Las graves irregularidades en una residencia de un fondo de inversión salen baratas: multa de 24.000 euros

Las graves irregularidades que se han denunciado durante el último año en Colisée Sa Residència (Eivissa), que gestiona la empresa mercantil La Saleta Care SL y que es propiedad del fondo de inversión sueco EQT, motivaron la apertura de un expediente sancionador por parte del Consell Insular. El gobierno insular del PP, que tiene las competencias en materia de inspección y sanción, ha interpuesto dos multas de 12.001 euros cada una a la empresa por dos infracciones detectadas en dichas inspecciones.

Por un lado, porque el personal no tenía la cualificación requerida para la prestación del servicio y, por otro, por no disponer en plantilla de un terapeuta ocupacional según viene fijado en la legislación autonómica, como ha avanzado Radio Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es. Cabe recordar que la residencia privada recibe casi 1,3 millones de euros de dinero público del Govern balear por las 84 plazas que tiene concertadas.

Algunas de las graves deficiencias constatadas por la inspección del Consell Insular suponían infracciones muy graves, que según el artículo 129 de la Ley 4/2009 de servicios sociales de las Illes Balears, se sancionan con multas de entre 60.001 y 600.000 euros. Entre ellas, la normativa cita incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud, la administración correcta de los medicamentos y el acceso a los recursos sanitarios necesarios; actuar con falta de transparencia y claridad en la administración y la custodia de los bienes de las personas usuarias o someter a los usuarios a cualquier tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción médica y supervisión, todas ellas cuestiones denunciadas por los familiares de los usuarios.

Sin embargo, según Radio Ibiza, el gobierno insular del PP se ha agarrado a un supuesto para reducir la gravedad de las infracciones, que pasan de muy graves a graves. Ese supuesto es “que haya peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas”, algo que estiman que no habría ocurrido en el momento en que se produjeron las dos inspecciones. Por otro lado, el Consell Insular ha impuesto la horquilla más baja de la falta grave, que puede llegar hasta los 60.000 euros. La empresa ahora tiene dos meses para “resolver estas deficiencias y en caso de que no se hayan resuelto en 60 días implicará la imposición de multas coercitivas”.

Después de haber sido interpelada por la diputada socialista Irantzu Fernández en el Parlament balear, Catalina Cirer (PP), consellera de Familias y Asuntos Sociales, ha asegurado, sobre el ‘caso Colisée’, que “la situación es la que es” y que su departamento está trabajando para que la calidad del servicio mejore y sea equiparable al que tienen las residencias de Mallorca y Menorca. Por otro lado, ha afirmado que debido a las dificultades que hay en la isla, “es más complicado contratar a profesionales”, como es el caso del personal cuidador, gerocultores y especialistas sanitarios de las residencias públicas y privadas.

En este sentido, Cirer ha explicado que se escogió sancionar en grado mínimo debido a la “dificultad de cumplimiento riguroso” de la normativa autonómica. Fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales explican a elDiario.es que el Govern está trabajando para declarar determinados puestos de trabajo ligados a los servicios sociales como “zonas de difícil cobertura”, lo cual implicaría aumentar los salarios que reciben los trabajadores mediante un complemento económico. Cabe aclarar, sin embargo, que es Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social del Consell d’Eivissa, quien tiene la responsabilidad de cerrar el expediente sancionador en una dirección u otra, también en el caso de Colisée.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Colisée horas antes de la publicación de esta noticia, pero todavía no ha recibido respuesta.

“Las inspecciones no evaluaron la salud de los mayores”

Algunos familiares afirman a este diario que es “triste” que no se hayan contemplado cuestiones relativas al estado de salud de los mayores en el momento en que se hicieron las inspecciones, teniendo en cuenta que se encuentran “en la última etapa de su vida”. Según su versión, en dichas inspecciones no se evaluó el estado de salud de los usuarios ni se tuvo en cuenta las patologías por las que estaban ingresados en dicho centro. “Estamos hablando de personas que tienen un elevado grado de dependencia”, lamentan. Unos hechos que quedaron reflejados en un primer texto que mandaron a las instituciones alertando de la situación que aseguraban estar viviendo sus familiares.

Asimismo, apuntan a que “todavía hoy sigue habiendo enfermeros sin titulación”, una cuestión que fue destapada por elDiario.es hace un año, pero cuya situación, en el momento presente, no ha podido ser verificada, ya que Colisée no responde a las preguntas de este periódico en el momento en que se publica esta noticia. Del mismo modo, señala que dichos trabajadores “doblan” constantemente sus turnos laborales, por lo que las jornadas terminan siendo muy largas. “Es imposible que estén en sus completas facultades para ejercer las labores de cuidado, atención y supervisión”, atestiguan, y añaden que son personas cuya salud se encuentra muy delicada debido a que sus enfermedades y dolencias se encuentran en estadios avanzados o muy avanzados.

En este sentido, los familiares consultados, respecto a la sanción impuesta a Colisée, se preguntan, “¿cómo saben [en referencia al Consell Insular] que no han incurrido en riesgo para la integridad física de las personas?”. “¿Cómo lo han valorado si la inspección no ha revisado ninguna documentación clínica del estado de salud de los usuarios?”, interrogan y dicen que hubo hospitalizaciones recurrentes por deshidratación, higiene insuficiente debido a la falta de cambios de los pañales de los usuarios y un elevado porcentaje de infecciones de orina entre ellos, cuando hicieron pública la situación del centro privado, según su versión.

Por otro lado, lamentan que no se haya hecho una auditoría de los historiales clínicos de los pacientes y reclaman de nuevo al Govern una apertura de los circuitos sanitarios correspondientes para recibir una atención sanitaria adecuada por parte de los especialistas de Atención Primaria.

El ‘caso Colisée’

En el capítulo anterior, desvelado por elDiario.es, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de las Illes Balears constató irregularidades en los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas de la empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residencia para mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència, un extremo que confirmó Cirer, consellera de Asuntos Sociales, en sede parlamentaria. 

La información a la que tuvo acceso este diario indicaba que los trabajadores de la recepción han estado realizando turnos de 12 horas al día con una hora para comer, al menos según la orden que dio Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, en un correo electrónico enviado al personal laboral de recepción el 5 de enero de 2024. “Por otro lado, te informo de que a partir del 1 de enero el horario de los turnos de recepción es de 8:30 a 20:30 horas, realizado por el mismo recepcionista, con una hora de descanso al mediodía para la comida”, sostenía el mensaje de Bauzà, director del centro. Estos hechos, además, han sido confirmados a este diario por una extrabajadora del centro.

Enfermeros sin titulación

Hace poco más de un año que los familiares de Colisée Sa Residència alzaron la voz para denunciar, a través de los medios de comunicación, las presuntas irregularidades que consideraban que sus mayores estaban sufriendo. En el primer reportaje publicado por elDiario.es, entre otros muchos testimonios, una mujer narró la situación en la que se encontró a su padre, paciente de alzhéimer y totalmente dependiente. “Abrazo a mi padre, le hablo, aunque no sabe ni quién soy, pero consigo que se calme. Bueno, mi padre iba, perdona por la expresión, cagado hasta la cintura. Literalmente”, lamentó.

Un mes y medio después, elDiario.es destapó que al menos dos trabajadores que ejercían como enfermeros lo hacían pese a no estar colegiados ni disponer de la titulación de Enfermería homologada en España. Este diario pudo confirmar dicha información a través de fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE), que contrastó los datos proporcionados por esta redacción a través de sus registros. “Estamos ante un caso muy grave que debe ser investigado y que debe llevar a las administraciones públicas a mover ficha”, explicó Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería en España.

Pérez Raya consideró “intolerable” que haya personas ejerciendo como enfermeros sin tener la titulación. “Es el colmo que haya enfermeros o enfermeras falsos y, por tanto, no estén preparados”, criticó. “No es ya que no se garanticen los cuidados que precisan estas personas, lo cual es lamentable, es que se pone en riesgo su propia vida”, aseguró el presidente del CGE y añadió que, a las enfermeras había que exigirles no solo “la obvia titulación que establece la ley, sino también conocimientos especializados en geriatría y dependencia”.

Unos días después, elDiario.es publicó que dos trabajadoras más también estaban ejerciendo como enfermeras sin estar colegiadas ni disponer de la titulación, a fecha de 4 de abril del 2023. La investigación, que fue contrastada con fuentes del Consejo General de Enfermería de España (CGE), así como del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA), demostraba que la totalidad del personal de enfermería de Colisée Sa Residència ejercía sin poseer la titulación con arreglo a la legislación española.

Por estos motivos, el COIBA mostró su rechazo ante los posibles casos de intrusismo en el sector de la enfermería de Colisée Sa Residència, según explicaron fuentes del órgano colegial de enfermería a este diario. Las mismas fuentes recordaron que las entidades sanitarias, antes de contratar los servicios de enfermera o enfermero, “es fundamental que verifiquen mediante consulta con el COIBA si la persona reúne los requisitos exigidos por ley”. Asimismo, el órgano colegiado instó a todos los organismos competentes a “la toma de las medidas que están al alcance de cada uno, no solo para solventar ese caso, sino para evitar futuros peligros”.

Tras la investigación de este diario, el Consell d’Eivissa —organismo competente en materia de inspección y sanción— reconoció por primera vez los hechos. “Lo más preocupante, para el Consell Insular y los técnicos, es que los estándares de cualificación profesional no se cumplen”, aseguró Carolina Escandell (PP), consellera insular de Bienestar Social, después de que elDiario.es desvelara los hechos esa misma mañana.

Meses después salió a la luz el informe de conclusiones de las dos inspecciones realizadas por el Consell Insular los días 13 de enero y 17 de marzo de 2023. El expediente, al cual accedió elDiario.es, apuntaba a que más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència ejercía sin la titulación que exige la legislación autonómica. El informe de conclusiones, a fecha de 19 de abril, confirmaba lo que este diario había publicado semanas atrás en referencia al personal que ejercía funciones de enfermero o enfermera y consideraba acreditado que de los 48 trabajadores que tenía la empresa durante el periodo inspeccionado, 26 ejercieron sin tener la titulación requerida para el puesto de trabajo que ocupaban.

Los hechos detectados en el caso del personal de enfermería que ejerció sin estar colegiado ni disponer de la titulación requerida conforme a la normativa española llegó hasta la Fiscalía de las Illes Balears, que denunció en el Juzgado decano de Eivissa a cuatro trabajadores de Colisée Sa Residència por un presunto delito de intrusismo laboral, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a elDiario.es. 

Más de un millón de euros de dinero público

Según la última revisión de precios de las 84 plazas concertadas realizada por la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales que dirige Catalina Cirer (PP), STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora La Saleta Care, SL) recibe más de 1,2 millones de euros de las arcas autonómicas.

Para el periodo fijado entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, la residencia privada ha recibido un máximo de 217.206,36 euros en 2023; hasta 488.368,44 euros en 2024 y un puede recibir un total de 589.725,36 euros en 2025. El concierto fue suscrito, en primer lugar, por la anterior Conselleria de Asuntos Sociales que dirigía Fina Santiago (Més per Mallorca).

En este sentido, Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros por las 84 plazas concertadas, de los cuales casi 1,3 son fondos de la administración balear, mientras que el resto corre a cargo de los bolsillos de los usuarios. En total, el centro privado tiene capacidad para 114 usuarios.