga” en el inicio del curso y que “las familias puedan estar tranquilas”.

“No es una estabilización real”, protesta Lorena Alvite, trabajadora social desde 2007 en el Consorcio y miembro del comité de huelga. La principal demanda del colectivo es que se haga un proceso de estabilización diferenciado del de la Xunta para los 1.360 trabajadores temporales del Consorcio porque, argumentan, es un ente no integrado -aunque dependiente de la Consellería de Política Social- con “particularidades”. Entre esas diferencias están unos salarios que, durante más de 10 años, fueron “entre un 30% y un 40%” más bajos que los del personal de la Xunta.

Al colectivo también le preocupa que se fije el máximo de puntuación por experiencia para quienes llevan 25 años trabajados, puesto que el Consorcio nació en 2006, hace 16 años, y ninguno de ellos acumula tanta antigüedad. Alvite también señala que se plantea que se tengan en cuenta los cursos de la Escola Galega da Administración Pública (EGAP), a los que ellos tienen acceso desde hace una década porque antes el Consorcio era un ente no integrado. “No solo no vamos en igualdad, sino que vamos en desventaja clara”, sostiene.

Estos trabajadores se ven afectados por la normativa para reducir la temporalidad en las administraciones públicas en España. En el caso del consorcio hay personas que llevan trabajando desde hace 15 años con el mismo contrato, formalizado inicialmente para una tarea concreta y un tiempo determinado. Es el caso de la propia Alvite, que entró hace 15 años tras superar un concurso-oposición con un contrato en el que constaba que el objetivo era la puesta en marcha de un centro de día en Carnota (A Coruña). Su contrato no ha cambiado pese a que desde entonces esas instalaciones se abrieron, se cerraron y ella fue trasladada a otro lugar.

Las negociaciones entre sindicatos y Xunta están en marcha. La CNT, convocante de la huelga, no forma parte de ellas por no estar en el comité de empresa. La representación mayoritaria la tiene la CIG. Su responsable en el área de administración autonómica, Zeltia Burgos, asegura que en las conversaciones con los responsables de la Dirección Xeral de Función Pública -en las que se sientan también UGT, CCOO y CSIF- se ha reclamado que se valore más el tiempo trabajado en la administración convocante que en otras, lo que daría más peso a los años dentro del Consorcio a quienes aspiren a hacer fija su plaza dentro de este ente. De lo que no hay garantía, añade, es de que todos los que trabajan en este organismo se vayan a quedar en él o en los mismos puestos tras el proceso de estabilización.

Posibilidad de un “ERE encubierto”

Burgos explica que prevén retomar las negociaciones en septiembre y señala que no descartan convocar protestas y llamar también a la huelga si no hay acuerdo con la Xunta para las convocatorias de estabilización. “No nos fiamos”, señala, en alusión a la postura del Gobierno gallego. Coincide con Alvite en que, dependiendo de cómo se haga el proceso, podría derivar en “un ERE encubierto” en el Consorcio. La CNT añade que se producirá un “desmantelamiento” de los equipos si hay cambios en quienes ocupan cada plaza.

La CNT reclama que la experiencia de los trabajadores del Consorcio cuente el triple que la de los aspirantes que hayan trabajado en otras administraciones. Esto, añade, se aplica en el caso de otros entes. También pide que el concurso de méritos valore un 90% la experiencia y un 10% la formación.

Sobre las negociaciones, la Consellería de Política Social se limita a señalar que, en cumplimiento de la ley, la Xunta aprobó una oferta pública de empleo excepcional de estabilización de empleo, que incluye las plazas temporales de Consorcio por ser personal que, desde 2017, se integra en el convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta. Para hacer las diferentes convocatorias el plazo es hasta el 31 de diciembre de este año y las condiciones, requisitos y baremos “se están negociando” con los sindicatos más representativos y Función Pública, “tal y como corresponde reglamentariamente”.