El gobierno “en la sombra” de Vox en Palma: control de las empresas públicas y políticas ultras con el PP

El Partido Popular vuelve a gobernar en casi todas las instituciones importantes de las Illes Balears, aunque en la mayoría de ellas en minoría, lo cual ha obligado a los conservadores a sellar acuerdos programáticos con Vox para que la investidura no descarrile durante la legislatura. En el Ajuntament de Palma, bajo el mando de Fulgencio Coll, los ultraderechistas intentaron hasta el último momento entrar en el gobierno municipal, sin éxito, después de que los populares reclamaran gobernar en solitario.

Finalmente, Vox hizo alcalde a Jaime Martínez (PP), aunque Coll advirtió que una vez que los ultraderechistas se habían quedado en la oposición, esta iba a ser “constructiva y contundente”. “Vox tendría suficiente fuerza para revertir las políticas de izquierdas en un gobierno de coalición, pero la alternativa por la que ha optado el PP es un gobierno débil con un alcalde, 10 regidores [del PP] y 18 concejales en la oposición”, manifestó Coll.

Tanto fue así que los ultraderechistas boicotearon los primeros meses de legislatura las propuestas que el PP llevaba a pleno, lo que obligó a los populares a firmar con Vox un pacto programático que incluía medidas sobre seguridad, estado de las infraestructuras urbanas, limpieza o movilidad. En un comunicado, ambas formaciones señalaban que “aunque este acuerdo no suponga la entrada de Vox en el equipo de gobierno su impronta quedará reflejada en las actuaciones que lleve a cabo el mismo”.

Por otro lado, Vox ha seguido ganando peso duplicando sus miembros en los consejos de administración de las empresas públicas, según viene reflejado en la sesión ordinaria de la junta de gobierno del 18 de octubre e informó Última Hora. Entre los cambios propuestos, Alfredo José Arias Berenguer, de Vox, sustituyó como nuevo miembro del consejo de administración de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram a Belén Soto (PP), regidora de Infraestructuras y Accesibilidad; la misma regidora y Guadalupe Ferrer (PP), concejala de Economía, Sanidad y Consumo, cesaron de sus puestos como miembros del consejo de administración de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), en favor de dos miembros de Vox, Berenguer y Miguel Sagreras Picornell.

En dicha sesión de la junta de gobierno, según consta en el acta del 18 de octubre, también se produjeron cambios en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transports Urbans (EMT), con la entrada de Juan Antonio Esteban Rodríguez (Vox) en sustitución de Óscar Fidalgo (PP), regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos. En último lugar, en lo referente al consejo de administración de la Empresa Funerària Municipal (EFMSA), Fidalgo cesa como miembro en favor de Enrique Salvá Coll, de Vox.

Acuerdo programático

Entre las medidas acordadas en el acuerdo entre PP y Vox en el Ajuntament de Palma -un total de 95-, destacan la modificación de la estructura de la Administración municipal ejecutiva y las delegaciones de competencias de la Alcaldía, la creación de una comisión para la elaboración de los presupuestos anuales -de la cual formarán parte PP y Vox- y de seguimiento del pacto y el “compromiso explícito a la atención y respuesta a los requerimientos de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística” -creada por PP y Vox a nivel balear y controlada por los ultraderechistas para “luchar contra la imposición del catalán”-.

De hecho, en el apartado lingüístico, PP y Vox hablan de “hacer efectivo el uso normal y oficial de la lengua catalana y castellana en el ámbito oficial y en el administrativo, creando de nuevo las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas” -sin tener en cuenta el claro retroceso que sufre el catalán en el archipiélago-.

También han pactado eximir del IBI a los propietarios de viviendas okupadas; bonificar al 95% la plusvalía que afecte a las sucesiones y donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges; “eliminar tanto las subvenciones nominativas como los programas de actuación de carácter ideológico” -en lo que puede ser entendido como el fin a las subvenciones a entidades que promueven el uso del catalán-; promover la protección del monolito de Sa Feixina -el mayor monumento franquista de Balears, inaugurado por el propio dictador y sede habitual de los mítines de Vox en Palma-; “preservar el carácter propio de las fiestas de carácter religioso, evitando los elementos que las desvirtúan” y “abrir el Ayuntamiento el día en que se celebra el Corpus y durante las procesiones de Semana Santa”; otorgar licencias urbanísticas en un plazo máximo de tres meses; crear una “oficina de asesoramiento al arrendador” y garantizar “la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal de viviendas”.

En relación a los barrios más complejos de la ciudad, Vox y PP han pactado el desmantelamiento de Son Banya -principal punto de venta de droga de Mallorca-: “Tomaremos las medidas oportunas para proporcionar las viviendas necesarias para el desmantelamiento del poblado, acompañadas de las medidas sociales necesarias con la fecha objetivo: septiembre de 2025”. También se han comprometido a llevar a cabo “una regeneración de barrios degradados como Camp Redó, Son Roca, Son Gotleu, Cala Major, Verge de Lluc, La Soledad, entre otros”. Dentro del apartado de seguridad, quieren incorporar 300 agentes nuevos, dotar de mayor equipamientos e infraestructuras a la Policía Local, intensificar los controles y las patrullas e implantar un “plan integral de erradicación de la venta ambulante ilegal”.

En el apartado de la familia, PP y Vox inciden en reforzar las ayudas a la maternidad, “especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, dificultad económica, personal o social”, y consideran “al concebido como nacido a efectos de ayudas públicas y matriculación en las escuelas infantiles”. También hablan que tanto en las escuelas infantiles como en la Escuela Municipal de Música se recoja “la realidad bilingüe de la ciudad de Palma” y que en el caso de las escuelas infantiles “se prestará especial atención al uso y conocimiento de la modalidad lingüística de Mallorca cuando se utilice el catalán como lengua de comunicación”.