La Xunta se propone reactivar derechos mineros caducados en medio de multas y paralizaciones judiciales de explotaciones

La Xunta ha detectado 200 casos de derechos mineros caducados en Galicia y va a poner en marcha un plan para ordenarlos y volver a sacar las concesiones “si procede”. El anuncio llega en un momento de reveses en el sector para el Gobierno gallego, que le ha retirado el permiso de vertido a la polémica mina de San Finx y afronta decisiones judiciales como la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de anular el plan ambiental de la de Casalonga o de suspender cautelarmente la actividad en la de Penouta.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado que la intención es posicionarse en la producción de minerales cuya demanda está aumentando por los procesos de descarbonización de la economía. Galicia, destacó, es líder en la producción de varios minerales y cuenta con el único yacimiento conocido en Europa de coltán, llamado oro negro por su uso en la producción de aparatos tecnológicos. Es el de Penouta, en Viana do Bolo (Ourense), que se encuentra paralizado por orden judicial debido a los riesgos para el medio ambiente.

Con este “primer plan de desarrollo de derechos mineros” la Xunta se propone ordenarlos y establecer unos criterios de baremación. De entre los permisos que están caducados, el Gobierno volverá a sacar la concesión en los casos que valore como adecuados, según Rueda, que no ha concretado cómo se va a evaluar, pero ha asegurado que se actuará “con criterios de sostenibilidad ambiental”.

En los procesos podrán concurrir las empresas interesadas para pedir permisos de investigación y, posteriormente, solicitar la concesión de la explotación. Entre los yacimientos que cita el gobierno gallego se incluyen de cobre, magnesio, silicio metálico, antimonio, titanio, wolframio, el litio o el cobalto.

La gestión de la Xunta en materia minera se ha tropezado en los últimos años con decisiones judiciales y movilizaciones sociales en contra de varias explotaciones. Una de las más contestadas ha sido la autorización de vertido concedida para la mina de San Finx, en Lousame, siete kilómetros por encima de la ría de Noia. El permiso generó protestas de ecologistas y pescadores y mariscadores. Finalmente, el Gobierno gallego acabó multando a la empresa con 180.000 euros por verter agua contaminada y retirándole la autorización que le había dado solo un año antes.