El exconcejal del PP situado en orgías pagadas por el magnate Cursach: “Se me imputaron los delitos más obscenos”

“Durante cuatro años tuve que soportar un rosario de noticias en las que se me imputaron los delitos más obscenos y lamentables, los peores que se le podía imputar a un político. Lo tenía todo y de todo acabé absuelto”. Así se ha defendido en dependencias judiciales el exconcejal y exdiputado balear del PP Álvaro Gijón, quien fue imputado -y finalmente absuelto- en su día en varias de las líneas de investigación en torno al magnate Bartolomé Cursach. Este jueves, el expolítico ha comparecido como testigo en el juicio que durante estos meses se celebra en Palma a raíz de las supuestas irregularidades que, según la Fiscalía Anticorrupción, cometieron el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales -encargados durante cerca de tres años de instruir el caso Cursach- con el supuesto objetivo de apuntalar sus acusaciones acerca de un supuesto entramado mafioso urdido en torno al conocido empresario de la noche.  

“Han pasado varios años y todavía tengo que seguir demostrando mi inocencia”, ha abundado Gijón, a quien los antiguos investigadores llegaron a implicar, junto al histórico dirigente del PP José María Rodríguez, en fiestas con drogas y prostitutas a raíz de las manifestaciones efectuadas por una testigo que aseguraba ser la madame de un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en bacanales supuestamente costeadas por Cursach. Las pesquisas, que coparon en su día buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, fueron finalmente archivadas ante la inexistencia de indicios de que los hechos se hubieran producido.

Durante su declaración, Gijón ha aludido a las conversaciones de Whatsapp que en su día mantuvieron Penalva y la testigo con indicaciones sobre qué y contra quiénes debía declarar: “Ánimo María José. (...) Nosotros nos creemos lo de la agenda”, le transmitía el juez en referencia al documento del que aseguraba disponer la regente del lupanar y en el que, según aseguraba, estaban apuntados los nombres de los clientes del local. Y continuaba el magistrado: “Pero me da miedo que estos hijos de puta [en referencia a las defensas que habían cuestionado mediante diversos escritos la versión de la 'madame'] consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal. Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”.

“Había una intencionalidad de provocar mi defunción civil y política”

“Cómo debía de sentirse la testigo que en noviembre 2017 fue a un notario a protocolizar sus chats con Bandera [uno de los policías acusados], Subirán y Penalva. Ahora lo puedo decir con calma, pero daba miedo. Es la catadura moral del juez Penalva”, ha incidido Gijón, recordando cómo se le acusó también de consumir drogas y salir en condiciones “deplorables” del prostíbulo: “Me ofrecí a hacerme el test para demostrar que no me drogaba, pero el juez lo rechazó”, ha aseverado. “Había una intencionalidad clara de provocar mi defunción civil, para lo cual se servían de filtraciones a la prensa, y política: buscaban que dimitiera porque en esos momentos yo era aforado y no me podían detener. Me destrozaron la vida a nivel social, me han insultado, me han intentado agredir por la calle. E incluso cuando iba al Parlament se rumoreaba: 'Ya tenemos aquí al Bárcenas de Mallorca'”.

Gijón fue, asimismo, incriminado por el supuesto soborno que un testigo protegido aseguró que había cobrado el exedil a cambio de alterar la adjudicación del servicio de regulación del aparcamiento (ORA) de Palma. En el marco de la pieza que fue abierta para indagar estos hechos, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quienes los ahora acusados atribuían haber ayudado a blanquear un millón de euros y un piso que, según sostenían, había percibido el exconcejal del PP a cambio de amañar el concurso. Estas pesquisas también acabaron archivadas.

Es principalmente esta línea de investigación la que centra el juicio que se celebra contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales de Blanqueo que se sientan en el banquillo. Tanto Penalva como Subirán se enfrentan a las mayores peticiones de condena formuladas contra un juez y un fiscal en España: para el primero, la Fiscalía reclama 118 años de cárcel y para el segundo, 121 años y nueve meses por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. Tanto el exjuez como el exfiscal defienden las actuaciones que llevaron a cabo para sacar adelante sus pesquisas.

El propio testigo que denunció ante Penalva el supuesto soborno y que formó parte del PP hasta 2013, ha explicado este jueves por videoconferencia que era “vox populi” que el proceso de adjudicación “se había amañado, que habían cobrado dinero y un piso y poco más”. “Mi fuente quería denunciar el procedimiento de la ORA, pero falleció al poco tiempo”, ha asegurado, manifestando que “apareció muerto en circunstancias extrañas: salió a caminar por el campo y lo encontraron muerto con un golpe en la cabeza”. Sin embargo, ha asegurado desconocer si se le practicó alguna prueba forense, lo que ha motivado la inmediata reacción del fiscal Tomás Herranz: “Sabe que un hecho así motiva que el cuerpo deba ser examinado? ¿Cómo se usted de hacer una afirmación tan temeraria cuando no tiene ninguna base para ello?”.

“Se hizo una cacería política”

Por su parte, Gijón ha aseverado que para lo único que sirvieron estas investigaciones fue para crear “una bola mediática en torno a la cúpula del PP de Palma, para decir mentiras y barbaridades que no se tradujeron en un posterior proceso judicial”. “Se hizo una cacería política, el deporte favorito de Penalva, que junto a la foto con un rinoceronte que tenía en su despacho y la del cocodrilo con la boca abierta -el exjuez es amante de la caza mayor-, quería colgar la mía”. “Cuando José María Rodríguez dejó de ser presidente del PP de Palma, la cacería pasé a ser yo”, ha incidido, preguntándose, a su vez, cómo los acusados “se permitieron el lujo de detener a 13 funcionarios”: “¿Qué pruebas podían destruir 13 funcionarios si en el Ajuntament de Palma tienes toda la información de lo que ha pasado en los últimos 50 años y todo había sido público?”. 

Finalmente, Gijón acabó dejando la concejalía: “Lo que no habían conseguido la oposición y las urnas lo consiguieron ellos con sus mentiras. Mi vida era la política, mi intención era seguir en política y ya no podré dedicarme a ella. Soy un elemento toxico para la política gracias a los aquí acusados. Y nadie me ha pedido disculpas aunque todos hayamos sido absueltos”.

El hermano de Gijón: “Tenemos el olor a orín pegado en la nariz desde nuestro arresto”

Por su parte, el hermano de Álvaro Gijón, Teófilo, detenido junto a sus padres en el marco del caso ORA, ha manifestado que “jamás” fue informado de los hechos concretos que se le imputaban, sino únicamente de los delitos en los que los investigadores consideraban que había incurrido. El testigo ha relatado cómo se llevó a cabo la entrada y registro en su vivienda -“con la prensa apostada abajo”- y cómo fue efectuada su detención. “No fueron a buscar nada, no encontraron dinero ni por asomo. El registro fue muy light. Les ofrecí abrir el trastero, pero no hizo falta. Por supuesto, no encontraron nada, no hay joyas ni coches de alta gama”, ha recordado. Después de varias horas, fue conducido a los calabozos.

Gijón ha recordado que, en comisaría, su hermano intentó hacerle entrega de comida casera y ropa limpia, pero nada de eso le llegó. Asimismo, ha recordado los calabozos de la Jefatura Superior de Palma como “el lugar más inhumano” que ha conocido: “Es un lugar infecto y degradante. Tenemos el olor a orín pegado en la nariz desde entonces. Estuve más horas de las que nunca debería haber pasado, y mis padres mucho menos. Me imputaron un rosario de delitos como autor, cómplice o encubridor. Me pusieron en libertad con medidas cautelares. Durante casi dos años tuve que personarme en el juzgado los días 1 de cada mes y estaba obligado a dar cuenta de mis viajes si salía de la isla. Y todavía no entiendo la justificación”.

El testigo ha recordado, asimismo, que uno de los acusados, el subinspector Miguel Ángel Blanco, se dirigió a él en calabozos para decirle: “Que sepa que sus padres no duermen aquí hoy por mí y por mi buena voluntad”, a lo que el detenido le respondió: “No pienso agradecerle lo que les han hecho pasar”. “Ah, y además chulito”, ha señalado que le espetó el policía.

Detención “instrumental”

En esta línea, Gijón ha incidido en que su arresto fue una detención “instrumental” para “hacerle daño” a su hermano, aludiendo al chat de whatsapp que Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales mantenían abierto en el que llegan a llamarle “matón de discoteca” y señalan que “cuanto más blandito venga el príncipe de Asturias [en alusión a Álvaro Gijón], mejor”. “Son unos desalmados más que nulos profesionales”, ha manifestado en referencia a los acusados. “Subirán preguntaba si mi padre lloraba en los calabozos, ¿qué clase de personas son”, ha incidido, asegurando haber sufrido “consecuencias de toda índole: personales, sociales y económicas”. “Algunos con más fuerza podemos salir adelante, pero a mi madre le han destrozado, no sale de casa desde hace dos años, tiembla cuando llaman a la puerta, tiene vergüenza por algo que no ha hecho”.

La Fiscalía apunta a que las conversaciones de whatsapp revelarían la actuación presuntamente coordinada que los antiguos investigadores llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de reforzar sus acusaciones.

Del chat de WhatApp salieron a la luz manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión a Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

El “lastre” por el “lodo del apellido Gijón”

En este contexto, Teófilo Gijón ha reconocido el “lastre” sufrido “por el lodo del apellido Gijón”. En su caso, ha recordado que se vio abocado a ir apartándose de las labores más comerciales del despacho en el que trabajaba y a abandonar el bufete “porque afectaba a su imagen”: “No era muy higiénico ni saludable”. “De primeras intenté entrar en otros despachos, pero me fue vetado por las circunstancias”, ha abundado. “La caza mayor siempre se centró en coger a alguien que despuntara en el PP. Conforme Rodríguez dejó de tener cargos orgánicos, se centraron en mi hermano. Contra mi y mi familia nunca pensé que fueran a ir. Es un tatuaje que vamos a llevar toda la vida”.

En otro punto de su declaración, ante la insistencia de la defensa de Blanco, ejercida por el exfiscal Pedro Horrach, acerca de la venta de una sociedad de Teo Gijón a su hermano y otras operaciones familiares, el fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha intervenido para mostrar su disconformidad con las preguntas: “No se ha acreditado ningún pago como consecuencia de la adjudicación de la ORA. Hacerle la auditoría a cualquiera de los miembros de la familia Gijón sobre sus fianzas personales no conducen a nada salvo que las preguntas vayan dirigidas a hilar algún dinero obtenido con estas operaciones relativas a sus cuentas y negocios. Hasta el momento no hemos interrumpido, pero llega el momento en el que la sala debe reconducir el interrogatorio”.

En concreto, la defensa reclama para Álvaro Gijón un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. En su escrito de acusación, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”: “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”.