La otra cara del derecho al olvido: ¿qué pasa si Google decide irse de Europa?

La sentencia histórica a favor del “derecho al olvido” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó la pasada semana esconde entre sus líneas un pequeño resquicio por el que Google, de una forma un tanto drástica, podría no acatar la decisión judicial en casos futuros y, además, pegar un portazo al Viejo Continente: la sentencia deja abierta la posibilidad de que haga las maletas y se vaya de Europa.

La sentencia “dice que se aplicará la legislación española a aquellos operadores que tengan un establecimiento abierto en España y comercialicen publicidad para sus productos desde España”, asegura Alejandro Touriño, abogado especialista en derecho tecnológico y autor del libro “El derecho al olvido y la intimidad en Internet” en declaraciones a HojadeRouter.com. Pero, ¿por qué iba a pegar Google semejante espantada?

¿Y si Google no quiere?

Como era de esperar, a Google no parece haberle hecho mucha gracia la decisión del TJUE. Así las cosas, ¿qué opciones tiene la sección española de la multinacional?

En el supuesto de que el buscador no quiera acatar la decisión del alto tribunal, Touriño asegura que las sanciones a las que se puede enfrentar son muy elevadas. Sanciones que podrían ser impuestas tanto desde la Agencia Española de Protección de Datos como desde la Audiencia Nacional, y que podrían llegar hasta los 600.000 euros.

Para evitarlo, el buscador podría tomar la decisión de marcharse de España (o marcharse de cualquier país de Europa donde se presente una demanda similar a la del ciudadano español). Y, precisamente, esta es una de las puertas que el TJUE deja abiertas. ¿Por qué? Porque la sentencia hace referencia directa al territorio.

Si eso ocurriera, y Google pusiera tierra de por medio cerrando su sede española, surge la duda: ¿se le debería seguir aplicando la legislación de nuestro país? “Sobre este aspecto no se ha pronunciado la sentencia. Nadie ha explicado qué ocurre si la empresa no está en España”, asegura Touriño.

Así, mientras Europa quiere mirarse en el espejo y ver reflejado un Silicon Valley, la situación descrita podría sentar un precedente negativo a la hora de que empresas tecnológicas se asienten físicamente en nuestro país. Es cierto que, a día de hoy, la compañía de la 'gran G' paga unos impuestos muy reducidos por estos lares, pero la imagen de las naciones europeas no saldría muy bien parada si una empresa de la talla de Google anuncia la retirada de sus sedes en suelo comunitario.

A pesar de todo, Touriño se muestra escéptico y no ve probable que este escenario se llegue a producir porque, “incluso esta misma semana, Google anunciaba de manera oficiosa que iba a establecer mecanismos técnicos, rápidos y ágiles para poder eliminar ese tipo de enlaces”.

Reinterpretación del derecho a la intimidad

No podemos olvidar tampoco las consecuencias directas de una sentencia histórica que va mucho más allá de la aplicación del derecho a la intimidad. Al menos así lo cree Touriño, que la considera “una reinterpretación” de dicha garantía, así como del derecho a la privacidad y a la protección de datos.

Todo comenzó hace 5 años, cuando Mario Costeja inició, en 2009, los trámites legales necesarios para que su nombre desapareciera de Google. Quería borrarse del mapa porque, cuando introducía sus datos en el buscador, aparecían un par de enlaces del diario La Vanguardia (de 1998) que correspondían a varios anuncios sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social que había sido resuelto hacía años.

Costeja, después de reclamar sin éxito al periódico, decidió solicitar el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos que, a su vez, pidió a Google Spain S.L y Google Inc que procediera a eliminar su nombre. Ante la negativa de la empresa de Sillicon Valley, el caso llegó hasta los tribunales europeos.

Pasado el tiempo, el Tribunal considera que el periódico La Vanguardia actúa de forma correcta al cumplir con el derecho a la información, pero también considera que Google tiene la obligación de retirar el contenido publicado “porque los enlaces ya no son pertinentes”. Sin embargo, el periódico podrá seguir manteniendo público el contenido.

Cambio de rumbo

“Sigue siendo verdad que a este señor en su día le embargaron, pero lo que marca la diferencia es que ahora ya no le importa a nadie”, afirma Touriño, en cuya opinión la sentencia “no es del todo positiva”. Considera que lo que decía el abogado general hace casi un año tenía más sentido que lo que ahora dice el TJUE. “El abogado general decía que el derecho al olvido no existe”, nos recuerda el abogado. Y es que, efectivamente, Niilo Jääskinen aseguraba el año pasado que el derecho al olvido traería consigo “una injerencia en la libertad de expresión del editor de la página web”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “se desmarca. Establece que a Google se le aplicará la legislación española y, sin embargo, también dice que existe el derecho al olvido”.

La decisión del TJUE no implica, sin embargo, que se anteponga la protección de datos y la privacidad de los usuarios a la libertad de expresión, sino que será necesario hacer una valoración caso por caso, para determinar qué derecho y libertad debe prevalecer sobre los otros.

Lo que sí parece cierto es que, con esta decisión, Europa parece darle más peso a los derechos de los usuarios, siempre que se cumplan una serie de condiciones, que a los intereses de las grandes empresas tecnológicas (en este caso de Google). Incluso pone el derecho al olvido por delante del interés del resto de internautas, que pueden “dejar de saber cuáles son los resultados de búsqueda naturales de un buscador”.

A partir de esta sentencia, cualquier ciudadano europeo tiene derecho a pedir que sus datos personales desaparezcan de los motores de búsqueda cuando la información a la que aluden los enlaces carezca de relevancia o de interés en un momento determinado, y pueda causar daños de algún tipo al individuo.

Ahora es el momento de que Google mueva ficha en España, que se ha visto convertida en el laboratorio del derecho al olvido europeo. No tardará en hacerlo si, como resulta previsible, le empiezan a llover demandas de usuarios que quieren borrar sus huellas del omnipresente buscador.