Las claves para entender la crisis política en Venezuela
Venezuela lleva cuatro meses de violencia y tensión política. El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se acusan mutuamente de llevar el país al colapso mientras son incapaces de llegar a un acuerdo que elimine la violencia de las calles. El pasado domingo ocho millones de personas votaron por la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Esto supone que un 41,53 % del censo electoral venezolano ha votado a favor redactar una nueva Constitución. El resultado fue celebrado por el Gobierno y rechazado por la oposición y parte de la Comunidad internacional.
¿Cuál es la situación económica de Venezuela?
Venezuela vive un desastre económico desde hace años. Con una economía muy dependiente de las exportaciones de petróleo, la caída del precio del barril de crudo por debajo de los 100 dólares —el 31 de julio cotizaba a 43, 4 dólares— ha provocado un agujero en las cuentas del país. La economía venezolana registró en 2016 una caída del 18,6% del PIB y una inflación récord del 799,9%, según el Banco Central de Venezuela. El FMI pronostica para 2017 una reducción del 12% de la riqueza del país y un incremento de los precios que llegará 720%.
El presidente Nicolás Maduro extendió en julio el Estado de Excepción y Emergencia Económica con el objetivo de acaparar las decisiones en materia económica para “preservar la paz”. Con estos niveles de inflación se intenta controlar el cambio de divisas: La última subasta realizada por el Comité de Subastas de Divisas situó el cambio oficial en 2.810 bolívares por dólar (existe otra cotización de 10 bolívares por dólar solo para la importación de alimentos y medicinas) mientras que en el mercado negro ha superado los 10.000 bolívares por dólar.
La consultora Ecoanalítica, de Caracas, asegura que las importaciones de Venezuela cayeron un 62 por ciento entre 2014 y 2016. La Federación Farmacéutica Venezolana señala que en el país falta el 85 por ciento de los medicamentos.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cenda) publica mensualmente el precio de la canasta alimentaria (algo similar a la cesta de la compra en España). En lo que va de año el precio de la canasta alimentaria se ha incrementado un 125,6%, hasta 1.229.698,35 bolívares cuando el salario mínimo está en 65.021 bolívares.
Según el informe de Cendas para que una familia de cinco miembros pueda adquirir los 58 alimentos que integran la cesta debe reunir 40.989,94 bolívares por día, es decir al mes tenía que gastar 19 salarios mínimos.
Aunque el Gobierno regula los precios el desabastecimiento provoca la aparición de un mercado paralelo. Por ejemplo, un bistec está regulado a un precio de 250 bolívares pero en junio se vendía a 15.660,94 bolívares de promedio.
Con esta situación las sanciones anunciadas por Estados Unidos agravaran aún más la penosa situación económica del país. La firma Torino Capital apunta que si el Gobierno de Trump intensifica el cerco económico y deja de comprar petróleo venezolano “podría ocasionar una contracción adicional de 10,7 puntos en el PIB”.
¿Por qué convoca el presidente Nicolás Maduro una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución venezolana?
La penosa situación económica del país más la tensión y la violencia en las calles por la movilización de la oposición durante los últimos cuatro meses ante un posible movimiento del Ejecutivo para limitar los poderes de la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, hizo que el presidente Nicolás Maduro anunciara el pasado 1 de mayo la votación para elegir a los 364 personas —otros 181 serán elegidos por miembros de grupos sociales como indígenas, empresarios, campesinos o estudiantes— que van a redactar una nueva Constitución. Maduro señaló que es “el único camino para restaurar la paz” mientras que la oposición lo calificó como “golpe de Estado”.
¿Tiene derecho el Gobierno a convocar una Asamblea Constituyente sin pasar por el Parlamento?
Aunque la oposición ha insistido en que el presidente Nicolás Maduro no tenía capacidad de convocar una Asamblea Constituyente lo cierto es que la Constitución de Venezuela dedica el Capítulo III a la Asamblea Nacional Constituyente y el artículo 348 del texto constitucional recoge: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
En este caso el presidente Maduro convocó el proceso de la Constituyente a partir de un decreto tras una reunión del consejo de ministros.
¿Por qué la oposición no se presentó a las elecciones para la Constituyente?
Los partidos de la oposición organizados alrededor de la Mesa de la Unidad (MUD) han calificado el proceso de la Constituyente como un vehículo más “para profundizar de manera grosera en lo que es el golpe de Estado en Venezuela”, según señaló el jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges.
Aunque la MUD aseguró en 2014 que convocarían una Constituyente para modificar el régimen, ahora apuntan que la iniciativa del presidente Maduro responde a una estrategia para demorar las elecciones presidenciales que están previstas para 2018 y “atornillarse en el poder”.
Los opositores también reivindican para justificar su no participación el artículo 350 de la Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
El 16 de julio se celebró un plebiscito simbólico contra la iniciativa de Maduro. La consulta, promovida por la oposición, atrajo a más de siete millones de personas, más de los que votaron a Maduro en las elecciones de 2014, aunque no todos votaron en contra del nuevo proceso constitucional (la oposición afirmó que 6,4 millones se opusieron a la iniciativa de Maduro).
Los grupos opositores, que desconfían del Centro Nacional Electoral por su cercanía al Gobierno, exige un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro o la convocatoria inmediata de elecciones.
¿Por qué el presidente Nicolás Maduro amenaza con retirar la inmunidad a los parlamentarios de la Asamblea Nacional Legislativa?
La Constitución venezolana recoge la inmunidad de los diputados de la Asamblea en su artículo 200. Tras conocer que el 41% del censo había votado en la Constituyente el presidente Maduro avisó de que “levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla”. Con este aviso, el Gobierno venezolano avisó de que trataba de evitar trabas en el proceso de redacción de la nueva Constitución a pesar de que el artículo 349 de la Constitución venezolana recoge que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Sin embargo, a principios de año el presidente Maduro ya intentó eliminar la impunidad de los diputados de la Asamblea a través de una sentencia del Tribunal Supremo, aunque el Alto Tribunal dio marcha atrás en el último momento.
En la reforma constitucional de 1999 los diputados de la Asamblea legislativa y los constituyentes cohabitaron sin problemas durante los seis meses que duró la redacción del nuevo texto constitucional, según explicó el embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Ahora, los diputados de la oposición advirtieron de que defenderán sus puestos y no dejarán entrar a los representantes de la Constituyente en caso de que sean ubicados en el Palacio Legislativo.
¿Por qué hay un conflicto entre el presidente Maduro y la Fiscalía General de la República?
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en una de las principales voces contra las actuaciones del Gobierno de Nicolás Maduro. Por un lado,la Fiscalía General de la República ha denunciado que el Tribunal Supremo tratara de asumir las funciones de la Asamblea, una decisión que posteriormente fue revocada, ha pedido investigar la financiación de actos chavistas o ha informado de que 232 personas fueron detenidas ilegalmente y que más de 250 están privadas de libertad en sus hogares sin que la fiscalía haya sido informada.
La fiscal se posicionó contra la Constituyente asegurando la necesidad de que debería ser primero en un referéndum por la ciudadanía. Ante esta posición, el presidente Maduro avisó que la Constituyente debería “reestructurarla de inmediato y declararla en emergencia”. Además, el Gobierno acusa a la Fiscalía de tener “el monopolio de la acusación” lo que ha provocado impunidad ante la corrupción y el crimen.
A pesar de ser crítica con el Gobierno, Luisa Ortega Díaz también ha censurado algunos movimientos de la oposición como el intento en el Parlamento para nombrar a nuevos jueces del Tribunal Supremo en un proceso unilateral.
¿Cuántos muertos se han producido en las protestas?
El número de muertos por las protestas se ha convertido en uno de los puntos más importantes en la guerra de opinión que juegan las dos partes. Mientras la oposición y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, responsabilizan a los cuerpos de seguridad venezolanos de la totalidad de las más de 120 muertes lo cierto es que también hay víctimas mortales consecuencia de actos violentos por parte de manifestantes opositores.
El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, en colaboración con representantes de Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho un informe que establece que “las muertes enmarcadas en el contexto de violencia política iniciado en abril de 2017 alcanza el total de 112 víctimas fatales hasta el 06 de julio de 2017”, con lo que no incluyen a los 12 fallecidos por la Constituyente.
De estas 112 víctimas, 35 eran manifestantes contrarios al Gobierno y 77 no formaban parte de una manifestación contra el Ejecutivo de Maduro. Entre estas muertes el Gobierno de Maduro ha denunciado el asesinato de un joven chavista de 21 años, Orlando José Figuera, atacado el pasado 20 de mayo en Caracas por un grupo de unas 20 personas en una manifestación de la oposición.
¿Cuál es el papel de la Comunidad Internacional?
Tanto la Unión Europea como Estados Unidos al igual que varios países latinoamericanos como Colombia, Guatemala, Brasil o México han anunciado que no aceptarán la Constituyente. El Gobierno español lanzó un comunicado en el que señaló que “no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto”.
El encarcelamiento de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario, ha provocado una condena internacional y la petición de que se incrementen las sanciones a Venezuela. La oposición ha señalado que el Gobierno nunca tuvo voluntad de liberar a los opositores y que solo fue un movimiento para calmar las calles ante la convocatoria de la Constituyente.
