La gran batalla de Hong Kong
“Quiero advertir a todos los criminales que no juzguen la situación de manera equivocada y confundan contención con debilidad”, declaraba este martes Yang Guang, portavoz del Consejo de Estado [Chino] para los Asuntos de Hong Kong y Macao. La huelga general del día anterior tras dos meses de protestas se había cerrado con un saldo de 800 bombas lacrimógenas, 20 granadas esponja, 140 pelotas de goma y 148 arrestos. “Es solo cuestión de tiempo que los manifestantes reciban su castigo”, advirtió Guang dramáticamente. “Los que juegan con fuego se quemarán”.
No es el primer aviso. Una portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino advirtió hace semanas que el Ejército de Liberación Popular podría ser llamado para mantener el orden en la región. El jueves de la semana pasada, el ejército distribuyó desde su cuenta oficial en Hong Kong un vídeo épico de tres minutos en el que se ve a las tropas enfrentándose a diferentes retos, incluyendo manifestaciones. Parece el trailer de un videojuego de acción, con un soldado que grita ¡todas las consecuencias bajo tu cuenta y riesgo! La guarnición local del Ejército de Liberación chino tiene entre 6.000 y 10.000 soldados. La cifra oficial de miembros del Ejército de Liberación es de 2.035.000.
Técnicamente, todo empezó cuando las autoridades de Hong Kong presentaron una enmienda a la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos que autoriza la extradición de cualquier persona, local o extranjera, a cualquier país, incluyendo China. Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, argumentó que las enmiendas servirían para “tapar los agujeros” de la legislación e impedir que la región se convirtiera en un “refugio de criminales”. Su percha fue un sombrío asesinato que tuvo lugar el año pasado, cuando un ciudadano de Hong Kong de 19 años asesinó a su novia de 20 cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El hombre regresó rápidamente a la región y no pudo ser deportado porque Hong Kong no tiene acuerdo de extradición con Taiwán. Las autoridades locales solo pudieron juzgarlo por usar la cuenta corriente de su víctima sin autorización, cuando ya estaba muerta. Lam quiso aprobar la enmienda de forma rápida, pero se encontró con el bloqueo del parlamento. Después, con el del resto de la población.
Hong Kong mantiene ya acuerdos de extradición con una veintena de países y China no está en la lista. En la República Popular China, el poder judicial está subordinado a la autoridad del Partido Comunista y ha sido denunciado numerosas veces por arrancar confesiones con tortura, entre otras cosas. Aceptar la enmienda implicaría entregarse a las idiosincrasias de un régimen no democrático y renunciar a la esperanza de un proceso justo. Los hongkoneses aseguran que la nueva ley servirá para extraditar disidentes políticos, activistas, periodistas y enviarlos a los campos de reeducación que ha implementado el partido, considerados como una reencarnación del Gulag. O para legitimar los secuestros que ya tienen lugar. También temen por la integridad de su economía, que podría quedar supeditada a los intereses de los oligarcas chinos favorecidos por Jinping. Pero, sobre todo, creen que la intromisión de China en su sistema de justicia marcará el final de su precaria independencia, cuyo contrato vigente termina en 2047.
Independencia relativa y temporal
China perdió Hong Kong en la primera Guerra del Opio en 1842, y había sido una colonia británica hasta que, en 1997, Reino Unido la revirtió a China como Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Lo hizo bajo el extraordinario principio de “un país, dos sistemas”, un concepto que se inventó Deng Xiaoping para recuperar la región sin hacer peligrar su condición de gallina de los huevos de oro. Era el centro financiero de Asia. No se podía romper.
La constitución de la ciudad le dió derecho a mantener su propio sistema judicial -basado en el antiguo derecho común anglosajón-, su propia legislatura, sus canales de inmigración, su economía capitalista y hasta su equipo olímpico con su correspondiente himno. Tienen su propia bandera y su propia divisa, cuya moneda de un dólar lleva todavía la cara de la reina Isabel II. El gobierno chino tiene la defensa, la política exterior y el derecho a elegir al Presidente del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, que sustituye la colonial figura del gobernador de Hong Kong. Ese es el cargo que ocupa Carrie Lam, la impopular instigadora de la polémica enmienda.
Los términos del acuerdo también establecían un cambio en el sistema electoral de la isla hacia un sufragio universal. Ese cambio tenía que haber ocurrido en 2007, pero nunca sucedió. China estableció que las enmiendas electorales de Hong Kong deberían ser aprobadas por el gobierno chino, cosa que nunca ha hecho. Y el año que viene se celebran nuevas elecciones, precedidas este noviembre por las elecciones de los 18 distritos de la ciudad.
Este acuerdo se firmó por 50 años. Caduca en 2047. Es por eso que la protesta inicial ha evolucionado hacia un movimiento civil por la soberanía de la región. Una amenaza que el gobierno chino solo sabe gestionar de una manera. Pero Hong Kong tiene otra cosa que la sociedad china no tiene: derecho a manifestarse, a expresarse y reunirse libremente, a mantener una prensa libre, a rezar a quien les de la gana y a declararse en huelga. Tienen los típicos derechos civiles que caracterizan una democracia, algo completamente nuevo para el régimen de Jinping. Y, por descontado, algo incompatible al modelo Tiananmén de gestión del malestar ciudadano.
Siete manifestaciones, 500 detenidos
La primera marcha civil contra las enmiendas, el domingo 9 de junio, congregó a más de un millón de personas, en una ciudad de siete millones. Es la mayor protesta registrada desde la “independencia” en 1997 (las autoridades reportaron solo 240.000). Lam asegura que la enmienda no viene del gobierno central y el proceso sigue su curso. Tres días después, un grupo mucho más pequeño de manifestantes se congrega alrededor del parlamento para impedir, físicamente, que la ley sea aprobada. La actuación de la policía fue desproporcionada.
“La respuesta excesiva de la policía está calentando la tensión y es probable que contribuya a empeorar la violencia. Las feas imágenes de la policía tirando gases lacrimógenos y rociando pimienta a los pacíficos manifestantes es una violación del derecho internacional”, declaró el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam. Esa misma tarde, Lam llamó a los manifestantes niñatos malcriados en televisión. La siguiente manifestación, el 16 de junio, congrega a dos millones de personas. Es casi un tercio de la población. Lam recula y anuncia en una rueda de prensa que “tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”. Pero tienen delante el primero de julio. Ya no hay nada que hacer.
El primero de julio es la fiesta nacional de Hong Kong, porque marca el aniversario de su independencia del imperio británico. Pero también es el día que los hongkoneses aprovechan para reivindicar la independencia total del régimen comunista. Esta función doble se inauguró en 2003 con otra impopular enmienda, el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong. El nuevo texto introducía el crimen de “traición, secesión, sedición y subversión” contra el gobierno chino. Aunque nunca llegó a aprobarse y el jefe ejecutivo del momento dimitió, el artículo 23 no murió del todo. De hecho, sirvió como referencia para prohibir la existencia misma del Partido Nacional de Hong Kong, en septiembre de 2018. Así fue que este primero de julio se volvieron a congregar dos millones de personas para exigir la ruptura con China. El recuento oficial fue de 338.000.
Cientos de jóvenes enmascarados tomaron al asalto el Parlamento, una imagen que recuerda poderosamente a otras imágenes icónicas. La policía tardó horas en sacarlos de allí. Días más tarde, Lam declara muerta la enmienda, pero ya da lo mismo. La marcha se ha convertido en un movimiento civil por la soberanía de la región. Las batallas se suceden y se recrudecen. Los himnos proliferan. Unos cantan Sing Hallelujah to the lord para reivindicar la libertad de culto. Otros Do You Hear the People Sing de Los Miserables, que ya había sido popular en las protestas de 2014. Las dos son prohibidas por el gobierno chino para evitar que se contagie a través de las fronteras. Hay paraguas en homenaje a los Umbrella 9, los líderes estudiantiles condenados por organizar la revuelta prodemocracia de 2014. Entonces las protestas paralizaron la ciudad durante 79 días. Un récord a punto de perecer.
En la manifestación del 21 de julio se recrudecen los encuentros. Aparecen grupos de hombres enmascarados y armados con barras de hierro que atacan a los manifestantes, dejando 45 heridos. Algunos son identificados como miembros de las temidas mafias locales. Las asociaciones acusan al gobierno central de haber reclutado a las mafias para hacer el trabajo sucio. El gobierno acusa a los manifestantes de trabajar para Trump. El 27 de julio hay trincheras en las calles de todos los distritos de la ciudad.
La huelga general del 3 de agosto ha conseguido paralizar la puerta financiera del continente asiático. El aeropuerto funciona en un 50%. No ha habido una huelga semejante desde los disturbios de 1967, que empezaron en una fábrica de flores artificiales y se saldaron con 51 muertos (15 por atentado con bomba); un millar de heridos, 5.000 arrestados y casi 2.000 condenados. Después de la huelga del pasado lunes, más de 500 personas han sido arrestadas, algunas de ellas con cargos de revuelta, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. China estaba usando a Hong Kong para esquivar la guerra arancelaria con los EEUU, gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Si pierde la región, pierde la trampa. Si se la queda, también.
La nueva guerrilla antivigilancia
Desde que empezó la protesta, los manifestantes han ido refinando su estrategia con tácticas que marcarán un antes y un después en el manual de la desobediencia civil. Llevan cascos y máscaras de pintura para esquivar las pelotas de goma y van armados con punteros láser para cegar las cámaras de reconocimiento facial de la policía. El gobierno chino presume de haber instalado seis millones de cámaras para vigilar y reeducar a sus ciudadanos, un sistema que ya ha sido calificado como la primera dictadura digital. Todos han desactivado la identificación facial y dactilar en sus móviles. Demasiado fácil de desbloquear si te detienen.
También hay escuadrones especializados en neutralizar las latas de gases lacrimógenos con conos de tráfico y botellas de agua. Todo ha sido tipificado como “objetos ilegales” por las autoridades.
El asedio ha despertado la solidaridad de la ciudadanía. Los viajeros del metro dejan monedas y tickets de viaje para que los manifestantes puedan moverse sin usar sus tarjetas identificativas. En repulsa por la detención de un estudiante por posesión de punteros láser, este miércoles cientos de ciudadanos se han reunido en Tsim Sha Tsui para hacer su propio espectáculo de lásers. Todo mientras esperamos que Jinping mueva ficha: dejar que las protestas se disipen por sí mismas y arriesgarse a que Hong Kong se le escurra entre los dedos o aplastar la revuelta y anexionarse la región como hizo Putin con Crimea en marzo de 2014.
