La historia de cómo el juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach han acabado perseguidos por la Justicia

En julio de 2018, el caso Cursach, que durante varios años se había centrado en desvelar un presunto entramado mafioso urdido para salvaguardar los intereses del magnate del ocio Bartolomé Cursach, saltaba por los aires. Tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del considerado rey de la noche mallorquina y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al denunciar las filtraciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial. Nada hacía sospechar todavía que aquella denuncia por supuesta revelación de secretos se convertiría en el germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.

Y es que, más de cuatro años después, y tras un turbulento peregrinaje judicial, Cursach ha sido absuelto de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears, la que le situaba en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche, mientras, en un giro de 180 grados, el juez y el fiscal que lo investigaron se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España por la Fiscalía contra un magistrado y un representante del Ministerio Público: sobre cada uno pesan solicitudes de pena de más de cien años de cárcel por numerosos delitos presuntamente cometidos para apuntalar sus tesis mientras instruían el caso Cursach. Junto a ellos, se encuentran a las puertas del banquillo cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que trabajaron estrechamente. Los dos juristas niegan, sin embargo, la comisión de acto delictivo alguno y defienden el trabajo que llevaron a cabo al frente de la causa.

La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. A lo largo de sus interminables vuelcos llegaron a trascender cargos por homicidio, narcotráfico, corrupción de menores o extorsión, a fabricarse falsas agresiones de supuestos sicarios del magnate, a esgrimir grabaciones como arma y a aflorar comprometedores mensajes de WhatsApp convertidos en piedra angular de las acusaciones que hoy pesan sobre aquellos que un día quisieron levantar las alfombras del mayor imperio del ocio de Balears. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, hasta cuarenta encarcelados y 45.000 folios, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach.

Comienzan las investigaciones

Sin embargo, nada de todo ello podía presagiarse en 2013. Fue el año en que comenzó todo, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño de un concurso, convocado el año anterior, para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes pesquisas dieron pie, con el paso del tiempo, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra a los negocios del magnate, quien comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Balears, exclusivos gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas.

Con todo, no sería hasta mediados de 2015 cuando la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios comenzaría a tomar forma. En junio de ese año, el juez Manuel Penalva, que lo había sido anteriormente de vigilancia penitenciaria y había servido en Juzgados de Alicante e Inca (Mallorca) antes de recalar en Palma, cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, Carmen González. Decenas de testigos comenzaron a desfilar ante el magistrado y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Hablaban, sobre todo, de extorsiones y amenazas. Uno de ellos, camarero del buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito's (cuyas galas habían conquistado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, a Marlene Dietrich, Ray Charles y Charles Aznavour), aseguraba, incluso, haber presenciado fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP del local con las que se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate, unas acusaciones que, años después, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud.

Por su parte, otra testigo aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Los hechos también acabarían siendo tiempo después desechados por la Policía Nacional al señalar en un extenso informe que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo. La supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció también agresiones que, según las posteriores investigaciones, nunca se produjeron, como la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Un atestado policial señala incluso cómo la testigo llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Cursach, enfrentado a quince delitos

Con toda esta ristra de acusaciones a sus espaldas, hasta una quincena de delitos recayeron entonces sobre el empresario del ocio. Entre ellos, los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Ninguno de ellos ha logrado probarse a lo largo de estos años y, en la actualidad, tanto la supuesta madame como el camarero de Tito's están siendo investigados, junto a otros testigos, por un presunto delito de falso testimonio.

Con todo, el 28 de febrero de 2017, Penalva ordenaba, a instancias de Subirán, detener a Cursach y a Sbert. Tres días después, los dos empresarios eran enviados a prisión sin fianza. Hasta entonces, apenas habían trascendido unas pocas imágenes del magnate, habitualmente alejado de las cámaras pero siempre envuelto en leyendas populares. Parapetado tras unas gafas oscuras de aviador, Cursach había comparecido en una ocasión en el Parlament balear para ser interpelado sobre las irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública impulsada en Balears, el hospital de Son Espases, cerca de cuyos terrenos había adquirido una finca. Manifestó que desconocía que allí se iba a construir un hospital y que había adquirido el terreno porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. E ironizó: “No lo compré para sembrar patatas”.

Tan solo dos semanas más tarde de que Cursach ingresara en prisión, eran arrestados el director de Tito's, el exjefe de camareros del establecimiento nocturno y otro extrabajador de la discoteca. Para entonces, decenas de policías locales de Palma llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la Península como Estremera y Albocàsser. 

Presiones a testigos: “A ver cómo atamos los cabos sueltos”

Apenas unos meses después de los encarcelamientos, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar el caso Cursach, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la presunta madame, erigida hasta entonces en la principal testigo de la causa.

En el primer vuelco que sufría el caso, afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -ahora acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.

Penalva, apartado del caso Cursach

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Las normas de reparto hablaron y el incómodo caso Cursach llegó a manos del juez Miquel Florit. Tras las denuncias interpuestas por los abogados de Cursach y Sbert a raíz de las supuestas filtraciones mientras el caso se hallaba bajo secreto, en julio de ese año el veterano magistrado abría diligencias penales dirigidas a averiguar el origen de las revelaciones y, de la mano de la Policía Nacional, se introducía de lleno en la investigación de las presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa. 

Ante el cariz que comenzaron a tomar las pesquisas, con informes de la Policía Nacional apuntando al “clima de terror” presuntamente sembrado por Penalva y Subirán, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con ellos acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros de Blanqueo en paralelo a sus investigaciones. 

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

El hallazgo del chat reveló manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Los whatsapps desvelarían, incluso, que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Confiscación de los teléfonos móviles de dos periodistas

Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, el juez Florit daba un paso en falso que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: en diciembre de 2018 acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa y desencadenaba, con ello, una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. La medida fue, además, declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional.

El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgaba la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada. Tras él, alguien debía recoger de nuevo el testigo del caso Cursach, pero varios magistrados decidieron abstenerse por su relación de amistad con Penalva. Finalmente, la causa recayó en manos de la jueza Carmen Abrines, quien prosiguió la labor iniciada por su antecesor mientras la Policía Nacional continuaba internándose en los entresijos del caso Cursach.

En sus atestados, los inspectores centran sus pesquisas en los principales testimonios en los que se sustentó el caso Cursach, afirmando cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos por los que los antiguos investigadores se encuentran ahora bajo el foco de la justicia.

Detenciones ilegales y aleccionamiento de testigos

La magnitud de las investigaciones condujo a la magistrada a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ante el aforamiento de Penalva y Subirán, y llevó a dos fiscales procedentes de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, a personarse en la causa. Herranz fue, precisamente, el fiscal que rompió a llorar durante el juicio al término del juicio contra Cursach: “Este procedimiento es un fracaso total de la Justicia”, afirmó entre lágrimas mientras, en una imagen inédita, acusados y defensas estallaban en un extenso aplauso.

A raíz de lo arrojado por las investigaciones contra ellos, el 29 de enero de 2020 el juez Penalva y el fiscal Subirán eran finalmente imputados. La causa, en manos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, no se ha librado de los inauditos vaivenes que han sacudido a las investigaciones desde su inicio. Mientras el magistrado cerró en dos ocasiones la instrucción del caso determinando que los dos juristas cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, Anticorrupción considera que las actuaciones que ambos desplegaron fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. 

Entre medias, el instructor llegó a archivar la causa para el exfiscal Subirán, quien alega que un trastorno de estrés postraumático le impide afrontar con garantías su derecho de defensa. Una supuesta afección que, según los fiscales de Madrid, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido. Finalmente, el TSJIB revocó el sobreseimiento que su propio presidente había decretado y Subirán, quien ha estado presente en la instrucción de la mayoría de causas de corrupción que durante los últimos quince años han sacudido Baleares, volvía a ser imputado.

Peticiones de más de cien años de prisión

En la actualidad, Penalva y el exfiscal, ya jubilados, afrontan peticiones de condena, por parte de la Fiscalía, de más de cien años de prisión. En concreto, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Sobre los cuatro policías de Blanqueo -un inspector jefe, José Luis García, dos subinspectores, Miguel Ángel Blanco y Blanca Ruiz, y un agente, Iván Bandera- pesan, por su parte, solicitudes de pena que oscilan entre los 71 y los 105 años de cárcel.

Anticorrupción enmarca su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Nueva línea de investigación

Sin embargo, no es la única línea de investigación que se cierne sobre los antiguos investigadores. La Audiencia Provincial de Balears, que durante varios meses ha juzgado a Cursach, Sbert y a otros quince acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar Penalva y Subirán, y de la que todos los procesados han sido absueltos, ha ordenado investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto exjuez como exfiscal habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

A lo largo de la sentencia absolutoria, el tribunal hace hincapié en la “temeridad” y “mala fe” con la que actuaron las acusaciones intentando mantener un proceso penal con “fines distintos” a los regidos por la ley. Las magistradas condenaron por ello a los empresarios al pago de las costas generadas a Cursach y su mano derecha tanto en el juicio oral como en la fase de instrucción. Los acusadores prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano al que, por primera vez, llegará el caso Cursach. Únicamente se ceñirán a su desacuerdo con las costas, puesto que ninguna de ellas discute la absolución de los procesados.

Penalva y Subirán defienden su inocencia

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que, por el momento, prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que ha presentado en el procedimiento judicial niega la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra sus patrocinados, quienes se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron. La defensa llegó a esgrimir grabaciones de “personas de más arriba” que serían entregadas en caso de no tomarse en consideración la tesis de Subirán en torno a una supuesta confabulación entre cúpula policial y fiscales para incriminarle, “con las consecuencias que ello implicará”, añadía.

Hasta el momento, exjuez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’ (en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas). Y es que, a juicio de Penalva, la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”.

Hallazgo de los Whatsapps

El TSJIB, sin embargo, ha determinado en varias ocasiones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”, por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los policías arrestados, quien hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El órgano judicial -en línea de lo también manifestado por la Fiscalía- incidía en que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Ahora, los caminos de Penalva y Subirán, así como los de Cursach y el resto de quienes fueron por ellos investigados, discurren de forma completamente inversa a como transcurrían hace más de cinco años, cuando ambos juristas se volcaron en destapar lo que hasta entonces, y durante décadas, había sido alimentado por la leyenda: cómo el magnate había medrado hasta la cúspide de la noche mallorquina. El empresario y su número dos se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido, mientras sus antiguos verdugos se enfrentan al que algunos consideran el mayor escándalo judicial en España. La historia de una metamorfosis judicial en una tierra, Balears, nunca ajena a los desmanes, la corrupción y los tratos de favor.