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Oposición y ecologistas, en pie de guerra contra el gobierno del PP en Menorca por contratar a una consultora “de piscinas ilegales”

Una de las piscinas ilegales del agroturismo Torre Vella

Esther Ballesteros / Santiago Torrado

Mallorca / Menorca —

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Tanto Més per Menorca como el Grupo de Ornitología Balear (GOB) han mostrado su malestar con el gobierno del PP en el Consell de Menorca por contratar a una consultora vinculada a hoteles con piscinas ilegales para asesorar en la redacción del nuevo Plan Territorial de la isla (PTI), tal como informó en exclusiva elDiario.es el pasado martes.

Con un contrato menor de 14.500 euros públicos, la empresa Abril ha sido elegida para llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental de la nueva ordenación territorial de Mallorca, a pesar de que Abril ya asesoró en la promoción de dos agroturismos de lujo que construyeron hasta 16 piscinas ilegales disfrazadas de aljibes para burlar la normativa. “Es una forma de operar”, critican los ecologistas

Desde Més han dudado de la idoneidad de esta consultora para redactar las líneas generales del Plan Territorial Insular (PTI). “Los antecedentes de esta empresa, que han estado vinculados a prácticas que no protegen el interés general ni la conservación del territorio, son un motivo de preocupación”, aseveran.

El conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha explicado que la formación ecosoberanista “lleva tiempo siguiendo diversas contrataciones paralelas realizadas por el PP con el objetivo de modificar el PTI aprobado por la izquierda”. “Saber que la gestión de la ordenación territorial de la isla está en manos de quienes colaboran con intereses privados para destruirla nos genera muchas dudas”, incide.

La formación ha anunciado que revisará en detalle todos los aspectos de las contrataciones efectuadas por el Consell Insular de Menorca y cuestionará cualquier sombra de duda en un tema tan sensible como la ordenación territorial.

Por su parte, desde el GOB señalan recriminan que el Consell Insular haya contratado a Abril la redacción de la modificación del PTI de Menorca en su parte ambiental, “unos cambios que ya vienen precedidos de polémica porque, entre otros, pretenden premiar a los infractores urbanísticos con la legalización de grandes chalés en suelo rústico o abrir el alquiler turístico también al ámbito rural”.

 Abril, dirigida por el ingeniero agrónomo Antoni Roca Martínez, fue nombrada por el Consell Insular como beneficiaria de una contratación menor por valor de 14.500 euros con el objeto de redactar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que permita la modificación del PTI. El documento, al que ha tuvo acceso este medio, fue firmado el pasado 15 de mayo de 2024 y prevé que Abril desarrolle un “análisis de los posibles efectos significativos del Plan propuesto [por el equipo de Gobierno] sobre el Medio Ambiente” y que “justifique su necesidad y demuestre su conveniencia, valorando posibles alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”.

Se da la circunstancia de que esta consultora asesoró en la promoción de dos agroturismos de lujo, que pese a pertenecer a dos promotores distintos, levantaron la polémica en Menorca debido a la construcción en ellos de piscinas ilegales disfrazadas de depósitos para la recogida de agua pluvial, como publicó elDiario.es el pasado mes de noviembre. Se trata de los agroturismos de Torre Vella y de Sant Llorenç de Llucalari, dos proyectos hoteleros destinados a turistas de muy alto perfil económico construidos en suelo rústico.

Tras el asesoramiento de Abril, tanto la finca de Torre Vella como Sant Llorenç de Llucalari presentaron ante el Consell Insular y la extinta Comisión Balear de Medi Ambient –eliminada por el Govern del PP contra el criterio de los grupos ecologistas– sendos proyectos asegurando que los hoteles tendrían una sóla piscina y que, con el objeto de mitigar el consumo de agua de acuífero, se incorporarían “depósitos para utilización de aguas pluviales o depuradas”. Finalmente, estos depósitos no eran tales. ¿El resultado? Un total de 16 piscinas privadas ilegales que solo algunos bolsillos muy pudientes pueden disfrutar y que contribuyen a agravar seriamente un problema estructural en Menorca: la falta de agua.

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