“Puedes ver en la calle el menudeo, los que venden los globos de la risa, que los llenan de óxido nitroso allí mismo, delante de todo el mundo. Están rodeados de jóvenes y uno a uno van cogiendo su globo lleno. Paga uno y viene el siguiente. Si vas al West End podrás comprobar cómo la gente está bebiendo en la calle en un estado lamentable”. Víctor, vecino de Sant Antoni (Eivissa), lamenta a elDiario.es el “descontrol” que se vive en West End, una de las zonas limitadas por el llamado Decreto de Turismo de Excesos, aprobado en 2020 por el Parlament “para afrontar con eficacia los graves problemas que ocasionan conductas incívicas y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas”.
“El Ayuntamiento de Sant Antoni -gobernado por el popular Marcos Serra- no hace nada, mira para otro lado”, asegura Víctor. “No puedes salir a tomarte una copa tranquilo. Además, como están los beach clubs que funcionan de día con sus fiestas de piscina y música a todo trapo, ahora también tenemos la fiesta de día. Asimismo, puedes ver a los grupos de los globos al lado de uno de esos beach club que está en el paseo marítimo. Y si te levantas temprano todo está lleno de basura de la batalla de la noche anterior”, apostilla indignado este vecino de Eivissa.
El Decreto de Turismo de Excesos puede tener las horas contadas. O, al menos, su redacción actual. La nueva presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha expresado su deseo de realizar una reforma del mismo. Aunque fuentes del Ejecutivo no han querido ahondar en qué va a consistir esta modificación, sí han asegurado a elDiario.es que la reforma lo hará “más efectivo y ágil, ya que no parece haber sido muy eficaz”, muy al contrario de la opinión del equipo de gobierno saliente. El anterior conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, el socialista Iago Negueruela, rechaza estas afirmaciones y asegura que la Ley ha sido efectiva en la medida en que las diferentes administraciones se han implicado. “El Consell d'Eivissa lleva 4 años sin actuar, igual que el Ayuntamiento de Sant Antoni, que es donde menos se ha actuado”, asegura tajante a elDiario.es.
Mientras tanto, la Comisión para el Fomento del Turismo, que es la encargada de implementar medidas y monitorizar su efectividad (y que conforman representantes de los ayuntamientos afectados, los consells insulares y el Govern balear), “se reunirá a principios de septiembre para concretar las medidas que se van a tomar”, aseguran fuentes de la Conselleria balear de Turisme. Estas adelantan que uno de los puntos que “se está estudiando es cómo se puede hacer, de una manera que lo ampare la Ley, que las personas que se comportan incívicamente dentro de los establecimientos hoteleros o de comercio puedan ser sancionadas”.
Esta Comisión se reunía el pasado mes de mayo, antes del cambio del equipo de gobierno balear, para “analizar las actuaciones que las diferentes instituciones que conforman la comisión han ido realizando” y que presidía Negueruela, según informaba el Govern en un comunicado, en el que aseguraba en aquel momento que “la norma tiene una eficacia fuerte, así como instrumentos de especial impacto, como son los cierres cautelares que permiten atajar estos comportamientos y actuar con la máxima contundencia”.
En esta reunión se volvía a insistir en “la necesidad de continuar con este proceso de transformación del destino” y el equipo de la Conselleria manifestó “la importancia del Decreto de Excesos para combatir, junto al resto de herramientas municipales, el incivismo y este tipo de comportamientos en nuestros destinos”. Asimismo, se daba cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en 2022 por parte de las diferentes Administraciones.
Las infracciones en 2022
En concreto, el Consell de Mallorca levantó 50 actas de infracción (34 a hoteles y 16 a otro tipo de establecimientos). El Ayuntamiento de Palma, donde se encuentra la Playa de Palma, saldaba el año con 7.000 actas de denuncia (entre las que incluía también las referentes al respeto a las ordenanzas municipales). El Ayuntamiento de Calvià, donde se encuentra Magaluf, una de las zonas más afectadas por este tipo de turismo, gestionada ahora por Vox y que desde el 1 de julio de 2022 tiene las competencias para instruir los expedientes sancionadores, abría 34 actas relacionadas con el Decreto, entre las que se encuentran infracciones por la venta de bebidas alcohólicas, por balconing, por publicidad y comercialización de party boats o por prácticas denigrantes, cosificación o hipersexualización de la persona, especialmente de la mujer.
El Ayuntamiento de Llucmajor no ofreció ninguna cifra concreta referente a 2022. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, en Eivissa, levantó 12 expedientes por infracciones relacionadas con el Decreto de Excesos. Asimismo, desde las direcciones generales de Consumo y Salut se abrieron un total de 11 expedientes sancionadores y desde Comercio se iniciaron 30 actas de sanción, que concluyeron en “22 expedientes sancionadores, 5 pendientes de revisión y 3 que finalmente han sido archivados”, explicaba el Govern en primavera.
Por último, el Consell d'Eivissa levantó en 2022 un total de 36 actas de inspección, de las que 13 derivaron en expedientes sancionadores, según la propia institución. De estos 13, un total de 9 se han trasladado a la autoridad competente en materia de Consumo. La máxima institución insular de Eivissa se muestra muy crítica con la actuación del Govern y asegura que “no consta en el Consell que, pese a las competencias del Ejecutivo balear, hayan hecho ninguna inspección en la isla”. Asimismo, estas mismas fuentes aseguran que “el Decreto obliga al Govern a impulsar un Plan de Actuación, que hasta ahora no ha sido ni propuesto”.
Sin embargo, Negueruela rebate todas estas declaraciones: “La mayoría de actuaciones son competencia de los consells, porque el grueso de las actuaciones corresponden a turismo, todo lo relacionado con hoteles, bares y restaurantes, pubs. El Consell Mallorca antes de las elecciones ya preparó el plan de actuación y yo presidí una reunión antes de los comicios para instar a todas las administraciones. El Govern ejerce sobre todo competencias en consumos. Por ejemplo, en Palma y Calvià se actúa y si la policía lo considera remite actuación a la Administración competente, cosa que no sucede en Sant Antoni. El problema en Eivissa es que el Consell lleva 4 años sin planificar actuaciones de sus inspectores, y, por tanto, sin actuar”, aduce el exconseller.
Desavenencias con Negueruela
El 5 de mayo de 2022, el todavía conseller Negueruela se reunía con las diferentes administraciones de las islas de Mallorca e Eivissa y el Consulado Británico para volver a poner en marcha una campaña conjunta, que se ha venido desarrollando desde 2020, para impulsar una imagen de destino seguro en el Reino Unido y a la que no todas las administraciones asistieron. En concreto, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, dirigido por el PP y con desavenencias respecto a las políticas turísticas del anterior equipo socialista en el Govern, no acudía a esta reunión, en la que se presentaba la campaña ‘Stick with your mates’ (‘Permanece con tus Amigos’). Esta consistía en la difusión de los principales puntos de la Ley de Excesos a través de las redes sociales, folletos y pegatinas, en asuntos como la ‘hora feliz’ o los 3x1, prohibidos por este Decreto, además de información sobre prácticas peligrosas como el balconing y de las multas a las que se exponen, que van de los 1.000 hasta los 600.000 euros, según la infracción.
Sin embargo, este año, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, decidía asistir a esta reunión con el cónsul británico en Balears, Lloyd Millen, y con el conseller Negueruela, que criticaba su cambio de opinión achacándolo a la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, que tuvieron lugar a final de ese mismo mes de mayo. Tanto el alcalde como el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, aseguraron en ese momento que acudían a la reunión engañados. Según la Cadena Ser, en esas fechas Serra aseguraba que “se le había convocado para hablar del modelo turístico de presente y de futuro de la Villa de Portmany, cuando en realidad solo se quería abordar el tema del turismo de excesos” y que optaron por acudir “por respeto institucional al cónsul del Reino Unido”.
El alcalde, al igual que Marí, no se opuso en ningún momento a aparecer en la foto del encuentro con todos los asistentes, en un capítulo más del enfrentamiento institucional entre las autoridades populares de Eivissa y las socialistas del Govern. La realidad es que Sant Antoni y el Consell Insular nunca estuvieron de acuerdo con las actuaciones de la Conselleria balear de Turismo y han mantenido durante la anterior legislatura una falta de entendimiento institucional constante. El alcalde portmanyí ha argumentado en diferentes ocasiones que “Sant Antoni no es Magaluf y, además, que los excesos suceden también en otros lugares de la isla” y ha asegurado que “el objetivo del Consistorio es trabajar en positivo para reposicionar el destino con la reconversión y reforma del casco antiguo”.
En mayo de este año, Millen destacaba que los incidentes registrados en 2022 por parte de sus compatriotas disminuyeron en un 87,5% con respecto al año 2018 en Sant Antoni y hasta un 90% en lo que se refiere a Magaluf y los calificó de “buenos resultados”, animando a los hoteleros a continuar con la campaña. Esa misma semana la Policía Local de Calvià aseguraba en TVE que Magaluf “ha cambiado mucho en los últimos años, los excesos son parte del pasado”, a pesar de que hace solo unas fechas se ha producido una pelea multitudinaria y una violación grupal, hechos que tildan de “esporádicos”. El mercado británico supone el 32,5% del total de turistas que visitan la isla de Eivissa (cerca de 900.000). En la totalidad del archipiélago son el 18,8%, según datos publicados por la Conselleria de Turismo el pasado febrero.
El mercado británico supone el 32,5% del total de turistas que visitan la isla de Eivissa (cerca de 900.000). En la totalidad del archipiélago son el 18,8%, según datos publicados por la Conselleria de Turismo el pasado febrero
A pesar de las buenas cifras hechas públicas por el Consulado, responsables del Consell d'Eivissa aseguraban en la feria turística World Travel Market de Londres de este mismo año que el Decreto “no se ha traducido en actuaciones contundentes por parte del Govern”, según publicaba Periódico de Ibiza en noviembre de 2022. “Desde la Comunidad no ha sido trasladado ningún expediente a la institución insular”, como balconing o rutas etílicas, asuntos que competen a los consells insulares. Según este mismo diario, “los hoteleros de Platja de Palma coinciden en cierto malestar por la inacción del Ejecutivo”.
Esta noticia alababa que “la labor conjunta impulsada desde la institución insular, el Ayuntamiento de Sant Antoni y el sector empresarial del West End -zona delimitada en el decreto balear- ha logrado reducir a sólo un incidente grave la afectación negativa de este tipo de turismo”. La actuación de la Policía Local y las inspecciones de los departamentos de Ordenación Turística del Consell han conseguido rebajar el pasado verano “muy notoriamente” los efectos “del turismo de excesos”, según puntualizaron desde la institución insular. En la misma información se aseguraba que el Govern tampoco había ejecutado ninguna sanción por “las 36 denuncias de los hoteleros de la Platja de Palma” y que estos habían contratado un detective privado, “que llegó a recabar hasta 812 infracciones en 9 días”, mientras sus denuncias caían “en saco roto”.
Negueruela tampoco acepta esta visión del PP y asegura a elDiario.es que “el Govern -ahora en manos de los conservadores, no del PSOE- debería haber hecho una reunión en mitad temporada como se ha hecho cada año para coordinar actuaciones”. “Además, las competencias más importantes están transferidas y deben coordinarse, sobre lo que sí tiene competencia”, añade. El exconseller se ha mostrado sorprendido porque no se haya convocado esta reunión. “El decreto de excesos tiene sanciones muy duras, pero deben ejercerse y coordinarse; parece que prefieren echar balones fuera que trabajar y no quieren enfrentarse a nadie”, quizás en referencia a los grupos de poder que se crean alrededor de los negocios de ocio nocturno en Eivissa y, en concreto, en Sant Antoni.
Competencias de cada Administración
El decreto ley 1/2020, de 17 de enero, divide las competencias entre las diferentes Administraciones. Según fuentes del Consell Insular d'Eivissa, la institución es competente en las infracciones del artículo 3, “por el que los alojamientos tienen obligación de informar a los clientes que se encuentran en una zona delimitada por este decreto y de expulsarlos en caso de detectar cualquier incumplimiento”, mediante este punto se prohíbe el balconing, el todo incluido o los packs de bebidas y la comercialización de habitaciones por horas.
Además, la máxima institución ibicenca es competente en la prohibición de la publicidad, organización y realización de rutas etílicas y en el control a los establecimientos de hostelería para que tomen medidas y sus clientes no saquen fuera las bebidas. Por otro lado, vela por que no se de ningún tipo de práctica que cosifique o hipersexualice a la persona y es la encargada de controlar la prohibición de los party-boats.
Por otra parte, la Conselleria de Salud, según las mismas fuentes, interviene en la prohibición del suministro de alcohol en máquinas expendedoras fuera de los bares y en la venta de alcohol a menores de edad. La Conselleria es la responsable en lo referente al incumplimiento de acciones de publicidad que incentive el consumo de alcohol (2x1, happy hour, barra libre), la de rutas etílicas, la de bebidas alcohólicas a menores de edad o la que se asocie a mejora del rendimiento físico, el éxito social o el sexual. Asimismo, controla y sanciona la carencia de publicidad de las infracciones y sanciones del Decreto Ley en establecimientos turísticos y los que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas.
Por último, el Consell d'Eivissa asegura que la Conselleria balear de Comercio debe controlar la prohibición de exposición de bebidas alcohólicas en las zonas exteriores de los establecimientos comerciales y la obligatoriedad de cerrar los establecimientos comerciales donde se venda alcohol entre las 21:30 y las 8:00.