El Gobierno gallego se suma finalmente a la senda andaluza y modificará el impuesto de patrimonio, aunque sin llegar a su eliminación: eleva su bonificación del 25 al 50%. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llevaba varios días esquivando a la prensa, que le preguntaba con insistencia qué opinaba de la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía. La última vez fue este jueves al término de la reunión semanal de su gabinete. Entonces, Rueda remitió a los interesados a su comparecencia la próxima semana en el Parlamento para explicar los Presupuestos de 2023. Pero en realidad se guardaba el anuncio para un foro privado, convocado por el diario La Voz de Galicia y patrocinado por Abanca, donde esta mañana lo proclamó.
“Actuamos pensando lo que nos conviene hacer aquí. Nos miramos en el mejor espejo, que es el espejo de Galicia”, expuso, como colocando la venda antes de la herida por no llegar a la supresión de la tasa como en Andalucía, “y no lo hacemos en función de los titulares”. Pero lo cierto es que ganó los titulares con un paso adelante en fiscalidad regresiva que beneficiará a las rentas altas: el mínimo exento en el impuesto de patrimonio es de 700.000 euros. La decisión es coherente con el discurso habitual de Rueda, no muy complejo pero que volvió a reiterar este viernes: “Lo que no se puede discutir es que es mejor bajar impuestos que subirlos”. La oposición de izquierdas no tardó en reaccionar. Ana Pontón, líder del BNG, calificó la medida de “pelotazo fiscal” que demuestra que “el PP gobierna para una minoría” al detraer recursos para sanidad, educación o dependencia. Para Valentín González Formoso, secretario general de los socialistas gallegos, se trata “de una política fiscal pensada para los más ricos”.
El presidente gallego enmarcó su anuncio con unas difusas declaraciones en las que parecía insinuar cierta crítica a su homólogo y compañero de partido Juanma Moreno. “La Xunta cuando toma una decisión fiscal tiene que mantenerla y hace lo que estima más oportuno”, dijo como avisando contra la improvisación y el efectismo. A continuación, intentó aclarar que se refería al Gobierno central. Y justo después de explicar que los patrimonios de más de 700.000 euros solo pagarán el 50% del impuesto, afirmó que era necesario andar con cuidado pues “lo que pide la gente es que los servicios públicos funcionen”. Cómo conseguirlo a la vez que la política fiscal reduce ingresos es algo sobre lo que no se detuvo.
La bajada del tributo beneficiará a 7.646 contribuyentes gallegos, que cuentan con un patrimonio medio de seis millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.
Alfonso Rueda dejó su medida estrella para el final de una intervención en el foro económico de La Voz de Galicia y Abanca de casi una hora, la misma duración que la empleada en su investidura en la Cámara gallega el pasado mayo. Se titulaba Competitividade e innovación para unha Galicia con máis certezas pero en realidad siguió su esquema argumental habitual. La mayor parte del tiempo lo dedicó a cargar contra el Gobierno central por la transición energética –habló de “incertezas innecesarias” en relación a la térmica de As Pontes-; por la ley decambio climático -“quieren que la costa gallega vuelva a hace 80 años”-, o por la gestión de los fondos europeos. Más escueto fue en el apartado de defensa de las políticas de la Xunta: presumió de “aprobar los Presupuestos en tiempo y forma” -el PP cuenta con mayoría absoluta- y de que la educación infantil de 0 a 3 años será gratuita, una decisión que corresponde al último Feijóo. Y para la que, por cierto, la Xunta ha pedido implicación presupuestaria del Gobierno central.