El área de salud de Ibiza y Formentera empezará a aplicar la normativa que excluye de la sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles con tarjeta caducada

Los migrantes que residen en Ibiza sin papeles deberán pagar la atención sanitaria si su tarjeta sanitaria, la llamada OTA (tarjeta para usuarios sin recursos), caduca, es decir si pasan 2 años, después de su expedición, sin que su situación se haya regularizado, según ha afirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF).

Sin embargo, la Conselleria de Salud ha desmentido a este diario que los migrantes en Eivissa queden fuera de la sanidad pública y remarcan que los colectivos vulnerables tienen los recursos asegurados, incluida la sanidad pública.

Se trata de una medida contemplada desde principios de este año en la Instrucción 6/23 del anterior Director del Servicio de Salud de Balears, Manuel Palomino, que según fuentes del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), ya se ha aplicado en Mallorca desde esas fechas. Sin embargo, hasta el momento las personas que se encontraban en esta situación en Eivissa seguían teniendo cobertura sanitaria hasta el pasado día 19 de septiembre cuando la gerencia del Área de Salud urgía en una circular a que se cumpliera con lo indicado por Palomino en su instrucción. 

En Eivissa, si se llegara a aplicar el reglamento, a partir de esta semana las personas afectadas por esta medida tendrán que suscribirse al llamado ‘Convenio Especial’, que tiene por objeto la prestación de asistencia sanitaria a personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias mediante el Sistema Nacional de Salud. El Convenio, según la Conselleria, está basado en los términos establecidos en el Real Decreto 576/2013.

El Convenio, según la Conselleria, está basado en los términos establecidos en el Real Decreto 576/2013. Mediante el mismo, las personas con residencia en el archipiélago deberán presentar una solicitud para la prestación de estos servicios por los que deberán pagar una cuota mensual de 60 euros si el suscriptor es menor de 65 años. Si supera esta edad, una cuota mensual de 157 euros, cantidad que se actualizará anualmente. Fuentes de la Conselleria aseguran que se trata de “una especie de seguro médico, pero mucho más barato que si fuera privado”.

Las críticas a esta medida no se han hecho esperar. Funcionarios públicos relacionados con la atención a este colectivo de migrantes sin papeles han asegurado a elDiario.es que en estos momentos no se está dando atención sanitaria en Ibiza a las personas que están en esta situación y se les remite a este Convenio Especial para que puedan ser atendidas. 

Confusión respecto a las nuevas medidas

La información sobre la realidad de la situación aún es difusa. Los portavoces de la Conselleria de Salud y del Área de Salud de Eivissa y Formentera aseguran que, dado que el sistema “es garantista, nadie se queda sin atención”, aunque explican que, efectivamente, cualquier persona a la que caduque su OTA tendrá que pagar los servicios. “El Servicio Nacional de Salud considera que es un plazo suficiente para regularizar una situación”, añaden.

En Balears hay más de 7.500 personas con este tipo de tarjeta sanitaria. Las mismas fuentes explican que como consecuencia de la COVID las tarjetas no se han dado de baja en el plazo estipulado, pero señalan que, a partir de ahora, las que hayan agotado los dos años de vigencia sin que la persona beneficiaria haya regularizado su situación administrativa se darán de baja. No obstante, especifican que “la atención sanitaria no se le niega a nadie”.

No opina lo mismo un paciente de origen uruguayo recientemente empadronado y sin papeles con el que se ha puesto en contacto el Diario.es. El hombre asegura que, por atenderlo en Urgencias en uno de los centros de salud de Eivissa, le han solicitado 115 euros. La tarjeta sanitaria la podrá obtener tres meses después de haber realizado el empadronamiento.

El Grupo Mixto en el Parlament tampoco está de acuerdo con la actuación de Salud y ha presentado una Proposición no de Ley en el Parlament para instar al Govern a que todas las personas, “independientemente de su nacionalidad o de tener papeles”, sigan siendo atendidas gratuitamente por el sistema sanitario. En ella aducen: “Las personas residentes en Balears tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita con independencia de la edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”, y citan el artículo 4 Bis de la Ley 5/2023 de 4 de abril de Salud de Balears.

Tal como figura en el documento consultado por este diario “se debe entender que el Convenio es sólo para dar asistencia a los no residentes y, por lo tanto, a los no empadronados”, de modo que cualquier persona que se encuentre empadronada, aunque no tenga regularizada su situación en España, tiene acceso a la sanidad gratuita y no procede la aplicación de ningún convenio, aunque se les haya caducado su tarjeta provisional (OTA). La PNL explicita que la razón principal que la motiva “es la desafortunada redacción del comunicado del Área de Salud de Eivissa y Formentera y las confusas indicaciones que por vía telefónica se están dando”. 

Ningún gobierno de Balears ha aplicado la ley sanitaria de Rajoy

Cabe recordar que la aprobación, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, del Real Decreto 7/2018 -el que se encuentra vigente en la actualidad- devolvió el derecho a la sanidad a las personas sin papeles, restringido en 2012 por la reforma sanitaria del Gobierno Mariano Rajoy; pero la normativa de Sánchez ha dejado una serie de grietas que derivan en trabas administrativas en su aplicación por parte de algunas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid y Galicia son las regiones donde Médicos del Mundo ha detectado más episodios de exclusión.

En Balears, el artículo 4 bis de la Ley 5/2003 del 4 de abril de las islas, que se aprobó durante el gobierno de Francesc Antich (PSIB), estipula que “la asistencia sanitaria pública universal, se extenderá a todas las personas con residencia en las Illes Balears, las cuales tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma, con cargo en los presupuestos generales de Balears, cualesquiera que sean su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa”.

La ley entiende como residencia “el hecho de acreditar, por cualquier medio, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de las Illes Balears, sin atención a tiempo alguno”. De esta manera, después de aportar la documentación, la administración sanitaria “expedirá, gratuitamente y sin más dilación a las personas que no dispongan de tarjeta sanitaria, un documento de identificación de acceso” a la asistencia sanitaria. Y concreta: “La asistencia sanitaria que preste el sistema sanitario público de la comunidad autónoma a estas personas será la misma que la que presta a los poseedores de la tarjeta sanitaria individual del Sistema”. 

El PSIB tacha de “inaceptable” esta medida

Tras que se hayan hecho públicas estas informaciones, el secretario de Derechos Humanos del PSIB, Omar Lamin, ha declarado a este diario que se trata de una medida “inaceptable” y que el grupo socialista espera una “respuesta inmediata” por parte del Govern con el fin de que se garantice el derecho a la sanidad pública de las personas migrantes y se verifique el estado de la medida.

“Desde el PSIB seguimos con mucha preocupación noticias de este estilo que evidencian la aproximación del Partido Popular hacia Vox. Creemos que negarle un derecho tan fundamental como es a la sanidad a las personas migrantes es negar un derecho básico y un pilar del estado del bienestar”, ha aseverado Lamin.

Igualmente, también ha apelado a la “falta de solidaridad y de empatía” con los migrantes ya que, según señala, “son las personas que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad”. “Lo que tenemos que hacer es protegerles el derecho universal a la atención sanitaria y a la salud pública que reconoce la ley y la misma Constitución”, ha concluido.

Así, Lamin ha confirmado que el Partido Socialista, de confirmarse esta medida, piensa apelar a la Carta Magna de los Derechos Universales y exigen que la presidenta del Govern, Marga Prohens, o un alto cargo del Ejecutivo balear haga declaraciones “inmediatas” con el fin de garantizar el derecho a la sanidad pública a las personas migrantes