Más de dos meses atrás, el diario del que ahora es propietario Jeff Bezos, ‘The Washington Post’, y el británico ‘The Guardian’ desvelaban la existencia de un programa secreto a través del cual el Gobierno de Estados Unidos espiaba y recopilaba los registros telefónicos de millones de personas.
Pocos días después, supimos que las dimensiones de estos supuestos espionajes era mucho mayor. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) había tenido acceso a una enorme cantidad de información confidencial de los principales gigantes tecnológicos con sede en Silicon Valley. Apenas tres días después, ‘The Guardian’ nos presentaba al autor de la filtración, Edward Snowden, un extécnico de la CIA que había decidido sacar a la luz ‘PRISM’, el programa por el cual los servicios secretos del Gobierno de Barack Obama estaban espiando a millones de personas de todo el mundo.
Luego vinieron las peripecias de Snowden en busca de asilo diplomático, sus idas y venidas al tiempo que daba a conocer nuevos detalles acerca de los programas de vigilancia de la NSA: cómo las grandes compañías tecnológicas habían participado en ellos, cómo Alemania conocía las maniobras y permitió que los servicios secretos de Estados Unidos actuasen... Además, poco a poco fuimos conociendo el listado de países cuyos ciudadanos podían haber sido objeto de estas maniobras.
Entonces hubo quien, como Angela Merkel, canciller alemana, salió al paso de la polémica para instar a Estados Unidos a abandonar las prácticas y atenerse a la legislación germana en materia de protección de datos. La Unión Europea, a través de la Comisión, fue más allá. La vicepresidenta y comisaria de Justicia Viviane Reding amenazó con “suspender” el principal acuerdo para el intercambio de datos, el ‘safe harbour’ (puerto seguro), entre las autoridades europeas y norteamericanas.
Pero España no se pronunció en ningún momento. Tan solo el secretario de Estado de Asuntos Exteriores comentó el asunto, sin entrar en demasiados detalles. Gonzalo de Benito afirmó a principios de julio que las autoridades de Estados Unidos no tendrían ningún problema en explicar a sus aliados sus programas de vigilancia. Tan solo eso. El Ministerio de Exteriores ha esperado más de 60 días después de que se se produjesen las primeras filtraciones para tomar cartas en el asunto y convocar al encargado de negocios de la embajada estadounidense en España. Su intención no era otra que conocer los pormenores de la presencia de nuestro país en la lista de ‘objetivos a espiar’ de Estados Unidos que Edward Snowden filtró al semanario alemán ‘Der Spiegel’.
Dos meses después de que todo empezase, nuestro Gobierno comienza a pedir explicaciones. Sin embargo, más allá de las razones por las que ha decidido esperar tanto, la estrategia diplomática de España suscita muchas dudas. Para tratar de resolverlas, este medio trató sin éxito de recabar la opinión de Exteriores durante la mañana de ayer. ¿A qué se debe la demora? ¿Se trata de un asunto prioritario para el Ejecutivo? Hablan los expertos.
¿Por qué no se han pedido explicaciones antes?
“Es posible que el Gobierno español tenga otros intereses políticos en juego con Estados Unidos antes de pedirle cuentas en este aspecto. Esto depende de la política de turno”, asegura Carlos Fernández de Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. “Cuando un gobierno no reacciona a comportamientos extraños e irregulares de otro ejecutivo es porque tiene otros intereses en juego y prefiere tomarse su tiempo para hacerlo”, afirma.
Por su parte, Pablo Antonio Fernández Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, considera que España ha esperado su turno. “Nosotros no haremos nada sin que antes no lo hayan hecho previamente Alemania y Francia. España se sentía obligada a hacer algo y ha hecho una cosa muy menor”, asegura. “Habrás observado el bajísimo nivel que le ha dado el Ministerio de Exteriores español. Un encargado de negocios, que tiene unas limitaciones muy concretas y es un representante de menor nivel, porque el embajador de Estados Unidos en España no está en nuestro país y además no está totalmente acreditado. Y lo recibe un subdirector general. El nivel es muy bajo”, señala.
La reunión entre Luis Moreno, Encargado de Negocios de Estados Unidos en España, y el subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores para America del Norte, Luis Calvo, “es lo menos que se puede hacer para salvar las formas”, añade Fernández de Casadevante. “De no hacerlo sería como aceptarlo. Sería impresentable. De esta manera se cubren las formas, se salva la cara y vaya usted a saber lo que haya por detrás”.
Si realmente el Gobierno de España considerase el escándalo de espionaje un asunto de primer orden, el ‘modus operandi’ habría sido otro muy diferente, concluye Fernández Sánchez. “Yo creo que hay que hablar con los Estados Unidos, hay que decirles que eso no es posible y que lo que quieran espiar que lo espíen por otros medios y, desde luego, con respecto a los ciudadanos, las instituciones o las empresas españolas, recordarles que somos socios y que, por tanto, deben partir del principio de la confianza”, aconseja el catedrático.
¿Por qué conceden tan poca importancia a este asunto?
“Que los estados se espíen es una cosa muy natural, muy normal”, admite el catedrático de la Universidad de Sevilla. “Lo hacen todos los estados y España el primero, incluso con estados que son miembros de la Unión Europea, que son amigos de viaje en muchas instituciones”. Tal vez por eso la diplomacia española, como la de otros países, no ha concedido tanta importancia al asunto. “No tiene importancia porque todos hacen lo mismo”, explica. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas incluye entre las funciones de un diplomático o un embajador “servir de vigilancia para poder informar plenamente de todas las situaciones al estado que representa”.
“Lo único es que tiene que hacerlo con métodos lícitos”, matiza este experto. El problema es que en lo relativo a la interceptación de las comunicaciones “el derecho internacional no tiene respuestas”.
Por lo tanto, según la fuente, Estados Unidos no está violando ningún tratado internacional cuando espía los registros telefónicos de millones de usuarios o accede a la información privada que almacenan compañías como Google o Facebook. Hay un vacío legal. No obstante, Fernández Sánchez considera que la Unión Europea tiene que decir algo al respecto. “Por una sencilla razón: porque viola derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirma este catedrático. “Este es otro tema muy grave, no tanto por la cuestión de los estados y del secretismo, sino porque estamos hablando de la violación de un derecho fundamental de las personas, la introducción en la intimidad de las personas”.
En la misma línea, Fernández de Casadevante, de la Universidad Rey Juan Carlos, considera que las prácticas llevadas a cabo por la NSA y filtradas por Edward Snowden “violan los buenos usos” y, aunque depende de “dónde y cómo se hayan hecho”, sí resultan “incompatibles claramente con el principio de buena fe y con la supuesta amistad y cooperación entre ambos estados”.
¿Irá España más allá en este asunto?
“En la teoría, España podría tomar cualquier medida que fuera lícita”, asegura Fernández de Casadevante. “Pero en la práctica, siendo Estados Unidos el estado que es y el peso que tiene, y con las contrapartidas que puede haber de cooperación en otros casos como puede ser terrorismo, cabe imaginar que, como en otras ocasiones, habrá alguna protesta, pero en realidad no pasará nada”.
Según los expertos, no cabe esperar que España emprenda acciones legales, aunque sí tendría la posibilidad de reclamar los datos de ciudadanos españoles que hayan sido recabados por los servicios secretos estadounidenses. “Poder hacerlo lo puede hacer, pero imagínese la risotada que va a suponer esto en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América”, afirma Pablo Antonio Fernández Sánchez.
En su opinión, la clave es geopolítica. “Estamos hablando de Estados Unidos, con quien tenemos además máximos intereses en materia de seguridad, en materia de lucha contra el terrorismo, en materia de política en la dimensión latinoamericana o en la vía comercial y financiera. Por lo tanto tenemos tantos y tantos intereses que esto es una cuestión de orden menor. Lo que sucede es que somos un estado importante en el mundo, seguimos siendo la novena potencia económica del mundo y, claro, algo tenemos que decir”.