Las declaraciones de bienes de los cargos públicos tendrán “carácter reservado” en Balears por iniciativa del PP

La proposición de ley que ha presentado el Partido Popular en la que se establece el cierre de la Oficina Anticorrupción de Balears también prevé que, tras la clausura de este ente en un plazo de tres meses, las declaraciones de bienes de los cargos públicos tengan “carácter reservado”. Esto implica que esta información deja de ser pública y que se depositará en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament.

El Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos será el nuevo encargado de custodiar las declaraciones de bienes de los cargos públicos. El Registro tendrá un “carácter reservado” y los únicos que pueden acceder a la documentación depositada en el ente son la propia persona interesada, el Parlament, los órganos judiciales y la Sindicatura de Cuentas.

Hasta ahora, las declaraciones de bienes eran documentos públicos accesibles para cualquier ciudadano a través de la página web de la Oficina Anticorrupción. De hecho, gracias a esta transparencia, saltó a la luz pública los problemas del alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), que en un inicio no informó sobre el valor de sus ocho inmuebles, o de la consejera de Vivienda, Marta Vidal (PP), que presentó tarde su declaración de bienes -y que ha sido denunciada por los socialistas ante la Oficina Anticorrupción por administrar una sociedad inmobiliaria ocupando ya el cargo-.

El Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos se encargará de requerir a aquellas personas que sean nombradas o cesadas en un cargo público el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. También será el responsable de la custodia, la seguridad y la indemnidad de los documentos que figuren en dicho registro. Asimismo, se encargará de comprobar “las variaciones en forma de incremento del patrimonio de los cargos públicos”.

La proposición del PP prevé que todas estas “actuaciones previstas” tengan “carácter confidencial”. También estipula que la información contenida en las declaraciones patrimoniales “se podrá hacer pública en los términos y forma que el Parlament establezca en desarrollo de esta ley y su normativa en vigor” y que cada Administración “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración patrimonial de los cargos públicos deben hacerse públicos”.

Fuentes del PP consultadas por elDiario.es aclaran que la única información que tiene carácter reservado serán las declaraciones patrimoniales y que lo hacen para “preservar datos íntimos” de los cargos públicos. Ante la pregunta sobre si no pesa más el derecho a la transparencia (es decir, que los ciudadanos puedan conocer la información patrimonial de las personas con un cargo institucional) que el derecho a la intimidad de los responsables públicos, el PP afirma que “impera más la intimidad”.

Cierre de la Oficina Anticorrupción

El PP también busca en esta proposición parlamentaria que se elimine la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos.

El registro de la iniciativa, que se tramitó este lunes por vía urgente, coincide con las investigaciones impulsadas por este ente en torno a una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP), desvelada este fin de semana por Diario de Mallorca.

El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.

Diario de Mallorca ha publicado este fin de semana que la Oficina Anticorrupción ha acusado a Sureda de encabezar una trama de corrupción urbanística cuando era concejal de esta área en el municipio mallorquín de Campos. El alto cargo del PP habría incurrido en un delito de prevaricación al permitir, a sabiendas de su ilegalidad, que una veintena de negocios operasen sin licencia y de forma “clandestina” en el polígono industrial de la localidad.

Pero no es la primera vez que los populares se enfrentan al organismo ni es el primer caso de presunta corrupción del PP que investiga el ente. A raíz de las pesquisas en contra del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, uno de los hombres fuertes del partido en las Islas, los conservadores empezaron una campaña de desprestigio contra la Oficina Anticorrupción, presidida por Tòfol Milan, quien ya ha manifestado que el cierre del ente le parece un “paso atrás”.

El PP critica las filtraciones de la Oficina Anticorrupción

“Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”, ha manifestado la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, quien ha aseverado que su partido, “desde el primer momento, ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina” y ha censurado que, “tras ver las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del Partido Popular, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”.

La parlamentaria ha negado en esta línea que la Proposición de Ley se haya registrado con motivo de que la Oficina Anticorrupción haya acusado a Sureda de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos. “El PP siempre ha estado a favor del buen gobierno y de la transparencia, pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones”, ha expuesto Durán.

En esta línea, ha incidido en que “no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”, manifestando que la Oficina Anticorrupción se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y “ahora alcanza los 1,5 millones de que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director, que cobra 95.000 euros al año”.

Momentos antes del registro de la Proposición de Ley, Vox ha defendido el cierre de la Oficina Anticorrupción al considerar que “hay suficientes mecanismos de control” de cargos públicos. “En Vox mantenemos nuestra postura. Lo hemos dicho siempre, en este partido estamos a favor del cierre de la Oficina Anticorrupción porque pensamos que hay suficientes mecanismos para controlar que los cargos públicos lleven a cabo sus funciones correctamente”, ha manifestado Cardona, quien ha añadido que se trata de un instrumento “innecesario”.