La Xunta usará la sentencia de Ence para su guerra con el Gobierno por las competencias de gestión en el litoral

La Xunta tiene una guerra abierta contra la normativa aprobada en esta legislatura sobre la gestión de la costa y en esa batalla va a usar la sentencia del Tribunal Supremo que permite a la polémica planta de Ence en la ría de Pontevedra continuar su actividad hasta 2073. Sin conocer todavía los argumentos del fallo adelantado esta semana, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha considerado que es casi un triunfo anticipado en otros litigios. “Hay una posible repercusión en el pronunciamiento sobre el recurso que la Xunta presentó ante el Supremo contra el reglamento general de costas aprobado el verano pasado”, dijo al término de la reunión semanal de su equipo, en la que la Consellería de Medio Ambiente presentó un informe que concluye que “la sentencia avala la posición de la Xunta sobre las prórrogas de las concesiones en dominio público”.

Rueda interpreta que ese fallo descarta que se pueda negar el derecho a prórroga a las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre antes de 1988. En la práctica, añadió, eso -denegar la prórroga- es lo que hace el reglamento del año pasado. El texto legal, añadió, introducía “mucha inseguridad jurídica” para empresas y viviendas que, a su entender, sí estaban cumpliendo la normativa.

El presidente gallego cree que la decisión del Supremo respalda a la Xunta no solo en este recurso, sino también en otro frente en el que pelea con el Gobierno central para tener las competencias para gestionar todo el litoral de la comunidad. “Es un refuerzo más para elaborar la ley de ordenación del litoral”, afirmó. Esa nueva norma fue anunciada por el Gobierno gallego ante la negativa del Ejecutivo estatal de transferir las competencias sobre la costa y se ha redactado ya un anteproyecto de ley. “Falta la sentencia pero, por lo que conocemos, consideramos que queda reforzada la tesis de la Xunta”, insistió.

La Xunta presentó recurso el pasado otoño contra el reglamento general de costas. Critica en especial que los cambios que incluye afectan a concesiones de viviendas y de empresas que están en dominio público marítimo-terrestre con autorizaciones anteriores a la ley de costas de 1988. Hay una rebaja de la duración de las nuevas concesiones de 75 a 30 años y una reducción a 30 años de las prórrogas extraordinarias, lo que, razona, “niega” a los propietarios este derecho si los títulos son de antes del 88. El recurso ha sido admitido a trámite por el Supremo.

El Gobierno gallego también acudió a la Justicia para tratar de tumbar la ley de cambio climático, pero en este caso su recurso ante el Tribunal Constitucional no prosperó y fue desestimado. Una de las críticas que la Xunta le hacía a esa norma era que limitaba la permanencia de Ence en su actual emplazamiento y que afectaba también a las industrias tradicionales relacionadas con la pesca y el mar.