La Xunta de Galicia ha emitido una propuesta de sanción contra la familia Franco de 3.000 euros por no abrir al público la Casa Cornide, un inmueble histórico que ha sido declarado bien de interés cultural (BIC), lo que implica para los herederos del dictador la obligación de permitir visitas al menos cuatro días al mes. El edificio sigue, sin embargo, completamente inaccesible un año y medio después.
Ante el incumplimiento, la Xunta -responsable de velar por el cumplimiento de las exigencias legales que se aplican a los BIC-, reclamó después de un año a los Franco que remitiesen un calendario de apertura. La familia, en respuesta, ha optado por la estrategia de sostener que residen en el inmueble, algo que el Gobierno gallego descarta por la ausencia de muebles. Ahora, informa la agencia EFE, la propuesta es imponer una sanción de 3.000 euros por el incumplimiento.
La Xunta considera que la infracción es leve, de ahí la cuantía. La propuesta de sanción no es todavía firme y los herederos del dictador tienen 15 días para presentar alegaciones desde la notificación, que ya se ha hecho. La reacción de la familia Franco recuerda a la que tuvo cuando se declaró BIC el Pazo de Meirás en 2008. Entonces los descendientes del dictador litigaron contra la obligación de abrir al público el inmueble. Las primeras visitas fueron en 2011 y el encargo de organizarlas se le hizo a la Fundación Francisco Franco, que anunció su intención de hacer loas a “la grandeza” del dictador. Una histórica sentencia de 2020 entregó la propidad al Estado.
Antes de que pasase a manos públicas, los obstáculos para visitar el Pazo de Meirás también llevaron a un procedimiento de sanción por parte de la Xunta a la familia Franco. La multa, de 4.500 euros, no llegó a cobrarse: la titular del inmueble, a nombre de quien estaba la sanción, era Carmen Franco Polo, la hija del dictador. Falleció antes de que la multa se hiciese firme.