Caso Sarkozy: corrupción y tráfico de influencias o conversaciones entre “un cliente preocupado y su abogado afectuoso”

El juicio ante el tribunal de apelación de Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el llamado ‘caso de las escuchas’ ha quedado visto para sentencia esta semana. Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el antiguo magistrado Gilbert Azibert comparecieron de nuevo ante los jueces después de apelar la decisión en primera instancia que les condenaba a tres años de cárcel –incluido uno de prisión obligatoria– por corrupción, tráfico de influencias y, en el caso de Herzog y Azibert, también por un cargo de violación del secreto profesional. El veredicto convirtió a Sarkozy en el primer expresidente de la República francesa condenado a una pena que implicase su entrada en prisión.

En la apelación, la Fiscalía ha eliminado el año de prisión obligatoria de su petición, aunque ha mantenido los tres años de condena. Además, los fiscales solicitan una prohibición de cinco años para ejercer derechos cívicos para Sarkozy y Azibert (implica la imposibilidad de presentarse a cargos públicos y al voto, entre otras cosas) y mantienen la inhabilitación durante el mismo periodo que impediría a Herzog ejercer la abogacía. La sentencia definitiva se conocerá el 17 de mayo de 2023. En el primer juicio la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) había solicitado cuatro años de cárcel, con dos de prisión obligatoria, para los tres acusados.

El caso se basa en el contenido de las conversaciones telefónicas entre Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, con su abogado y amigo Thierry Herzog a principios de 2014. El nombre de Paul Bismuth corresponde a un compañero del colegio de Herzog que el letrado utilizó en una tienda de Niza para registrar los dos teléfonos móviles con los que Sarkozy y él se comunicaban. El presidente y su abogado sospechaban –correctamente– que la línea principal de Sarkozy había sido intervenida en el marco de la investigación sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Gadafi.

Sin embargo, una frase en una de las conversaciones en esa línea principal –“llámame al otro teléfono”– puso en alerta a los investigadores. El contenido de los diálogos en esa línea alternativa es la base de los cargos que valieron al exjefe de Estado, a su abogado y al exmagistrado Gilbert Azibert la condena en primera instancia. Se trata de 24 conversaciones entre Sarkozy y Herzog en las que discuten sobre el desarrollo del llamado ‘Affaire Bettencourt’, en el que Sarkozy estaba implicado por una posible financiación ilegal de su campaña con dinero de la multimillonaria Liliane Bettencourt, heredera del grupo L'Oréal. El caso contra Sarkozy fue sobreseído.

Agendas incautadas

El problema es que la Fiscalía había requisado varias agendas de Sarkozy que, pese al sobreseimiento, éste temía que fueran utilizadas en sus otras causas penales. Herzog informó a su cliente regularmente sobre la cuestión gracias a los conocimientos privilegiados del caso que le llegaban por su relación con Azibert. A cambio de esa información, según la acusación, el magistrado debía recibir el apoyo del exjefe de Estado para obtener un puesto honorífico –y remunerado con 5.000 euros anuales– en la judicatura del Principado de Mónaco.

El contenido de los mensajes ya se había leído en el primer juicio, pero durante la audiencia del pasado 6 de diciembre se escucharon por primera vez en el tribunal. “Me ha hablado de algo en Mónaco”, explica Thierry Herzog en uno de los fragmentos, “una oferta de trabajo a la que se ha presentado, al parecer está bien situado pero quizá haya que echarle una mano”. “¿Quiere trabajar en Mónaco?”, responde Sarkozy, “no te preocupes, dile que yo me encargo porque voy a Mónaco y voy a ver al príncipe”.

Cada detalle de estas conversaciones ha sido escrutado por la defensa y la acusación en sus alegatos, a menudo con interpretaciones opuestas. La acusación sostiene que Sarkozy y Herzog no se limitaron a intentar obtener información, sino que también buscaron influir en la decisión del tribunal a través de Azibert, de ahí el delito de tráfico de influencias que se les imputa. La defensa, por su parte, no percibe más que “conversaciones intrascendentes” entre “un cliente preocupado y su abogado afectuoso”.

Una de las principales líneas de la defensa es precisamente que las comunicaciones entre abogado y cliente nunca deberían haber sido admitidas como prueba. Jacqueline Laffont, abogada de Sarkozy en la causa, mencionó la evolución reciente de la jurisprudencia nacional y europea, que en general está reforzando la protección del secreto de las conversaciones entre un abogado y su cliente. “Estas escuchas que nos traen aquí no podrían existir hoy. Así que podemos evitar una condena a Francia”, añadió, en relación al probable recurso que la defensa presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si los jueces de apelación confirman la culpabilidad de los acusados.

“Llegaré hasta el final”

Tanto la fiscalía como el tribunal que juzgó la causa en primera instancia consideran irrelevante el hecho de que Gilbert Azibert no obtuviera finalmente un puesto en el Mónaco ni que el tribunal que juzgaba el caso Bettencourt fallara en contra de los intereses de Sarkozy en lo relativo a la agenda. De acuerdo con la ley, han explicado, no es necesario que haya una contrapartida para que se produzca la corrupción y “el delito de tráfico de influencias no se mide por su resultado”. 

Nicolas Sarkozy se ha esforzado ante el tribunal por reivindicar su inocencia “con la mayor firmeza”, así como su intención de limpiar su “honor”, negando “haber corrompido a nadie”. “Siempre he odiado la injusticia, señora presidenta”, ha explicado Sarkozy al tribunal, “por eso llegaré hasta el final y no pediré perdón por un delito que no he cometido; lucharé hasta el fin porque soy inocente”.

Para el ex Jefe de Estado francés este caso es solo una parte del entramado de acusaciones judiciales en el que se halla inmerso. Múltiples inculpaciones pesan sobre él, incluidas la presunta financiación libia de su campaña de 2007 y la condena en septiembre de 2021 -que también implica un año de prisión obligatoria- en el llamado caso Bygmalion, relativo a su campaña de 2012. En este último tiene programado otro juicio de apelación para noviembre de 2023.