“El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a facilitar el acceso de las familias gallegas a los libros de texto, haciendo compatibles las ayudas a aquellos que más lo necesiten con la solidaridad y la cooperación en la progresiva extensión de iniciativas de bancos de libros impulsadas por la comunidad educativa de cada centro y, al mismo tiempo, propiciando la disponibilidad de materiales y contenidos educativos digitales”. La pasada semana el PP sacaba adelante esta iniciativa en el pleno de la Cámara. En un inusitado giro de guión, los conservadores se lanzaban a defender los bancos de libros creados por asociaciones de madres y padres y por algunos ayuntamientos para paliar el fin del programa de préstamo universal implantado en tiempos del bipartito y sustituido por las ayudas parciales del actual Ejecutivo. Ahora es la propia Xunta la que anima a la “solidaridad de las familias” como antídoto contra las consecuencias de su propia medida.
La denominada Gratuidade Solidaria, eufemismo creado por la consellería de Educación para los actuales subsidios parciales, viene revelándose como un mal negocio para las familias, pero también para la propia Administración. Después de unos primeros compases conviviendo con el sistema de préstamo, ahora ya es la única vía de ayudas del Gobierno gallego para comprar manuales escolares y la Consellería se ve obligada año tras año a ampliar su financiación porque se queda sistemáticamente sin dinero. Así, el sistema impulsado por el gabinete de Alberto Núñez Feijóo ya supera en más de un 40% el impacto que tenía en las arcas públicas el modelo de préstamo. Todo ello, mientras el propio Gobierno prevé excluir en este 2014 a 30.000 estudiantes más de sus subvenciones.
En este contexto, y mientras las comunidades escolares combinan la organización de bancos de libros con la reclamación de la vuelta al sistema anterior, un informe de la Defensora del Pueblo apostaba abiertamente a finales de 2013 por el modelo de préstamo. La institución que dirige la popular Soledad Becerril les recomendaba a las Administraciones públicas, en plena onda de recortes, “aplicar preferentemente sistemas de préstamo y reutilización de los libros de texto, por su mayor eficiencia y menor coste” y “favorecer esta utilización en la enseñanza obligatoria”. Además de ser más económico, argumentaba, este sistema supone una “indudable contribución al proceso educativo del alumnado y a la adquisición de hábitos cívicos y de convivencia”. Becerril no apuesta, por lo tanto, por la acumulación de libros de texto en las viviendas del alumnado, elogiada sistemáticamente por el actual gobierno de la Xunta.
La Consellería evita las recomendaciones de la Defensora
Dado el panorama general y con el informe de la defensoría estatal en la mano, la oposición parlamentaria gallega se dirigió al Gobierno por enésima vez para instarlo a cambiar de postura y pedirle cuentas por sus decisiones. Así, por ejemplo, PSdeG y BNG le solicitaron a la Consellería de Educación una valoración del informe y una evaluación de los resultados de su “gratuidad solidaria”. Además, en el caso de los socialistas, le reclamaron “datos referidos a la financiación de los libros de texto” desde 2008 hasta la actualidad. Los grupos no obtuvieron buena parte de la información que pedían, pero sí la orientación política de la Consellería para los próximos tiempos: de la gratuidad solidaria a la “solidaridad” familiar.
“La Consellería puede aceptar y compartir el espíritu de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, si bien el hecho de que esta institución hable de la preferencia por un sistema no supone la exclusión de otras opciones”, justifica el departamento de Jesús Vázquez. En esta línea, asegura “mantener su compromiso de ayudar en la adquisición de libros de texto a quien más lo necesita” y, “al mismo tiempo”, dar “pasos para introducir, a partir del próximo curso, la novedad de incorporar una oferta de material educativo digital”.
Pero, ¿qué ocurre mientras las familias tienen que seguir pagando los libros de la enseñanza obligatoria y, teóricamente, gratuita? “La Consellería entiende que el modelo de acceso a los libros de texto es una cuestión compleja que afecta a las Administraciones educativas, a los centros, a las familias, a los libreros y a los editores”, argumenta. Paralelamente, dice, “reconoce el valor de experiencias surgidas de la propia sociedad, como los bancos de libros de las ANPAS”. Por esto el Gobierno identifica la “necesidad de propiciar que esta solidaridad y esta cooperación puedan extenderse al conjunto del sistema educativo de nuestra comunidad”.