Carlos llevaba seis meses viviendo en Ecuador cuando decidió migrar definitivamente a Chile. El país trasandino, del que había escuchado buenas posibilidades laborales y donde reside su cuñada, fue su opción para establecerse definitivamente con su familia y dejar atrás los riesgos y dificultades que le tocó enfrentar en su país, Venezuela.
El joven treintañero, que accedió a dar su testimonio protegiendo su identidad real, salió de Quito y cruzó todo Perú hasta llegar a Tacna, una ciudad ubicada en el sur del país, a unos 50 kilómetros de la frontera chilena de Chacalluta. Lo que nunca imaginó Carlos, que viajaba con toda la documentación requerida al día, era que una vez en el confín, él y su familia quedarían retenidos allá durante varios días, a merced de los guardias custodios de la zona limítrofe.
“Nuestra intención era entrar como turistas y cambiar [la categoría migratoria] una vez en Chile, pero cuando solicitamos la visa de Turismo en la frontera nos la denegaron por falta de plata [dinero]”, explica. Le pidieron que demostrara que disponía de 1.800 dólares para permanecer en Chile los 90 días que ese permiso autoriza.
“Ningún venezolano que sale del país tiene esta cantidad de dinero”, afirma. Los miles de venezolanos que han llegado al país cordillerano en el último tiempo no lo han hecho cargados de ahorros. Al menos, no la mayoría. Pero Carlos y los suyos se toparon con las primeras señales del Gobierno de Sebastián Piñera para endurecer las condiciones de entrada a Chile de las personas procedentes de Venezuela.
Amontonados en la frontera
El 22 de junio, casi de forma inesperada, entró en vigor un decreto que obliga a todo ciudadano del país caribeño que desee ingresar a Chile a contar con un visado consular de Turismo estampado en un pasaporte que se debe tramitar en los consulados chilenos del exterior. El nuevo requisito abrió un melón de dificultades para los migrantes que habían iniciado su viaje meses atrás y que llegaban a la frontera de Chacalluta preparados para responder a otro tipo de burocracia.
La mayoría de los venezolanos portaban solamente su documento de identidad –un pasaporte les cuesta unos 280 dólares y no está al alcance de todos–, y muchos tampoco disponían de ahorros para vivir durante varios meses ni de un billete de salida del país, condiciones que algunos funcionarios exigían para cumplir con la solicitud.
Desechada esta primera opción, existe la posibilidad de recurrir a la Visa de Responsabilidad Democrática, un documento que creó por decreto el presidente Piñera apenas asumió su cargo en 2018 en un gesto de impugnación al Gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día en que comenzó a exigir este visado, el mandatario chileno apuntó en una entrevista con ABC que en Venezuela “hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos”.
El permiso facilita la entrada de los venezolanos que huyen de la situación política y social de su país con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano chileno. El trámite, sin embargo, requiere no haber pasado más de tres meses en otro país y la presentación del certificado de antecedentes penales, que muchos de los venezolanos no llevaban consigo porque su plan inicial no pasaba por esa opción.
Además de las nuevas exigencias de Chile, Perú también impuso días antes nuevos requisitos para la entrada de los venezolanos. Por eso, muchos que no los cumplían decidieron seguir su camino hasta Chile, sin imaginar los impedimentos que encontrarían también allí. “Quienes llegaban a Chacalluta no podían entrar y tampoco podían regresar a Perú porque el gobierno peruano había colocado una nueva visa. Eso provocó un aglutinamiento de centenares de personas en la frontera”, explica Luis Zurita, dirigente de la Asociación de Venezolanos en Chile.
“Había mucha gente durmiendo en el suelo, mis hijos también tuvieron que hacerlo; la comida se nos acabó y los niños tenían mucho frío porque venían de un lugar muy caluroso y no estábamos bien preparados todavía con la ropa de abrigo”, recuerda Carlos, que finalmente cruzó la frontera el 16 de julio porque un funcionario “bueno” le dejó pasar.
“Imponer estas visas aumenta la vulnerabilidad”
Según cifras entregadas por el Departamento de Extranjería y Migración, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile se redujo en un 80% entre mayo y agosto, pasando de 39.000 a casi 9.000 personas. “La caída fue brutal, y por primera vez en muchos años el saldo de turistas venezolanos es negativo”, declaró el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, al dar a conocer los datos. “Los flujos migratorios demuestran exactamente el objetivo que buscaba el Gobierno: que los ciudadanos venezolanos que quieran venir al país, sinceren sus razones y vengan ya con visa, facilitando justamente su inclusión en el país y que no entren como turistas con dificultades para obtener su información”, añadió.
La situación en Chacalluta empezó a reconducirse en agosto cuando el Ejecutivo entregó salvoconductos para los venezolanos con familiares residentes en Chile y para “casos excepcionales y de especial complejidad”, y limitó la entrega de visados exclusivamente al consulado de Lima. “Estuvimos en Tacna y pasamos por la frontera de Chacalluta hace dos semanas, donde ahora no hay un atochamiento [atasco] distinto de lo normal”, confirma Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del Servicio Jesuita Migrante, una de las organizaciones más reconocidas en Chile por su trabajo con extranjeros.
Sin embargo, desde que se impusieron los nuevos requerimientos, varias voces han alertado sobre un eventual aumento de los ingresos por pasos no habilitados y de las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio del Interior, en los 10 primeros días que empezó a regir el nuevo permiso, 110 personas fueron detenidas por este motivo.
“La imposición de estas visas consulares aumenta la vulnerabilidad de estas personas, sobre todo cuando necesitan migrar porque están escapando de conflictos políticos o militares o porque no tienen cómo sobrevivir en sus países”, afirma Ramaciotti.
“Ordenar la casa”
El Gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por promover políticas migratorias a base de mano dura. Popularizó la expresión “ordenar la casa” para referirse a una serie de normativas y decretos que impulsó para frenar la llegada de extranjeros. Primero lo hizo con los haitianos, cuyo crecimiento en el país fue exponencial en la última década, pero que se redujo drásticamente con las nuevas obligaciones que el presidente les impuso desde 2018. Ahora les tocó a los venezolanos, después de que sus flujos de entrada se multiplicaran gracias a una serie de medidas que el mismo mandatario se encargó de implementar.
“Hace falta una solución conjunta de los distintos gobiernos de la región para hacerse cargo de la crisis humanitaria que genera la migración masiva de personas venezolanas”, afirma Juan Pablo Ramaciotti. El experto apunta que Brasil y Argentina han recibido una entrada menor que Colombia, Ecuador, Perú y Chile; y que los tres últimos han levantado nuevas exigencias para facilitar la entrada de venezolanos a sus respectivos países.
“Tienen que tomar decisiones conjuntas sobre cómo distribuir ciertas cuotas proporcionales de acuerdo a nivel de población, características económicas, etc.”, añade. Según él, al igual que lo que ocurre en Europa con los refugiados, “mientras no se resuelva la situación interna en Venezuela, la solución es que los países se pongan de acuerdo porque las personas no van a dejar de migrar”.