El PSOE se querella contra el Govern balear por no reclamar 2,6 millones de euros de las mascarillas del 'caso Koldo'

El PSOE ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Palma a Javier Ureña (PP), director general del IB-Salut; Íñigo Rotaeche, socio mayoritario de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y a la citada empresa por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en el marco de la presunta trama corrupta del ‘caso Koldo’ en Balears, según el documento al cual ha accedido elDiario.es.

En el último capítulo de este caso que empezó cuando Francina Armengol (PSOE) era presidenta del Govern, este diario informó de que la documentación de la que dispone el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens (PP) avala la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien afirmó que el procedimiento para reclamar el sobrecoste de las mascarillas de la 'trama Koldo' en las Islas caducó durante el actual mandato de Prohens. Es decir, que los isleños habrían perdido 2,6 millones de euros por culpa de la inacción del PP a la hora de gestionar la reclamación y por la compra infructuosa del anterior Govern socialista. La empresa presentó alegaciones el 6 de noviembre de 2023 y no fue hasta el 19 de marzo de 2024 -la fecha límite de caducidad era el 18 de enero de 2024, según Moreno- cuando el Ejecutivo anunció la apertura de un nuevo expediente tras haber desestimado el anterior

En este sentido, los socialistas argumentan que ha habido “un trato de favor” por parte del actual director general del IB-Salut, Javier Ureña, en su omisión de “su deber de velar por el patrimonio público e intereses generales, en una clara administración desleal, al permitir deliberadamente y a sabiendas de su injusticia, la caducidad del expediente”, lo cual habría beneficiado, en opinión del PSOE, a la empresas adjudicataria, así como a sus intermediarios.

Para ello, el PSOE se hace eco en su denuncia de la investigación que empezó en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional puso el cerco sobre el presunto pago de comisiones irregulares en la contratación y el transporte de material sanitario procedente de China. La investigación judicial constató que la contratación con la empresa podría ser nula de pleno derecho por carecer de “la adecuada solvencia económica y financiera, así como técnica”. El expediente añade que la empresa tampoco tenía la capacidad de obrar “para ser adjudicataria de la contratación del suministro de mascarillas FFP2 en el mes de mayo de 2020”.

Cuando la Audiencia Nacional inicia sus pesquisas, sin embargo, el expediente ya había caducado. Según el Govern del PP, se trataba de un “error”. En un documento en el que desestiman la continuidad del procedimiento de reclamación, el Ejecutivo popular aseguraba que tienen que “rectificar” el error de la resolución del 24 de agosto de 2023 en la que ellos mismos señalaban un plazo máximo de 3 meses desde el momento de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El IB-Salut consideró después que el plazo máximo para la resolución parcial del contrato es en realidad de 8 meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es decir, el Govern balear del PP reconoce que “por error” le indicó en agosto de 2023 a la empresa de la trama Koldo que el plazo para reclamar el sobrecoste de las mascarillas era de tres meses y, al año siguiente, ya en marzo de 2024, cuando el escándalo de la trama Koldo había salido a la luz, cuando José Luis Ábalos ya había dimitido, cuando Francina Armengol estaba en el punto de mira, cuando el PP había defendido a capa y espada que el procedimiento no había caducado y cuando el juez había afirmado que sí lo había hecho, el Ejecutivo alega que en realidad es un plazo de ocho meses. A la par que el Govern desistía del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, abrió un nuevo expediente de reclamación.

El PSOE, en su denuncia, explica que el proceso llevado a cabo por Ureña, mediante el cual “decide dictar una resolución por la cual se acordaba el desistimiento del expediente de incumplimiento parcial de contrato”, no tiene “acomodo en la normativa administrativa” y ahonda en que, “como cortina de humo”, el director general del IB-Salut, una vez caducado el expediente, instó a “un nuevo expediente de nulidad del contrato adjudicado por vía de emergencia”.

Según los socialistas, esta forma de proceder carecería de validez jurídica, ya que los motivos alegados (falta de capacidad en la contratación y falta de solvencia de la entidad adjudicataria) “no fueron nunca denunciados con anterioridad”. El documento ahonda en que, en un procedimiento de adjudicación por la vía de urgencia, como el que tuvo lugar en este caso, no exige dichos requisitos, según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Cabe destacar que la denuncia del PSOE abrirá un procedimiento por la vía penal. Los socialistas consideran que se podrían haber cometido hasta tres delitos. El primero, de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal (CP), que establece para los funcionarios públicos que dicten una “resolución arbitraria en un asunto administrativo”, a sabiendas de su injusticia, “una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

El segundo, de malversación de caudales públicos, que establece en el artículo 432 del CP, una “pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años”, en referencia a los delitos relacionados con el patrimonio público cometidos por funcionarios públicos. En último lugar, es acusado de un delito de tráfico de influencias, que en el artículo 428 del CP recoge para el funcionario o autoridad, que en el ejercicio de sus funciones, dicte una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, “incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años”.

El PP acusa al PSOE de “confundir”

El PP ha acusado al PSOE de “tratar de confundir y seguir defendiendo los intereses de la trama Koldo” con su denuncia al director general del IbSalut. El portavoz del PP en la Comisión de investigación de las mascarillas, José Luís Mateo, ha afirmado que con la denuncia los socialistas tratan “a la desesperada” de confundir a los ciudadanos respecto a una trama “que afecta exclusivamente al PSIB”.

Por su parte, Marga Prohens ve en la denuncia a Ureña una “vorágine de nervios e histerismo” del PSIB. “¿Qué hacemos con cuatro millones de mascarillas que han caducado?”, se ha cuestionado Prohens, quien ha opinado que con esta denuncia el PSIB se “está destapando como el defensor del Koldo y la trama corrupta del PSOE”. El portavoz del Govern que preside Prohens, Antoni Costa, ha añadido que la denuncia del PSIB a Ureña pone de manifiesto el “pánico absoluto” y “desesperación” de los socialistas.

Presiones al PP por la trama Koldo

Cabe recordar que las investigaciones del 'caso Koldo', en manos de la Audiencia Nacional, señalan que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado” para frenar la reclamación. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado mes de enero.

Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa.

El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.

Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.

Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Balears no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.

Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Tellado ha negado “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo ha hecho el PP de Balears.

Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento.

Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”. Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.

Vox preside la comisión de investigación del Parlament

Este mes se ha constituido la comisión de investigación de la rama balear del ‘caso Koldo’, impulsada por Vox, que se queda con la presidencia, que ostentará María José Verdú, mientras que la vicepresidencia correrá a cargo de la socialista Pilar Costa. Por otro lado, la secretaría queda bajo el control del PP a través de la diputada Marga Durán.

El PP tendrá siete votos en la comisión representados por José Luis Mateo, Cristina Gil, Isabel Borràs, Mauricio Rovira, María Salomé Cabrera, Margalida Durán y Jacobo Varela; el PSOE tendrá otros cinco, cuya representación ostentarán Carles Bona, Iago Negueruela, Marc Pons, Mercedes Garrido y Pilar Costa; otros dos serán para Vox, a través de María José Verdú y Patricia de las Heras; mientras que uno será para Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, y otro para Cristina Gómez, de Unidas Podemos, pero en representación del Grupo Mixto.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su formación “no pedirá ni apoyará” la comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Parlament balear, a pesar de la investigación revela que Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclamaba el Govern y que fue el Ejecutivo balear presidido por Prohens el que dejó caducar dicho expediente de reclamación.