Negocio agrario en territorios indígenas, posesión de armas de fuego y otras primeras medidas de Bolsonaro

El nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no está defraudando a sus seguidores más fieles con las primeras medidas tomadas en la legislatura recién estrenada. El sistema político, seguramente, le obligará a ceder en su ímpetu en varios momentos en los próximos cuatro años, como les ocurrió a los mandatarios anteriores, pero no se echará atrás a la primera de cambio.

Lo más comentado de las primeras horas de Bolsonaro como presidente, sin embargo, nada tiene que ver con su ideología. El primer Diario Oficial de la Unión con su firma ha publicado el nuevo valor del salario mínimo profesional en Brasil. La cuantía se ha elevado hasta los 998 reales (228,73 euros), un 4,6% más que en 2018 (estaba en 954 reales), pero la mano del nuevo presidente no ha influido. El cálculo, según una ley promovida por la expresidenta Dilma Rousseff en base a los cómputos previos de la época del expresidente Lula da Silva, usa como factores la inflación y el índice de precios al consumidor.

La ley indica que este cálculo se mantendrá hasta 2019. El Partido de los Trabajadores elevó entre 2003 y 2016 este salario mínimo de 240 reales a 880. Por lo tanto, será a partir del próximo año cuando Jair Bolsonaro pueda dejar su marca en este tema. Si la cifra está por debajo de la propuesta por Michel Temer para los presupuestos generales de 2019 (en principio estaba estipulado en 1.006 reales) es por pura matemática, y por una actualización de la previsión de la inflación.

La mano dura de Bolsonaro, esa que satisface a la parte más radical de su electorado, se ha dejado ver desde el principio en los aspectos sociales. La demarcación de las tierras indígenas y de los territorios quilombolas –vestigios de la época de la esclavitud que aún perduran, recordando los quilombos, campamentos de los africanos esclavizados que conseguían escapar de las haciendas–, han pasado a ser cometido del ministerio de agricultura. Esta cartera, comandada por la ministra Tereza Cristina, es la que maneja los intereses del agronegocio, uno de los principales enemigos de las comunidades indígenas. La nueva ministra, además, era hasta ahora la líder del Frente Parlamentario Agropecuario, la denominada bancada ruralista.

Uno de los mantras de Bolsonaro en los últimos años ha sido el de que las reservas indígenas que protegen a los pueblos originarios significan un estorbo para el desarrollo económico del país. Hasta el momento, la demarcación de los territorios era misión de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en el caso de las reservas indígenas, y del Instituto Nacional de la Colonización y la Reforma Agraria (INCRA), en el caso de los quilombos.

Por decreto o trabajando por la mayoría en el Congreso

En forma de decreto llegará la reducción de requisitos para la posesión de armas de fuego, otra de las propuestas más repetidas por el nuevo presidente. El apoyo de su equipo de gobierno es casi total. El general Heleno, ministro de seguridad institucional, comparaba en las horas previas a la toma de posesión el hecho de adquirir un arma con la capacidad de comprar un vehículo. “Y si consideramos el número de víctimas”, ironizaba el general, “las de accidentes de automóvil están en torno a las 50.000 por año. Vamos a prohibir a la gente conducir. Nadie más puede conducir, nadie más puede salir de casa con el coche”.

En cambio, no todo podrá implementarlo Bolsonaro a ritmo de decreto. El encargado de generar una mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que los proyectos de ley salgan adelante, es el ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Partiendo de los escaños logrados por el Partido Social Liberal, Lorenzoni está cerrando acuerdos a toda velocidad con los partidos de centro, con éxito por el momento, rozando ya los futuros votos necesarios en ambas cámaras para proseguir con el credo de los nuevos tiempos en Brasil.

Una de las medida más polémicas que sin duda llegará, y que irá en contra de la popularidad de Bolsonaro, es la reforma del sistema de Seguridad Social. Precisamente por esa oposición de la población, el líder de extrema derecha pasó de puntillas en la campaña electoral y no lo mencionó en los discursos de la toma de posesión. Paulo Guedes, su ministro de Economía, es el encargado de presentar la propuesta que lo primero que tendrá que definir es si sigue la pauta del proyecto presentado por el anterior Gobierno, el de Michel Temer, en el cual la edad de jubilación era una de las principales controversias.

El equipo de Guedes también será el encargado de intentar retomar el crecimiento, tras los últimos dos infructuosos años, donde se controló la inflación pero ni despegó el Producto Interior Bruto ni se redujo el índice de desempleo –continúa alto, en el 11,6%, con más de doce millones de ciudadanas sin puesto de trabajo–. Las ideas liberales del nuevo gobierno, con el eslogan de “Más Brasil y menos Brasilia”, se centrará sobre todo en controlar el déficit, y una de las primeras decisiones tendrá que ver con la venta de empresas públicas.

Especial revuelo crearon también en las primeras horas de Bolsonaro al frente del Ejecutivo distorsiones producto de la fusión ministerial, enmarcadas en la Medida Provisional 870, de Reforma Administrativa. En ella se confirma, por ejemplo, la desaparición del ministerio de trabajo, cuyas labores se reparten ahora entre el ministerio de economía y el de justicia. La Federación Nacional de Abogados ya ha colocado en manos del Tribunal Supremo una acción de incumplimiento de precepto fundamental a este respecto.

Las redes sociales se alarmaron también ante la falta de referencias al colectivo LGTBI en el nuevo Ministerio de la mujer, la familia y los derechos humanos. La ministra, Damares Alves, que se ha reunido hace unos días con representantes del colectivo, ha señalado que “las demandas de la comunidad LGTBI nunca han sido atendidas por una secretaría, siempre estuvieron en manos de una directoría, y el presidente Bolsonaro ha respetado la estructura, por tanto la comunidad continúa con la estructura que tenía en el ministerio”.

Hasta el momento, la Directoría de Promoción de los Derechos del colectivo LGTBI estaba vinculada a la Secretaría Nacional de la Ciudadanía, y a partir de ahora formará parte de la Secretaría Nacional de Protección Global, mencionada en la Medida Provisional 870. La falta de referencia específica y literal al colectivo sigue las pautas de medidas provisionales publicadas en su día por la expresidenta Dilma Rousseff, como la 696 de octubre de 2015, aunque el trabajo realizado desde los gobiernos del Partido de los Trabajadores en favor de la comunidad son sobradamente reconocidos.

Será durante estas semanas del mes de enero cuando Bolsonaro, tras las diversas reuniones organizadas con cada uno de los ministros, siga avanzando y escuche los principales proyectos de cada equipo, haciendo realidad sus doctrinas, tanto por decretos como por proposiciones de ley avaladas por la mayoría que pueda conseguir su partido en el Congreso.