Amnistía Internacional alerta de los “retrocesos” que supondrá derogar la ley de Memoria democrática balear

Amnistía Internacional ha alertado de los “retrocesos en derechos humanos” que podrán producirse en caso de que, finalmente, PP y Vox deroguen la Ley de memoria democrática de Balears, cuya supresión será este martes tomada en consideración en el Parlament. 

Durante el último pleno ordinario del Parlament antes del verano, esta mañana se debatirá la Proposición abanderada por la extrema derecha con la que, con el apoyo de los conservadores, pretenden tumbar una normativa que ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos llevadas a cabo durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

En una nota de prensa, la organización ha advertido de que esta iniciativa “pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos” que se cometieron en España, tanto en la Guerra Civil como en el franquismo.

Con relación al proyecto de ley, señalan que durante la II República (1931-1945) se utilizaban términos como “brutalización de la política”, “deshumanización del otro”, “capacidad coercitiva del Estado” o “desplazamientos forzosos de la población”, mientras que de 1945 en adelante, durante el franquismo, sostienen que no se ha condenado al régimen ni se hace referencia a su carácter dictatorial o a su responsabilidad en la vulneración de derechos humanos.

Según Amnistía Internacional, esta manera de proceder supone “una preocupante invisibilización de lo acontecido durante el franquismo, así como de las víctimas que sufrieron esas graves vulneraciones de derechos humanos”. Además, han recriminado que se disuelvan todas las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de dicha ley, al igual que todas las normas de rango igual o inferior que contradigan el texto.

Por este motivo, reclaman, en línea con lo dispuesto por el Relator Especial de la Naciones Unidas (ONU), que se garantice la preservación histórica de la memoria colectiva durante la Guerra Civil y el franquismo, así como que se adopten procesos de memorialización que permitan reconocer, recordar preservar y transmitir la información sobre las violaciones de derechos humanos.

También han estimado conveniente que se cumpla con lo establecido en la ley de Memoria Democrática, sobre todo en lo relativo a los procesos de exhumación e identificación de las víctimas de estos períodos para que se devuelvan sus restos mortales a los familiares; y que, por último, que estas cuestiones no se consideren como un posicionamiento ideológico o partidista, sino un estándar internacional de derechos humanos y justicia transicional.