Colombia revive el fantasma de los “falsos positivos” tras el hallazgo de una fosa con al menos 50 posibles víctimas
El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como “falsos positivos”, como se conoce al asesinato de civiles por parte del Ejército que se presentaron como muertos en combate.
La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ha detallado que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.
“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')”, ha afirmado la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.
Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento “la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos”.
“Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad”, ha explicado la JEP.
Nuevo capítulo
Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los “falsos positivos”, un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en “reclutar” civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.
Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
El escándalo de los “falsos positivos” ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.
La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de “falsos positivos”.
Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.
Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Como parte de este proceso, ese tribunal ha decretado “medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia”.
“Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria”, señala la JEP, que ha dicho que “hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas”, cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.
El tribunal explica que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca “encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas” como parte del “Caso 03” de la JEP, relacionado con “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares “donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado” en Colombia.
En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que “indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, una información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.
Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.
Cerca de 5.000 casos
Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango. Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.
Los “falsos positivos”, condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).
Este caso, que causó conmoción en Colombia en 2008, se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.
Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.
Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
