Argentina, acorralada por la corrupción, los recortes, y unos inquietantes datos económicos
El rumbo de una Argentina embarrada entre corrupción, recortes sociales y laborales, huelgas educativas, inflación del 30%, devaluación del peso y recesión se dictamina día a día entre la sede de tribunales de Comodoro Py –barrio de Retiro, zona portuaria de Buenos Aires– y del Fondo Monetario Internacional en Washington.
La economía está fuera de control. El presidente Mauricio Macri pidió en junio al FMI un crédito por valor de 50.000 millones de dólares a cambio de medidas de recorte del gasto público, y esta semana reclamó un cambio en el calendario para acelerar la llegada esos fondos, lo que los mercados financieros interpretaron como una muestra de impotencia. El peso argentino pagó el precio de una petición que revelaba una situación desesperada.
La tasa de cambio que ha llegado a superar los 40 pesos por dólar. La moneda local, cada vez más frágil, por primera vez está por debajo del valor del peso uruguayo. El Banco Central, como respuesta, ha elevado los tipos de interés del 45% al 60%, una cifra prohibitiva para el desarrollo económico. Además, los escándalos de corrupción repartidos por buena parte de la política argentina no ayudan a generar la confianza financiera que el país necesita.
Desde los tribunales de Comodoro Py precisamente ha salido la maniobra que protegerá a Macri de cualquier salpicadura que pudiera haberle rozado en el último escándalo, el caso de los cuadernos de las coimas, las fotocopias de los diarios de sobornos en cadena elaborados por Óscar Centeno, exchófer de Julio de Vido, ministro de Planificación con los Kirchner, y de Roberto Baratta, alto cargo del mismo ministerio.
La época en la que Macri y su familia aparecían en las declaraciones de los empresarios interrogados queda oficialmente fuera de la investigación. A pesar de haber indicios de que las irregularidades habrían comenzado en 2004, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli solo se ocuparán de lo sucedido entre 2008 y 2015. Una de las empresas constructoras implicadas en los supuestos sobornos, Iecsa, perteneció a la familia Macri hasta 2007.
Las ya célebres notas del exchófer se estrenan simplemente enumerando trayectos de “mi domicilio al ministerio” o del “ministerio al domicilio del Lic. Baratta” [registro del 01/02/05], o señalando estados puntuales como aquellos domingos en los que permanecía “a disposición”, o las tardes en las que le autorizaban a “irse a casa”.
Ya en 2009, sus apuntes esquemáticos se habían convertido en la profunda descripción de la supuesta trama: “Lo llevé al Ing. Ezequiel García [exdirector de energías renovables del ministerio de planificación] y al licenciado Roberto Baratta a Bouchard 547, piso 26, donde subió el licenciado y lo esperamos con García en el segundo subsuelo. Luego el licenciado bajó con dos bolsos llenos de dinero. Luego fuimos a Maipú 741, 1B, donde bajaron el ingeniero y el licenciado y trajeron dos bolsos con dinero también (mientras les esperaba observé los otros bolsos anteriores y comprobé que poseían dinero, sería aproximadamente 1.300.000 dólares cada uno)”.
Según el texto de la causa, los sobornos pagados por las empresas constructoras de cara a las licitaciones de obra pública desembocaban en manos de “los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel de Vido”.
La figura del arrepentido
Lo cierto es que de momento solo hay declaraciones en las que cada inculpado intenta salvar su futuro. La renovada figura del “arrepentido” (adaptada para casos de corrupción en 2016) se asemeja a la clásica “delación premiada” en Brasil, y está suscitando el mismo debate. Propone reducción de penas a cambio de información veraz sobre otros imputados de igual o mayor jerarquía en el organigrama delictivo. La polémica de los últimos días ha incluido registros en tres domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández Kirchner.
Argentina absorbe todas estas turbulencias judiciales y políticas solo un par de meses después de que surgieran posibles irregularidades en las aportaciones económicas a las últimas campañas electorales del partido de Mauricio Macri. La Justicia está investigando una supuesta falsificación documental y lavado de dinero tras las denuncias de más de ochocientas personas que aparecen en la lista de donantes de fondos para las campañas y que niegan haber realizado tal acción.
Por detrás de estos escándalos, continúan desplegándose ajustes presupuestarios a todos los niveles. Uno de los métodos que el Gobierno de Macri aplica para aplicar el ajuste fiscal exigido por el FMI es el de los techos salariales, congelados muy por debajo del dato de la inflación. El presidente consideraba fácil contenerla, sobre todo en sus discursos anteriores a las elecciones, pero a día de hoy no puede impedir su escalada. El techo salarial por debajo de la inflación es la razón por la que actualmente los profesores universitarios han estallado.
Conflicto en la educación
El ambiente en el ámbito educativo viene caldeado hace tiempo. Al final del primer semestre del año, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –también bajo la sombra del desvío de fondos en su campaña electoral–, lanzaba un mensaje que fue interpretado como un ataque frontal: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en Argentina hoy llega a la universidad?”.
Rectores y vicerrectores de universidades se unieron para lanzar un comunicado contra Vidal –vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante cuatro años cuando Macri estaba al frente– en el que le recordaban que “la universidad no es un servicio a prestar, un gasto o una inversión: la universidad es un derecho que debería tener cualquier ciudadano a educarse a nivel superior, adquirir herramientas para transformar su vida y aportar a tener una sociedad más justa, democrática y soberana”.
Los profesores universitarios han iniciado huelgas por todo el país. Toman como ejemplo el éxito de las huelgas en la provincia de Neuquén en educación primaria y secundaria. Angélica Lagunas, profesora y miembro de Izquierda Socialista, es una de sus líderes sindicales: “El año pasado el Gobierno de Macri intentó poner un techo del 19% al incremento salarial. En muchos lugares logró imponerlo. Nosotros [en la provincia de Neuquén], con una huelga de los trabajadores de la educación logramos romper ese techo salarial y logramos un incremento que va del 33 al 37%”.
Según Lagunas, en 2018 la situación ha empeorado y el ajuste es todavía mayor. “El Gobierno puso como techo salarial un incremento del 15%. Acabamos de terminar un conflicto que tuvo 43 días de huelga, y hemos conseguido romper de nuevo ese techo salarial firmando un acuerdo que tiene actualizaciones trimestrales de acuerdo con el índice de precios al consumidor”.
Los docentes estiman que de este modo pueden concluir el año con un incremento del 30%, logrando así estar a la altura del incremento de la inflación.
En Neuquén, intentando saltar los obstáculos que esos profesores en huelga planteaban al ajuste del Gobierno, Macri aprobó el envío de sustitutos. “Cuando llegaron los suplentes, los echamos, no los dejamos entrar”, asegura la sindicalista Angélica Lagunas. “Nuestro puesto de trabajo es nuestro, y cuando estamos de paro ese puesto no lo ocupa ningún rompehuelgas. A un huelguista se le da respuestas, no se le pone un suplente. Ahí comenzó la mesa de negociación que finalmente terminó con el gran acta que logramos”. Los estudiantes, a su vez, dirigen sus protestas hacia los recortes presupuestarios de los centros universitarios. Han ocupado facultades con concentraciones de varios días y han organizado manifestaciones.
Para rematar esta situación, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha reconocido que la economía del país retrocederá un 1% al final de este año. Ante semejante escenario, el Gobierno aprovecha para orientar el foco mediático hacia la investigación en curso contra los Kirchner. Dujovne no ha dudado en adjudicarles esta recesión, culpándoles de las dudas de los mercados.
