El PP vota en contra de mantener el requisito del catalán en toda la función pública de Balears

Los diputados del PP en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament han votado este miércoles en contra de pedir al Govern balear que mantenga el requisito de catalán en toda la función pública, lo que implica un nuevo gesto de los conservadores en contra del catalán y puede relejar cuáles serán los próximos pasos del Ejecutivo en materia lingüística.

Esta iniciativa -que el catalán deje de ser requisito en toda la función pública- es una de las posibilidades que está sobre la mesa del Gobierno autonómico, liderado por la popular Marga Prohens, que es presidenta gracias a los votos de Vox y que necesita a los ultraderechistas para seguir en el poder.

La cuestión, sin embargo, tendrá que abordarse en el pleno de la Cámara autonómica después de que este punto, enmarcado en una iniciativa socialista, haya acabado en empate por los seis votos a favor de los grupos de izquierda y los seis en contra del PP.

Sin embargo, sí que ha recibido el apoyo unánime de los diputados presentes instar al Govern a cumplir con el Estatut d'Autonomia para garantizar el uso normal de la dos lenguas cooficiales y a no retroceder en el uso social del idioma y “no crear crispación ni división”.

El catalán en la sanidad y educación

El Ejecutivo balear ya ha eliminado el catalán como requisito en la sanidad pública de las Islas. Este era uno de los principales puntos en común de los programas electorales de ambos partidos y estaba recogido en el acuerdo de investidura de Prohens.

Además, Vox ha dado los primeros pasos para acabar con la inmersión lingüística en catalán en la escuela balear, pensada para facilitar el aprendizaje de esta lengua. El catalán, el idioma propio de las Islas según el Estatut, está en un claro retroceso en el archipiélago.

En concreto, Vox registró una proposición no de ley para implantar la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en la enseñanza balear. El PP manifestó simplemente que es una iniciativa de los ultraderechistas y que estos no pueden marcar el tiempo en el que se instauran las medidas acordadas en su acuerdo de gobierno.

Oficina para “luchar contra la imposición del catalán”

Además, PP y Vox han acordado eliminar la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, creada por el Ejecutivo socialista de Francina Armengol, y crear a su vez Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, propuesta y controlada por la formación de extrema derecha.

Vox será el encargado de dirigir la nueva oficina, pensada para “proteger el castellano” y perseguir “la imposición del catalán” en el archipiélago. La proposición de ley prevé multas de hasta 100.000 euros a quienes no cumplan las órdenes de Vox en materia lingüística.