Balears prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas tras frenar la de 750.000 aves proyectada en Mallorca

El Govern balear ha acordado prohibir mediante decreto ley las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas tras haber frenado la proyectada en el municipio mallorquín de Sineu, en la que los promotores pretendían albergar 750.000 de estas aves con el objetivo de producir unos 156 millones de huevos al año.

Así lo ha informado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha admitido que la medida ha sido impulsada a raíz de las demandas sociales surgidas en torno a la macrogranja de Sineu, que, según Greenpeace, iba a convertirse en la más contaminante de todo el territorio español y preveía consumir más de 61.000 m3/año de agua, el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas. 

El decreto ley, que deberá llegar al Parlament en un plazo máximo de 30 días, cuenta inicialmente con el apoyo de los diputados de Més per Mallorca, según ha adelantado Simonet, que ha informado de que, además de prohibir las macrogranjas de más de 160.000 gallinas, el Ejecutivo autonómico ha propuesto establecer otros límites al tamaño de estos proyectos en función a su cercanía con los núcleos urbanos.

En concreto, las macrogranjas que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán situarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano. Entre los dos y los cuatro kilómetros, éstas podrán disponer de hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 60.000 ejemplares. El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.

“Así se asegura la producción en condiciones suficientes para abastecer a la población y se protegen los recursos naturales, el medio ambiente y a los residentes de las poblaciones urbanas, que es lo que más nos preocupa”, ha apuntado el conseller.

El “detonante” de este decreto ley, ha subrayado, han sido las “demandas sociales” surgidas a raíz del proyecto de la macrogranja avícola de Sineu, prevista a menos de dos kilómetros de la localidad y en la que se preveía criar a 750.000 gallinas y tratar los productos de otras 220.000 procedentes de otras granjas. Ha sido el propio Govern el que ha archivado el procedimiento de autorización ambiental integrada relativo a este proyecto, basándose en un informe de no compatibilidad urbanística emitido previamente por el Ajuntament de Sineu.

El anuncio de este decreto, ha añadido el conseller de Agricultura, no genera “inseguridad jurídica” a los promotores de esta macrogranja al haber sido acordado después de que su proyecto haya sido archivado. Asimismo, ha asegurado desconocer si la empresa promotora, Avícola Son Perot, pretende presentar otra propuesta ajustada a los nuevos límites o si existen proyectos similares en el archipiélago.

En cualquier caso, ha puntualizado, tan solo aquellas instalaciones con más de 40.000 gallinas deberán someterse a los procedimientos de autorización ambiental integrada, aunque eso no las exima de tener que respetar las distancias marcadas.

17 granjas de gallinas en Mallorca

En Mallorca, ha indicado el conseller, existen 17 granjas de gallinas destinadas a la producción de huevos, cuatro a la producción de carne y 3.200 de autoconsumo de menor tamaño. La mayor instalación de este tipo de se encuentra en Manacor, con 135.000 ejemplares, y el censo total en la isla es de 400.000.

La iniciativa, ha explicado, está basada en una normativa europea relativa a las emisiones industriales y otras derivadas de la cría de ganado -que expone que este tipo de explotaciones son especialmente contaminantes- y cuenta con ejemplos similares en otras regiones de España.

La propuesta de establecer estos límites a las granjas avícolas intensivas, ha incidido el Govern, está justificada en la necesidad de atender a la “debilidad del territorio, la falta de recursos, la limitación del suelo rústico y el impacto medioambiental que pueden generar este tipo de explotaciones”. Con ella, añade, se pretende garantizar el mantenimiento del medio rural y defender la importancia de la agricultura y la ganadería ante un tipo de explotaciones que “son contrarias al espíritu de la ley agraria de Balears”.

En un comunicado emitido tras conocer la denegación de la autorización ambiental, Avícola Son Perot manifestó su compromiso con el desarrollo sostenible y responsable en el sector avícola así como de la comunidad rural. “El objetivo siempre ha sido trabajar en beneficio del sector primario, respetando tanto el entorno como las normativas medioambientales aplicables en el momento de la solicitud”, aseguraba, sin entrar a valorar a fondo la decisión del Govern “hasta que se cuente con un análisis exhaustivo de la situación”.

Se da la circunstancia de que el auge de las macrogranjas en España ha provocado que el país sea incapaz de cumplir el límite de emisiones tóxicas de amoniaco marcado por la legislación europea. Sólo en 2020, España lanzó al aire 483 kilotoneladas (kt) de amoniaco, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera. La cifra supuso 12 kt más que el año anterior y se situaba por encima del tope marcado entonces por la directiva europea de reducción de emisiones nacionales, fijado en 467 kt. Sin embargo, en 2023, tras más de diez años de incumplimientos, España respetaba por primera vez el límite de las emisiones de amoniaco tras estrenarse un nuevo umbral máximo calculado al alza.