Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) llevaron a cabo un operativo durante la mañana de este miércoles que terminó con el desalojo de los turistas que se encontraban dentro de la villa de lujo Casa Paola, propiedad de Paquita Marsan, “la casera de los famosos” y administradora única de Inversiones Hoteleras Faro SL, la empresa propietaria de la mansión.
Esta empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha alcanzado un elevado patrimonio económico gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según las autoridades locales– sus villas a gente famosa y adinerada. Amiga, según ella, de los expresidentes José María Aznar y Felipe González, con vínculos con el PP nacional (según apunta Joan Lluís Ferrer, el periodista que destapó la existencia de Casa Lola, uno de sus complejos turísticos ilegales, ya derribado en su casi totalidad), no es tan conocida por el éxito logrado con algunas de sus empresas, sino por su amplísimo historial de ilegalidades urbanísticas detectadas y denunciadas por el Ajuntament de Sant Josep y el Consell d'Eivissa en algunos de sus establecimientos.
Mansiones ilegales en suelo protegido
En el caso de Casa Paola, que se encuentra muy cerca de Casa Lola, tiene una orden de demolición porque en su interior hay construcciones que se erigieron sin licencia urbanística y que son ilegalizables por encontrarse en suelo protegido. El anterior Consistorio informó el 9 de septiembre de 2022 de que daba tres semanas a la empresa para restituir la legalidad urbanística de Casa Paola, pero casi un año después, la mansión de lujo sigue en pie.
La actuación contra Casa Paola ha sido ordenada, en esta ocasión, desde los juzgados de Eivissa, según avanzó Noudiari, y ha podido saber elDiario.es, cuyo operativo ha contado con la colaboración del Instituto Armado y de la policía local del municipio. Dentro del complejo ilegal se alojaban una decena de turistas que abandonaron las instalaciones, según informó el diario digital local, que habían contratado su estancia a través de una agencia.
Orden de demolición
Las construcciones ilegales de esta villa, según el expediente de disciplina urbanística incoado en el año 2016, hacen referencia a un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de otros 150 metros cuadrados. En total, se trataría de casi 500 metros cuadrados a los que hay que sumar la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales en un área de 120x75x60 metros con una altura de un metro.
El anterior gobierno local acusó a la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL de una “infracción urbanística muy grave” porque, después de las visitas de los celadores, se comprobó que la propiedad incumplió las órdenes de paralización de obras ilegales emitidas por el Consistorio. El anterior Consistorio informó que si transcurrido el plazo (tres semanas desde el 9 de septiembre de 2022), la empresa no había subsanado las irregularidades, sería el Ajuntament el que lo hiciera -como hizo en el caso de Casa Lola- si obtenía la autorización judicial para hacerlo.
Esta actuación, que finalmente no tuvo lugar, se pretendía realizar de forma subsidiaria. Es decir, que los trabajos se habrían sufragado con dinero público pero posteriormente se habría repercutido el coste a la propiedad. Unos trabajos que, según calculó el anterior gobierno municipal, podrían haber costado unos 105.000 euros. De hecho, el Consistorio informó que ya había abierto un expediente sancionador a Inversiones Hoteleras Faro SL por las irregularidades detectadas.
En diciembre de 2020, el Ajuntament ya informó de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma que imponía una multa de 341.305 euros a Casa Paola por obras ilegales. La empresa también fue condenada a pagar las costas del procedimiento, lo que supuso 1.000 euros más. La tramitación del proceso, sin embargo, se ha terminado alargando, después de que la empresa de Paquita Marsan presentara alegaciones el lunes 3 de octubre de 2022, informaron fuentes municipales a este diario.
Un año del derribo de ‘Casa Lola’
El 9 de agosto de 2022 el Ajuntament entró en Casa Lola para iniciar los trabajos de demolición de la mansión ilegal, que terminaron el 13 de septiembre. Casa Lola era un macrocomplejo de casi 2.500 metros cuadrados, más de 500 metros cuadrados de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de más de 300 metros cuadrados y otros 6.000 metros cuadrados que incluían terrazas, pavimento exterior y caminos. Fue construido sin contar con la licencia de obra ni otros permisos necesarios, según dictaminaron el Ajuntament de Sant Josep y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). En el interior solo quedó parte de la construcción original, de menos de 200 metros cuadrados, según informó el Consistorio.
Cuando los agentes de la Policía Local, Guardia Civil y técnicos del Consistorio entraron en la villa de lujo la mañana del 9 de agosto se encontraron a unos 60 turistas alojados en su interior. Es decir, que hasta el mismo día en que las autoridades dieron cumplimiento a las resoluciones judiciales, Casa Lola funcionó como una villa que se alquilaba a turistas. “Creemos que hay también un delito de estafa. Tú no puedes alquilar algo que es completamente ilegal”, dijo Ángel Luis Guerrero, el anterior alcalde del municipio, a los medios de comunicación. Estas fiestas, además, generaban numerosas quejas de los vecinos de la zona por el ruido que generaban.
El Consistorio explicó, además, que iban a reclamar 1,4 millones de euros a la propietaria, como multa por el expediente sancionador iniciado, más las cantidades por ejecutar los trabajos de demolición de Casa Lola subsidiariamente, que fueron adjudicados por 250.000 euros a la constructora Hermanos Parrot mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Supuesta amiga de Aznar y González
El caso de Casa Lola saltó a la fama el 20 de marzo de 2013, después de que el periodista Joan Lluís Ferrer destapara en Diario de Ibiza la existencia de este complejo turístico que se había construido en suelo rústico, sin permiso de obra. Este periodista asegura que Francisca Sánchez Ordóñez es “amiga de las altas esferas nacionales del PP”. En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza y Formentera, Sánchez Ordóñez afirmó que se hizo amiga de José María Aznar y Felipe González “como de todos los políticos” que le “gustan”. “Felipe González me ha encantado y Aznar me encanta, siempre le he adorado”, añadió.
Sobre Aznar, declaró que había estado dos veranos en la villa de lujo Casa Rocío. La empresaria, que explica que empezó a trabajar con solo 14 años vendiendo cosméticos y que pasó de ser comisionista a ser agente inmobiliario –“Me empecé a hacer famosa, ¡hasta me dieron una medalla por vender 100 pisos en un mes!”, dijo al periódico–, afirma también ser amiga de otras celebridades como el fallecido Jesús Quintero.
Encarcelada por fraude fiscal
“Las cosas legales son las que me gustan, pero la administración a veces no te deja (...). ¿Cuántas cosas hay en Eivissa ilegales? A mí me han tomado de cabeza de turco. No quiero saltarme ninguna ley, vine como novata, no tuve maldad, seguí y seguí… No soy una mafiosa, ni he robado un duro”, afirmó al Periódico de Ibiza y Formentera.
En esa entrevista habla de su paso por la cárcel, de donde dice que aprendió “lo canalla que es el ser humano, que el ser humano ama mucho el dinero y comete muchos errores por dinero”. “Limpiaba las paredes con Chanel”, llegó a decir. “Te acusan de lo que no es y pagas facturas que no son tuyas”, añadió. Concretamente, Sánchez Ordóñez fue condenada por fraude fiscal en Málaga, valorado en 867.469 euros y detenida en agosto de 2013 por agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional en la discoteca Pachá. Obtuvo el tercer grado en junio de 2014.
elDiario.es ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con Inversiones Hoteleras Faro SL, telefónicamente y a través de correos electrónicos, para contrastar con la empresa las acusaciones que se le imputan, sin que ésta se haya comunicado con esta redacción.