El nuevo Govern balear de Marga Prohens (PP) contempla tumbar una de las grandes medidas impulsadas durante la pasada legislatura en materia de vivienda: la expropiación o cesión temporal –durante un máximo de siete años– de inmuebles vacíos pertenecientes a grandes propietarios y fondos buitre con el objetivo de destinarlos al alquiler social. Desde la aprobación de esta iniciativa en marzo de 2021, los populares la convirtieron en uno de sus principales caballos de batalla al considerarla un “ataque” a la propiedad privada, llegando a señalar que en las islas se estaba comenzando a aplicar el “exprópiese” del expresidente venezolano Hugo Chávez. “O se está con la gente o con los especuladores”, proclamaba, por su parte, la expresidenta balear Francina Armengol (PSIB).
“Frente al intervencionismo, ocurrencias y fracaso de la izquierda en vivienda, es el momento de la gestión, defendiendo la propiedad privada y apostando por dar seguridad e incentivos y quitar burocracia para aumentar la oferta y rebajar los precios”, expone, de hecho, el PP en el programa electoral que presentó de cara a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.
La cesión de viviendas de grandes propietarios, cimentada sobre la base del interés público y la protección de los más vulnerables en plena debacle ocasionada por la crisis de la COVID, especialmente virulenta en el archipiélago balear, llegó en un momento en el que el impacto económico de la pandemia en las islas –que durante 2020 vieron desplomado su PIB en un 27%, según datos del Banco de España– se sumaba a la problemática que arrastra la región desde hace décadas: suelo escaso, presión urbanística, la limitación de las viviendas disponibles como efecto colateral de la pujanza del alquiler vacacional frente a una demanda imparable, los elevados precios de los alquileres y la consecuente gentrificación.
Con la demanda disparada y una menguante oferta, Baleares llegó a convertirse antes de la pandemia en una de las regiones en las que más había aumentado el precio del alquiler durante los cinco años anteriores (de 2014 a 2019): un 43,3%, de acuerdo a los datos manejados por Fotocasa.
La entrada en vigor en 2017 de la Ley balear de Turismo, que conllevaba el endurecimiento de las sanciones al alquiler turístico ilegal, no impidió que los precios de los alquileres se mantuvieran por todo lo alto. El impacto del coronavirus frenó en seco esta tendencia y los precios, según el mismo portal inmobiliario, se vieron abocados a un descenso del 7,7% al término de 2020.
La Justicia avala la cesión temporal de viviendas
La aprobación de este procedimiento de cesiones llevó a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba) a impugnar el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, que lo regula. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las islas acabó avalando la medida. Tras conocer el fallo, el exvicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes manifestó que la vivienda “no puede ser considerada un bien de mercado, sino un bien esencial desde el momento en que es el lugar idóneo para desarrollar la vida de cualquier ciudadano o ciudadana”.
En la actualidad, Balears continúa siendo la región en la que más sube el precio de la vivienda. El pasado mes de mayo, las islas registraron un incremento del 20,30% respecto al año anterior, según pisos.com. Durante 2022, el precio medio de las viviendas vendidas en Balears se situó en 346.499 euros, la Comunidad con el precio medio más alto seguida de Madrid (310.127 €), País Vasco (242.782 €) y Cataluña (221.162 €). Son las únicas Comunidades que superan la media nacional (188.036 €).
Ante la creciente escalada de precios, a lo largo de estos últimos años se han barajado medidas como la limitación de la compra de segundas residencias por parte de extranjeros. No en vano, Balears lidera a nivel nacional otra estadística: se trata de la autonomía con mayor peso de compra por parte de extranjeros, con un 34,38% del total de operaciones inmobiliarias -entre ellas, viviendas unifamiliares en primera línea cuyos precios rondan las siete cifras-, de acuerdo a los datos de la última Estadística Registral Inmobiliaria. El archipiélago es, además, el destino de compra preferido por los alemanes, con un 44,2% de las adquisiciones.
Frente a tales propuestas, el PP sostiene que, después de ocho años de “políticas intervencionistas y de ataque a la propiedad privada”, la vivienda se ha convertido “en el principal problema de las familias de Balears, con un aumento sin precedentes tanto del precio de compra como del precio de los alquileres”. Un hecho que, sumado al aumento de las hipotecas, “obliga a las familias a destinar cada día más recursos a la vivienda y que dificulta cada vez más la emancipación y la formación de una familia a los más jóvenes”.
“Para el Partido Popular es imprescindible aumentar la oferta, aprovechando al máximo la construcción ya existente, dando incentivos y facilidades para su puesta en el mercado, y sin necesidad de consumir más territorio con recalificaciones de suelo”, aseveran los populares en su programa electoral.