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Durante años, Balears copó de forma diaria las páginas de la actualidad como consecuencia de los numerosos casos de corrupción que la sacudieron. Nunca ajenas al clientelismo, las dádivas, los desvíos de fondos públicos y los tratos de favor, las islas han sido testigo de la caída de históricos altos cargos, de la ruptura de gobiernos y de la desaparición de partidos asolados por sus desmanes y por las causas judiciales que pusieron el foco sobre ellos. Aunque nunca ha llegado a disiparse por completo, la sombra de aquellos años oscuros planea de nuevo sobre el archipiélago después de que PP y Vox hayan fulminado la Oficina Anticorrupción, convirtiendo Balears en la primera autonomía en eliminar un órgano de control de estas características y en nadar a contracorriente en la batalla abierta por los organismos internacionales contra de la degradación y el envilecimiento político.
Impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB) vio la luz de igual forma que Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra alumbraban sus propios organismos antifraude. Esto ha sido al abrigo, principalmente, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, categórica contra las consecuencias de esta lacra: “La corrupción es una plaga insidiosa con un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad: socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Organismos como la Oficina que Balears verá fulminada son, además, ya habituales en otros países bajo denominaciones como Anti-Corruption Authorities, mientras la Unión Europea, cada vez con mayor fuerza, insta a sus Estados a potenciar la creación de entes dirigidos a la lucha contra la corrupción y a que el sector público rinda cuentas con base a los más altos niveles de exigencia. Por ello, la decisión de liquidar el ente balear es, a ojos de expertos e investigadores en materia de transparencia consultados por elDiario.es, “altamente preocupante en un momento en el que se insiste en la necesidad de reforzar la independencia de estos organismos, así como en darles peso y competencias”, como señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza.
De hecho, después de que PP y Vox decidiesen acelerar el cierre de la Oficina tras hacerse público que el ente estaba investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP), más de una veintena de asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional emitieron el pasado mes de noviembre declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del organismo. “No sólo es una medida que debilita el Estado de derecho, sino que es contrario a los compromisos asumidos por parte todos los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, aseveran las organizaciones.
Balears, a contracorriente de Europa
En esta línea, Manuel Villoria considera “incomprensible” que PP y Vox supriman la Oficina Anticorrupción de Balears. “Incomprensible, salvo que se quiera volver a los antiguos tiempos de Matas y a aquel modelo esencial de corrupción basado en la creación de empresas públicas a las que se derivaba una importante parte del presupuesto sin los controles típicos de la administración, todo ello en un vendaval de corrupción y despilfarro”, asevera el investigador en declaraciones a este medio. “Es impresionante que no hayan aprendido de esa historia”, abunda el catedrático, autor de numerosas investigaciones sobre la transparencia como instrumento para mejorar el funcionamiento democrático.
Es incomprensible [suprimir la Oficina Anticorrupción], salvo que se quiera volver a los antiguos tiempos de Jaume Matas
Para Villoria, el caso de Balears es atípico en Europa, teniendo en cuenta que en países con elevados niveles de corrupción como Polonia, Rumanía o Bulgaria han impulsado sus propios organismos antifraude. “No me consta ningún país en el que se hayan producido avances en este sentido y se hayan dado una vuelta hacia atrás tan clara”, incide el también director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, para quien el cierre de la Oficina Anticorrupción de las islas es “una tragedia” para el actual marco institucional español, “contraria al camino que están marcando la UE y los grandes organismos internacionales”.
Por su parte, el director ejecutivo de Transparency International España, David Martínez, señala que la nueva Ley de Transparencia supone “un claro alejamiento de la política europea en materia anticorrupción” en un ámbito en el que España “se encontraba bastante bien posicionada frente a otros Estados miembro” aun sin contar con una agencia anticorrupción estatal o con una autoridad independiente de protección del informante. “Tenemos muchísimos deberes, pero a nivel autonómico, frente a otros Estados, teníamos una buena valoración por parte de diferentes organismos en cuanto a la lucha contra la corrupción por parte de las agencias independientes regionales”, subraya.
[La nueva Ley de Transparencia balear] es un claro alejamiento de la política europea en materia anticorrupción
Las declaraciones de bienes, de carácter reservado
Apenas un día después de que PP y Vox votaran a favor Proposición de Ley de Transparencia y control de los cargos públicos y, en consecuencia, de la supresión de la Oficina Anticorrupción, su director, Tòfol Milán -cuyo cese será automático desde el momento en que la normativa se publique en el Boletín Oficial de Balears (BOIB)-, ve con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia, teniendo en cuenta, sobre todo, que el organismo no sólo se ocupa de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.
“Todo esto se pierde”, lamenta Milán a elDiario.es. En estos momentos, el registro de los bienes de los altos cargos es público y accesible a todo aquel que desee consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. En total, el portal de la Oficina cuenta con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejarán de estar disponibles con la nueva normativa. Milán explica que se trata de un instrumento que permite evitar incompatibilidades y conflictos de intereses, así como, por ejemplo, que altos cargos puedan contratar desde la Administración a una empresa en la que tienen acciones.
Las declaraciones de bienes de los cargos públicos dejarán de ser públicas, un mecanismo que estaba pensado para evitar incompatibilidades y conflictos de intereses
La nueva Ley impulsada por el PP contempla que las declaraciones de bienes de los cargos públicos queden depositadas en un Registro de Transparencia, en el que tendrán carácter reservado, lo que implicará que esta información dejará de ser pública. Cualquier acceso quedará además registrado. Este registro quedará constituido como un órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para su buen funcionamiento.
El PP enmendó incluso el pasado mes de enero esta nueva normativa con una batería de correcciones, una de las cuales modificó el artículo que establece que el personal del Registro no podrá divulgar la documentación ni los datos ni ponerlos en conocimiento de otras personas o instituciones, para añadir que tampoco podrán difundir esta información “la Mesa, ni cualquiera que hubiere tenido acceso al Registro”.
“Tenemos una nueva Ley que se llama de transparencia, pero que no regula la transparencia; un registro que se llama de transparencia, pero que no es transparente; que habla de realizar una comprobación de variaciones en forma de incremento del patrimonio de cargos públicos, pero que realmente no tiene competencias en materia de verificación ni de sanción”, recrimina en esta línea, por su parte, Martínez.
Adiós a las denuncias anónimas
Otro de los motivos que han puesto en alerta a quienes investigan y trabajan en materia de transparencia es el hecho de que las denuncias, en Balears, dejarán de ser anónimas como lo eran las interpuestas ante la Oficina Anticorrupción debido a que numerosas personas suelen renunciar a informar sobre sus sospechas por temor a represalias.
En este sentido, la directiva 2019/1937 del Parlamento europeo es clara a la hora de apostar por la protección efectiva de los denunciantes. También el Ministerio de Justicia ha aprobado este mes la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción con el objetivo de otorgar una protección específica a las personas que dan el paso de alertar de irregularidades de las que han tenido conocimiento y evitar que queden indefensas ante la persecución de aquellos a quienes señalan. De nuevo, Balears se posiciona en contra de los avances logrados en este sentido.
“Es algo completamente atípico, es ir a contracorriente. Los organismos internacionales instan a facilitar las denuncias anónimas y la protección de los denunciantes”, recalca Milán, quien recuerda que Euskadi está tramitando su Ley de Transparencia con la creación de una autoridad que dé protección al denunciante.
Eliminar las denuncias anónimas es algo completamente atípico, es ir a contracorriente. Los organismos internacionales instan a facilitarlas y a proteger a los denunciantes
Frente a las acusaciones vertidas por PP y Vox de que la Oficina Anticorrupción fue creada como instrumento político en manos del PSOE, Milán rechaza tajante este extremo. “En ningún caso, lo niego rotundamente”, manifestó este martes en los pasillos del Parlament balear, apenas minutos después de que la Cámara aprobase la nueva normativa. “Nunca ningún funcionario ha tenido instrucciones respecto a expedientes ni se ha dirigido ninguna investigación de ningún tipo de expediente”, remarcó el todavía director.
No en vano, la Oficina ha llevado a cabo, durante estos años, investigaciones que afectan a partidos de distinto color político. Entre otros asuntos, se ha encargado de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí (PP), acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia, pero también alertó de un “uso abusivo” del empleo de esta vía de urgencia en el caso de la compra de 1,5 millones de mascarillas por parte del anterior Ejecutivo de Armengol -investigada en la actualidad en el marco del caso Koldo-, lo que provocó una encendida respuesta por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma en defensa de cómo se había llevado a cabo el procedimiento.
Regreso a los tiempos de Matas y Munar
Pese a las advertencias lanzadas desde numerosos ámbitos, PP y Vox han hecho caso omiso a las mismas para dar cumplimiento al que se convirtió en uno de los firmes propósitos alcanzados por ambos socios de legislatura. Conservadores y extrema derecha justifican que, con el cierre de la Oficina, las arcas públicas se ahorrarán 1,5 millones de euros y se eliminarán supuestas duplicidades con otros organismos como las autoridades judiciales, la Fiscalía y la Policía, a pesar de que estos cuentan con funciones exclusivas y de que la OAIB complementa las actuaciones llevadas a cabo por órganos como la Intervención General, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y sus equivalentes insulares y municipales.
Desde los grupos de la oposición, además, han ido lanzando en los últimos meses advertencias sobre el retroceso que podría sufrir Balears en materia de transparencia y lucha contra las prácticas corruptas y se remiten a los años más duros de la corrupción en las islas, como los protagonizados por PP y Unió Mallorquina (UM) entre los años 2003 y 2007, cuando el popular Jaume Matas gobernaba el archipiélago y la regionalista Maria Antònia Munar lo hacía en el Consell de Mallorca. A lo largo de aquella legislatura, la más polémica de cuantas se recuerdan en las islas, Balears -y especialmente Mallorca- vio nacer infraestructuras faraónicas, rubricarse grandes acuerdos y licitaciones y llevarse a cabo dudosas recalificaciones.
Eran tiempos de euforia, de los proyectos megalómanos. El Partido Popular se había autoproclamado autor del “milagro económico” frente al “paro, el despilfarro y la corrupción” de la era Felipe González y Matas quería imprimir su marca personal consagrándose al crecimiento económico y turístico de las islas. Los tribunales no tardaron en poner la lupa sobre la gestión que PP y UM habían desplegado y, tras la cortina de sus grandes proyectos, fueron detectadas innumerables irregularidades en forma de malversaciones, tráfico de influencias, contratos a dedo y adjudicaciones amañadas.
El caso Son Espases, el summum de la “perversión”
Una de las macrocausas judiciales que alcanzó el summum de la “perversión”, como convino en señalar el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach, fue la relativa a la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares, el hospital de Son Espases –centro sanitario de referencia en las islas–: contrataciones a dedo, minuciosas maniobras fraudulentas, prevaricaciones o subordinados manejados cuales “títeres complacientes”, en palabras del ahora abogado, fueron tan sólo algunos de los ingredientes de una concesión cuyos tentáculos alcanzaron a la sede nacional del PP. Entre los miles de folios del sumario afloraron nombres como los de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir, Bartolomé Cursach y Luis Bárcenas.
El caso Son Espases se convirtió, de nuevo en palabras de Horrach, en el “paradigma” de una gestión en la que “con demasiada frecuencia” se amoldaron intereses económicos y políticos “en una espiral donde el interés público fue la última razón a considerar”. Fue, sin embargo, tan sólo una de las numerosas causas que azotaron al PP de Matas, quien, a juicio del exjuez José Castro, había llegado al poder para “burlarse de los simples mortales”. Su elevado tren de vida y los sobrecostes en varias de las macroinfraestructuras impulsadas bajo su mandato, a menudo criticadas por su elevado impacto ecológico, lo colocaron en el punto de mira de la Justicia y se convirtieron en la marca personal del ex presidente autonómico y exministro de Medio Ambiente.
El gran hospital de Mallorca, Son Espases, fue el epicentro de una de las mayores tramas de corrupción, que salpicó fuertemente al PP. El juez José Castro consideró que Jaume Matas había llegado al poder para 'burlarse de los simples mortales'
Junto al de Son Espases, el caso Palma Arena, inicialmente ligado a un enriquecimiento ilícito de Matas que nunca llegaría a ser acreditado, se erigió en otra de las grandes causas de corrupción impulsadas entonces en Balears a raíz del sobrecoste millonario en la construcción del velódromo del mismo nombre. De esta macroinvestigación derivaron otras como la relativa a la financiación ilegal del PP durante la campaña electoral de 2003 -la que alzó a Matas por segunda vez a la presidencia de Balears- o la centrada en el desvío de fondos públicos a Nóos, liderada por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Mientras tanto, la infinidad de escándalos que, en sus últimos años de existencia, sacudió a Unió Mallorquina dio origen a varias de las semanas más agitadas que a nivel político se recuerdan en Balears. Compra de votos con dinero público, contrataciones por parte de la Administración de trabajadores que en realidad se dedicaban a hacer proselitismo de partido... Las múltiples tácticas empleadas por Unió Mallorquina acabaron pasándole factura, con sus dirigentes -varios de ellos en puestos públicos- detenidos en sucesivas operaciones policiales. La situación llegó a tal extremo que, el 5 de febrero de 2010, el acuerdo de gobernabilidad que tres años antes habían suscrito PSOE, Bloc per Mallorca y UM a nivel autonómico terminó saltando por los aires.