Cómo dos gasolineras operan con la cesión caducada desde 2008 y sin pagar las tasas en décadas en Palma

A finales del pandémico año 2020, el Ajuntament de Palma decidió recuperar dos espacios públicos ocupados en pleno centro de la ciudad. Dos parcelas que usa una empresa de estaciones de servicio; en lenguaje raso, gasolineras. Y no están situadas en cualquier lugar. Una está mirando al mar, al final de Avenidas, una arteria principal (asfaltada) de la ciudad. La otra está en la Plaza Progreso, en el llamado “barrio de moda” de la ciudad, Santa Catalina. Son las dos últimas gasolineras situadas en el centro de capital balear. A punto de cumplirse los tres años desde el anuncio y tras una montaña de papeles en los juzgados, allí se siguen llenando tanques de combustible sin cesar.

Este anunció de cierre pudo sorprender más o menos a los ciudadanos acostumbrados a ellas desde el 1958. En ese chup-chup pre turístico franquista, la Comisión Municipal Permanente de Palma acordó otorgar una concesión de estos espacios públicos para construir y explotar (económicamente) dos gasolineras. La duración de esta cesión era de 50 años. La comisión cedió los terrenos, pero lo que hoy llamaríamos algo así como “licencia de actividad” la concedió el Gobierno central y tenía una duración de 50 años –que según la empresa se ampliaron más tarde a 75, en lo que se ha convertido en el principal argumento de la compañía para seguir a día de hoy operando–.

La cesión de estos espacios acababa, entonces, en 2008, según defiende el Ajuntament de Palma y ha ratificado la Justicia. Hace 15 años. En 2020 empieza el pin-pon legal. Un ultimátum constante que hasta hoy no ha llegado a efectuarse. Mientras, los vecinos conviven con dos gasolineras -una de ellas acusada, incluso, de contaminar un acuífero- y ven pasar los años sin que cambie realmente nada. Maribel Alcázar, presidenta de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, destaca que la demora de la Justicia y la Administración “es un ejemplo de cómo la privatización del espacio público se va eternizando” y advierte que si se llegan a recuperar los terrenos “estos deben dedicarse a un uso realmente público y no caer en otra concesión para poner un bulevar, o algún restaurante, por ejemplo”.

La empresa: los hermanos Febrer Brunet

La entidad mercantil que ocupa estos espacios públicos con dos gasolineras es Pedro A. Llompart y Antonio Pieras, S.A., aunque la marca comercial es Gasolineras Febrer –o eso se puede leer en la garita del establecimiento de Avenidas–. En la web de Gasolineras Febrer explican que son “una empresa familiar” que en “1966 inició su actividad” abriendo una gasolinera en “Sant Juan”. A nivel de marca, destacan la calidad de sus servicios y que creen “en el valor de la tradición”. Aunque sea la marca comercial, Febrer S.A.. es también una empresa de los hermanos Febrer Brunet, los mismos que la empresa Pedro A. Llompart y Antonio Pieras, S.A, beneficiaria de la cesión de terrenos públicos.

Justo al inicio del expediente para la recuperación de los terrenos, el Ajuntament de Palma vio que la empresa no había pagado ninguna tasa ni canon (nombre formal de un tipo de impuesto) desde 1985, “a pesar de realizar actividad económica altamente lucrativa sobre dominio público”. La compañía lo negó y aportó la copia de algunos pagos, el último de los cuales era de ese año, del 1985, según se puede leerse en las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del Consistorio palmesano.

Alargar todo a base de alegaciones

El primer intento de que recuperar estos espacios fue en julio de 2021, cuando el Ajuntament, después de haberse estudiado las alegaciones de la empresa, dio un mes para desinstalar todo aquello. La compañía recurrió y la cosa se fue alargando hasta que, en febrero de 2022, la Junta de Gobierno de Palma tuvo que declarar la caducidad del expediente al “no haberse resuelto dentro del plazo legalmente establecido”. La empresa volvió a recurrir. La cosa que no prosperó y la mercantil decidió acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto dio lugar a dos procedimientos, uno en el Juzgado n.º 1 de Palma y otro en el n.º 3. Fueron desestimados.

La acción legal del Consistorio, entonces, se reprende en marzo del 2022, acordando declarar la caducidad y la extinción de los títulos que legitimaban las ocupaciones del espacio público. La empresa, de nuevo, recurre, y ya finalmente el 29 de abril de ese mismo año el Ajuntament de Palma da por extinguidos los títulos. La compañía vuelve a mostrar su disconformidad en los juzgados.

Mientras, esta nueva ronda legal se estudia en el Juzgado n.º 1 de Palma, para meses después volver a ser desestimada. El Ajuntament no pierde el tiempo y acuerda en agosto del 2022 iniciar el expediente de desahucio administrativo. Y la empresa -lo han adivinado- recurre y vuelve a los juzgados interponiendo un contencioso. Paralelamente, también recurren a esa vía contra el Plan Especial de remodelación de Santa Catalina, un proyecto que afecta de lleno a la actividad de la gasolinera de la Plaza Progreso, ya que no se consideró la continuidad de ella en la elaboración del mismo. Actualmente, este plan no permanece bloqueado por esto. Ante la denegación de las medidas cautelares presentadas por la empresa, el Ajuntament tiene el deber continuar el desahucio administrativo.

420.000 euros de multas

A finales de abril de este mismo año, el Ajuntament empezó a emitir multas coercitivas a la empresa por cada 8 días que siguiera con su actividad. Tras ese periodo, un trabajador de la casa consistorial acudiría a las instalaciones para levantar acta en caso de continuar y se volvería a efectuar una nueva multa. Las multas fueron de 40.000 euros. Que haya trascendido públicamente, la empresa pagó, al menos, tres multas antes de las elecciones municipales de mayo. Para calcular el valor de las multas, el Consistorio se basó en el cálculo del 5% del valor catastral de los dos terrenos, que es de 800.000 euros. 

Paralelamente, el Ajuntament reclamó el canon que no había abonado la empresa, pero en cumpliendo de la ley solo reclamó el total de los últimos 4 años. Otros 300.000 euros. Por lo tanto, la empresa habría pagado ya, en total, unos 420.000 euros de multas.

La empresa ha pagado ya unos 420.000 euros de multas al Ajuntament de Palma

Sorpresas y contaminación de acuíferos

El Ajuntament ha tratado a las dos gasolineras de forma unitaria, poniendo el foco en la caducidad de la concesión de los terrenos. Pero la situada en la Plaza Progreso presenta algunas singularidades. En 2021 el Consistorio volvió a anunciar su voluntad de construir, bajo esa gasolinera, un parking subterráneo. El barrio de Santa Catalina es un lugar especialmente concurrido y en el que en los últimos años los residentes han manifestado molestias a la hora de estacionar sus vehículos. Mediante un estudio del subsuelo donde se construiría el supuesto parking y que fue elaborado por una empresa externa, a petición de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), se supo que el suelo estaba contaminado por filtraciones de los hidrocarburos.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear intervino haciendo unas catas y se acabó de confirmar que la contaminación provenía de un depósito y afectaba a un acuífero. La responsabilidad y el coste de la descontaminación recaía sobre la empresa. Varios incumplimientos en esta materia, sobre todo la falta de actuación y aviso, supusieron la apertura de un expediente sancionador, según fuentes consistoriales.

En la zona de la gasolinera de Santa Catalina hubo contaminación del suelo por filtraciones de los hidrocarburos

Los vecinos no quieren las gasolineras

Maribel Alcázar explica a elDiario.es que las asociaciones de vecinos de ambos barrios son favorables al desmantelamiento de estas estructuras, que “deben ser reubicadas fuera del núcleo urbano”. Además, destaca que en el caso de la de Santa Catalina “es urgente y los vecinos ven que se acabará cerrando y más después de las obras del paseo marítimo”.

En cuanto a la creación de paquín subterráneo en la Plaza Progreso, desde la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma puntualizan que este, en todo caso, debería estar pensado “para los residentes”. Y eso, dice Alcázar, implica que “los precios sean accesibles” permitiendo así “reducir los coches estacionados en las calles y creando espacios más agradables para los vecinos”. Alcázar reclama también que para asegurar que estos parkings se destinen a residentes deben “habilitarse otros disuasorios, reforzando la red de transporte público”.

La postura del nuevo equipo del gobierno

Después del cambio de color en el Consistorio palmesano -antes gobernaba la izquierda y ahora, el PP-, la intensidad mediática del tema ha bajado. elDiario.es ha contactado con el Ajuntament de Palma para conocer el estado actual del caso y confirmar si la empresa ha seguido recibiendo las multas coercitivas durante estos primeros meses de traspaso entre equipos de gobierno. En su respuesta, dicen que la regidora Mercedes Celeste “informó el 4 de octubre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que ambas gasolineras deben cerrar”, aunque en el caso de Avenidas “manifestó que habría que estudiar si era viable mantenerla abierta hasta el final de la concesión, pero es algo que han de estudiar los servicios jurídicos”. “No está decidido”, puntualizan, y confirman que las multas “se siguen cursando”.

Esto responde a una vía de negociación con la empresa que consistiría en llegar a un acuerdo para cerrar definitivamente la gasolinera de la Plaza Progreso y mantener unos años más la de Avenidas. Supuestamente, así desbloquearían el plan de reforma de la plaza, que está parado por esto, evitarían alargar el proceso judicial y así no se exponen a tener que pagar una indemnización de ocho millones de euros que pide la empresa en caso de clausura y posterior victoria en los tribunales. Cabe recordar que, de momento, Pedro A. Llompart y Antonio Pieras, S.A. no ha tenido victoria alguna en los tribunales. Para este artículo, elDiario.es ha contactado con la compañía afectada sin haber recibido tampoco respuesta alguna.

Al cierre de este artículo, las dos gasolineras siguen en funcionamiento. Es decir, locales y coches de alquiler siguen parando allí en cuentagotas, sin parar. A finales septiembre de este año, la empresa realizó hizo unos supuestos trabajos relacionados con la descontaminación que exigió en su día la Conselleria de Medi Ambient y que ahora supervisa la Conselleria de Energía del Govern. Semanas antes, el 8 de setiembre, salía publicado en el BOE la declaración oficial de suelos contaminados y se notificaba formalmente la infracción que cometió la empresa al no haber presentado plan alguno para revertir la situación.