Merkel cede ante la derecha de Baviera y restringe la llegada de refugiados
“Vamos a crear en Alemania centros de tránsito”, era la declaración de la canciller Angela Merkel tras las negociaciones maratonianas de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, con su socio bávaro, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU).
Así acabó en la noche del lunes la crisis de gobierno después de que el ministro de Interior Horst Seehofer presentase un ultimátum a la canciller asegurando que iba a introducir controles en la frontera de Baviera con Austria para detectar a inmigrantes que ya hubiesen presentado una solicitud de asilo en otro país europeo (como dicta el reglamento de Dublín) y poder expulsarlos de inmediato.
El compromiso adoptado, sin embargo, va mucho más allá de dicha reclamación. Se trata de crear centros en los que poder internar a solicitantes de asilo afectados por la normativa de Dublín, así como a otros de países declarados como “seguros” por los países europeos, sin comprobar a priori la situación concreta de cada refugiado. Es lo que vienen denunciando las ONG como Fluchtlingsrat.
Es una victoria que el ministro del interior Seehofer ha celebrado asegurando a la prensa que él se había “impuesto en todas las reclamaciones”. El ministro no se mordió la lengua y aseguró que “es un acuerdo claro de cómo podremos impedir en el futuro la inmigración en la frontera alemano-austríaca”. Su partido, la CSU, utiliza no solo este lenguaje de inmigración ilegal, sino también otros términos cercanos a la extrema derecha germana como “inmigrantes económicos”.
La peor parte se la llevará el SPD. Aunque no se ha pronunciado aún sobre la decisión, tendrá que lidiar con la creación de unos centros similares a cárceles que su base rechaza. Tanto apoyar la medida como rechazarla implica riesgos para el SPD, ya que estar en contra es también poner en peligro la estabilidad del gobierno, algo que los alemanes apoyan tras las recientes elecciones.
La canciller Angela Merkel ha vivido en estos días lo que probablemente hayan sido los momentos más complicados de su dilatada carrera política, ya que lleva cuatro legislaturas en el poder, siempre en coalición con su socio bávaro, la CSU. El domingo, el ministro Seehofer tenía la intención de dimitir ante la cúpula de la CSU, pero sus colegas consiguieron convencerlo de que se reuniese el lunes con la canciller y llegase a un acuerdo.
Los controles en la frontera existían desde 2015
La introducción de controles en la frontera para detectar a inmigrantes que hayan presentado una solicitud de asilo en otro país europeo no es algo nuevo. Como recuerda la revista especializada en migración Migazin, desde que Alemania firmó el acuerdo de Schengen en 1990 no habían tenido lugar controles internos en sus fronteras. Sin embargo, en 2015, ante la llegada de cientos de miles de refugiados, el entonces ministro de Interior Thomas de Maizière introdujo los controles en la frontera sur alemana, algo que permite Schengen, siempre que sea limitado a seis meses de duración. Desde entonces, los controles se han ido renovando cada seis meses.
El ministro Seehofer fue entrevistado la semana pasada por una de las periodistas más famosas del país, Sandra Maischberger, que le planteaba el hecho de que dichos controles son aleatorios y no sistemáticos, con lo cual seguiría siendo complicado detectar a los inmigrantes. El plan del ministro no prevé un control total de la frontera, sino un aumento de las patrullas. Seehofer se salió por la tangente y afirmó que continuaba decidido a imponer su voluntad a Merkel.
El ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, de la CSU, en una entrevista con la televisión pública empezó a cantar victoria al asegurar que el hecho de que la inmigración hubiera sido un tema de primer orden en la cumbre europea ya había sido “un éxito de la CSU, ya que sin nosotros el tema no habría estado en el orden del día”. Los resultados, aseguraba en ese momento, no eran suficientes para su partido, que sigue pidiendo que se expulse a los inmigrantes tras controlarlos en la frontera inmediatamente si ya han presentado una solicitud de asilo en otro país europeo.
El otro socio de gobierno, el partido socialdemócrata SPD publicó un comunicado en el que se manifestaba a favor de la canciller, pero se mostraba en contra del compromiso europeo de crear “centros controlados”. Ahora está por ver qué decidirá el SPD. Su portavoz de migración en el Bundestag, Lars Castellucci, aseguró al diario Handelsblatt que el “plan maestro” para la inmigración de Seehofer es en realidad un “plan desastre”.
Die Linke ha reclamado estos días hasta la saciedad la dimisión de Seehofer. Alternativa por Alemania (AfD), reclamó a través de su líder, Alexander Gauland, que Seehofer derribase a la canciller. Bajo su punto de vista, Merkel se encuentra en la misma posición que el presidente de la RDA en 1989, Erich Honecker, ya que el pueblo alemán estaría siendo víctima de un “cambio de población” a causa de los inmigrantes.
El editorial del diario sensacionalista Bild, el de mayor circulación del país, aseguró que esta disputa es necesaria para la democracia alemana para evitar que, por no hablar de cuestiones incómodas como la expulsión de inmigrantes, millones de electores se pasen a las filas de la extrema derecha de la AfD: “Alemania saldrá fortalecida (de la disputa)”, concluía. Lo cierto es que una parte del electorado no ha visto con buenos ojos el conflicto, y ello podría pasarle factura a los grandes partidos en las próximas elecciones y favorecer a la extrema derecha.
Tras superar la crisis de gobierno, Merkel tendrá el martes una complicada cita en la cancillería con el presidente húngaro, Viktor Orbán, uno de los mayores críticos de la política migratoria de la canciller.
Merkel aseguró tras la cumbre europea que un grupo de catorce países de la UE había aceptado firmar con Alemania un acuerdo para devolver más rápido a los inmigrantes que hayan realizado una solicitud de asilo en su país. Esta es la baza con la que Merkel pretendía calmar los ánimos de Seehofer, pero justo al día siguiente de publicarse la información, tanto el gobierno checo como el de Orbán la desmintieron.
