El PP quiere que las pruebas dentales exigidas por Vox para los migrantes en Balears sean “rápidas y accesibles”

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha manifestado este miércoles que el objetivo del Ejecutivo autonómico es dotar destinar una partida para que las pruebas dentales exigidas por Vox para determinar la edad de los migrantes que llegan a las islas sean “accesibles y rápidas”, a pesar de tratarse de un procedimiento que depende de la instrucción de la Fiscalía y que se reserva única y exclusivamente para aquellos casos en los que sea necesario certificar la edad y no exista otra vía para ello, como los estudios óseos actuales, que según la formación de extrema derecha “tienen un margen de error de cinco años”. 

Sagreras ha aseverado que los análisis dentales “se piden menos porque no son accesibles y rápidos”, incidiendo en que el objetivo de la medida es que la prueba esté a disposición para poder “filtrar rápidamente si aquellos que dicen ser menores lo son realmente”. Se trata de una de las medidas que los de Santiago Abascal han puesto sobre la mesa a cambio de brindar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025, además de otras iniciativas contra la “inmigración y ocupación irregular”, a pesar de la ruptura de los acuerdos autonómicos de gobernabilidad entre PP y Vox.

La propia presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, apeló el pasado martes a la necesidad de “estar completamente seguros de que los menores que acogemos en los centros son menores. Merecen estar en condiciones de dignidad. No quiero ser la responsable de mezclar a estos menores desamparados con personas que no lo sean”.

La confirmación del acuerdo para implantar esta medida llevó el pasado lunes a la Delegación del Gobierno central en Balears a recordar que la aplicación de técnicas médicas para determinar la minoría de edad de una persona migrante es un procedimiento que depende únicamente de la instrucción del Ministerio Fiscal, precisando que el protocolo para ello contempla pruebas mínimamente invasivas y proporcionadas y que deben respetar la integridad de la persona, tal y como establece la normativa en materia de protección jurídica de los menores. Asimismo, en ningún caso se podrá imponer la realización de las mismas en contra de la voluntad del menor.

En este contexto, el representante del Ejecutivo central en las islas, Alfonso Rodríguez, reclamó que se deje de utilizar a los menores no acompañados para asegurar o justificar apoyos políticos a los presupuestos. “Situar a estas personas en el centro del debate político pone en riesgo su dignidad, más aún cuando se trata de personas con un perfil social vulnerable, que requieren políticas y actuaciones solidarias por parte de los poderes públicos”, remarcó, recordando que el objetivo principal de las instituciones responsables de la tutela de menores es asegurar la protección de este colectivo vulnerable y cumplir con las competencias que les han sido asignadas. 

La legalización de viviendas en zonas inundables, sin consenso

Por otro lado, Sagreras ha señalado que todavía no hay un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios en relación con la legalización de construcciones en zonas inundables, si bien ha manifestado que las negociaciones “avanzan” y que espera que se llegue a un consenso antes de la votación, el próximo martes, del decreto ley de simplificación administrativa, que contempla la legalización de las edificaciones que hayan sido construidas en suelo rústico de forma irregular, incluidas las que se ubiquen en zonas inundables. Es este último el punto de la discordia entre el PP y las formaciones de izquierdas, que no aceptan “ninguna rebaja” en este aspecto.

“Confiamos que pueda haber un entendimiento con todas las fuerzas políticas”, ha subrayado Sagreras, agregando que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, está llevando a cabo reuniones “de forma discreta” tanto con los grupos de la izquierda como con Vox.

El popular ha celebrado, asimismo, que la tramitación de los presupuestos continúe adelante a pesar de que tanto PSOE, Més y Podemos “hayan querido tumbarlos argumentando falacias”. Según ha resaltado, son las cuentas “más ambiciosas” de la historia de Balears, con un aumento “sin precedentes” de los recursos destinados a sectores clave como la Salud, la Educación, la Vivienda y los Servicios Sociales. Por el contrario, la oposición de izquierdas los considera “insostenibles” y dirigidos a “inyectar más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”.

Durante el debate de votación del techo de gasto de 2025, que el PP sacó adelante gracias a Vox y a diputados “tránsfugas” -como recriminan desde la oposición-, el portavoz socialista, Iago Negueruela, criticó que con las cifras presentadas los conservadores están caminando hacia un modelo “basado en la inyección de más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”, y por eso “solo lo apoyan las inmobiliarias”.