¡Buenos días!
¿Cómo llevas la semana? Aunque te parezca insólito, Carlos Mazón se aferra al cargo de presidente de la Generalitat valenciana y se niega a dimitir pese a su desastrosa gestión de la catástrofe de la DANA en Valencia, que ya suma más de 200 muertos. Como comenta en este artículo mi compañera Esther Palomera, Mazón no se plantea el cese pese a que lo piden los valencianos y lo desea su partido, pero él no tiene intención de hacerlo ni el PP de pedírselo ni siquiera tras la multitudinaria manifestación que reivindicó su salida. Es una auténtica vergüenza.
Mientras, hay una lucha soterrada de gran intensidad en el seno del Gobierno. Una pugna de fuerte calado ideológico provocada por la falta de apoyo parlamentario que sufre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un asunto tan importante como los impuestos. Por un lado, el PSOE ha pactado una serie de temas impositivos con el PNV y Junts, con el principal objetivo de eliminar el impuesto especial a las energéticas. Este movimiento fue asumido por los socios de los socialistas como un claro ejemplo de derechización. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había admitido hace unas semanas el cambio de paso en el Gobierno.
En ese momento, Montero se escudaba en que si el Gobierno “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”. De su renovación o caída dependen las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Ante la decepción de los socios de Sumar, la parte socialista del Gobierno optó por otro giro que llevó a cerrar un acuerdo para convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, entre otras medidas. “Sumar y el PSOE hemos alcanzado un acuerdo sobre el paquete fiscal para 2025 con el fin de mejorar la suficiencia de recursos para seguir ampliando derechos, políticas sociales y financiar la transición ecológica y digital, y el conjunto de retos que ha de abordar nuestro país”, apuntaba el texto del pacto.
En teoría, el lunes se iba a celebrar una comisión de Hacienda en el Congreso donde se trataba de buscar el cierre de un acuerdo que permitiera avanzar con el paquete fiscal, pero ERC puso pie en pared. “Esquerra Republicana había comunicado al PSOE su voto en contra de este Proyecto de Ley. Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar”, defendieron los republicanos.
No eran los únicos que se habían opuesto. Ni EH Bildu ni Podemos estaban dispuestos a dar sus votos a un texto que no haga permanente el gravamen a las eléctricas. A la vez, Junts y PNV avisaban de que estaban completamente en contra de las medidas del acuerdo entre Sumar y el PSOE.
Mientras tanto, una revuelta empresarial se comenzaba a gestar ante el acuerdo impositivo entre los socialistas y la confluencia de partidos de izquierdas. Merlin y Colonial amenazaron al Gobierno con marcharse de España si se aprueba el plan fiscal para las socimis. Ambas empresas seguían el guion de Repsol y otras energéticas, una postura que había terminado por tumbar el impuesto especial. Entre las medidas acordadas también está la trasposición de la directiva europea que obliga a que el impuesto mínimo de Sociedades sea del 15%, pendiente de ratificar en el Congreso, y que si no se aprueba provocará que la Unión Europea nos abra un expediente sancionador.
Un directivo de una multinacional extranjera me asegura que el movimiento corporativo es más amplio: “No es solo una cuestión de impuestos. El objetivo es que este Gobierno no siga, se trata de desestabilizar los apoyos de sus socios, que no haya acuerdos, ni con unos ni con otros, que no se pueda avanzar, y, sobre todo, que sea imposible que aprueben los Presupuestos”.
La subida de impuestos se podría hacer sin problemas. Hay que recordar que tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 al 36,8% en 2023. Es decir, la caída de la contribución fiscal en España deja margen para subir impuestos a ricos y grandes empresas que nos igualen con Europa.
Ante esta tesitura, el PSOE se ha quedado entre dos aguas. Va a ser difícil contentar a todos. Hay mucho empeño e intereses en que fracase, pero hay que elegir: ser un Gobierno progresista o ser un Ejecutivo con los impuestos que marca la derecha nacionalista.
Los grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter) han sumando un beneficio de 23.656 millones entre enero y septiembre de 2024, estamos hablando del triple que en 2021, cuando ganaron 11.972 millones. Lo vuelvo a repetir: 23.656 millones de euros de ganancias y no ha terminado el año. Sin embargo, pese a la buena marcha del negocio, las entidades financieras han continuado cerrando sucursales en los últimos tres años. Los cinco grandes bancos sumaban casi 8.900 sucursales en España en septiembre de este año frente a las 11.400 oficinas que contabilizaban ese mismo mes de 2021. Menos personal y la comunicación más digital, con el problema de exclusión que conlleva para las personas mayores. En este enlace tienes la sangría de sucursales que no para: los grandes bancos han cerrado 2.500 oficinas en tres años.
700 millones de euros
anuales más pretenden cobrar las compañías de electricidad a través de una fuerte subida de la retribución de las redes eléctricas de conexión. El problema es que es el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, quién presiona a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que apruebe este elevado incremento de la remuneración a estas empresas, como reclama el sector. Se trata de una subida que la patronal Aelec, a la que pertenecen Endesa, Iberdrola o EdP, defiende por las inversiones para atender al crecimiento previsto de la demanda, aunque la demanda eléctrica cayó a su mínimo desde 2003 y la CNMC descarta que remonte en 2024. Tampoco hay que olvidar que las cuatro mayores energéticas cotizadas de España ganaron 10.247 millones hasta septiembre y superan el récord de 2022 y que su lobby actúa con tanta fuerza que son capaces de doblarle el brazo al Gobierno con el impuesto especial, que acabaron por tumbar. En esta información te explicamos cómo el Gobierno presiona a la CNMC para que suba la retribución de las redes como piden las eléctricas.
No es oro todo lo que reluce. Aunque parezca que todo le va fenomenal a Amancio Ortega en sus negocios, ni mucho menos es así. La horma del zapato se la ha encontrado en la filial británica de su firma patrimonial, Pontegadea. La compañía, con sede en Luxemburgo, es la dueña de Pontegadea UK, la filial que tuvo pérdidas por primera vez en 2023. Todo viene por un conflicto con el auditor, EY, que ha dimitido tras “difíciles discusiones” sobre el valor de los inmuebles en el Reino Unido, a los que apunta un fuerte deterioro. Las cuentas de 2022, aprobadas con gran retraso este año, obligaban a Pontegadea UK a multiplicar las provisiones. Aquí te explicamos cómo la inmobiliaria británica de Amancio Ortega entra en pérdidas y cambia de auditor tras solo un año.
Incluso cuando las empresas van bien hay cierto desorden en sus consejos de administración. Este es el caso de Grupo Carrefour. ¿Por qué una empresa que ganó 1.659 millones de euros en 2023 busca operaciones corporativas de venta o fusión? El gigante francés está analizando opciones para su negocio: una fusión, reorganizar su actividad o vender divisiones, entre las que estaría su filial española, que en 2023 obtuvo un beneficio de 348 millones. En estos movimientos se ve la cara real del capitalismo más despiadado: nunca es suficiente, siempre hay que crecer más con el objetivo de alcanzar el monopolio o simplemente los miembros del consejo de administración buscan operaciones corporativas que se traduzcan en un dividendo más suculento. En esta información te contamos qué está ocurriendo en Carrefour para no conformarse con un beneficio de 1.659 millones.
Vemos riesgos a la baja para el crecimiento. La mayoría de los datos son bastante débiles, especialmente en manufactura
Sorprenden las declaraciones del responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). ¿Ahora se enteran de que sus decisiones alrededor de los tipos de interés han ido encaminadas a ahogar la economía como fórmula para rebajar la inflación? ¿Ahora se dan cuenta de que con su subida de tipos las empresas tienen menos margen de contratación y de hacer negocios y que los ciudadanos, al subir sus préstamos e hipotecas, tienen menos dinero para gastar de manera que afecta al consumo interno? La economía española, es decir, las compañías y los ciudadanos, han visto muy mermados sus bolsillos y sus cuentas de resultados (salvo los bancos) con la estrategia contra la inflación del BCE. El Banco de España calcula que el daño de la austeridad monetaria a la economía real va a alcanzar cerca de 40.000 millones de euros en total de 2022 a 2025. Aquí te explicamos cómo las subidas de los tipos de interés del BCE han restado 2,5 puntos al crecimiento económico de España en los últimos tres años.
“Las grandes tecnológicas están alimentando activamente la crisis climática al permitir que las grandes petroleras y los actores de la desinformación difundan mentiras y socaven la acción por el clima”. Esta es una de las conclusiones del informe de Coalición de Acción Climática Contra la Desinformación (CAAD, por sus siglas en inglés) presentado con motivo de la COP29, la reunión de países para luchar contra el cambio climático, aunque más bien es un cónclave para que la industria petrolífera consiga que nada cambie. El estudio señala que las plataformas promocionan a los difusores de bulos climáticos, ocultan datos a los investigadores y cobran millones de petroleras por mostrar publicidad engañosa. Aquí te contamos cómo las redes sociales funcionan para boicotear el freno al cambio climático.
Aunque hemos empezado este boletín haciendo una llamada al Gobierno de coalición para que en el terreno impositivo haga políticas de izquierdas, es cierto que en los peores momentos ha respondido como un Ejecutivo progresista. Así ha sido con la tragedia de la DANA. Tras el primer real decreto ley con ayudas urgentes, por valor de 10.600 millones de euros, se ha aprobado un segundo real decreto en el que destacan las medidas laborales, lo que Yolanda Díaz ha denominado el “escudo laboral” ante la emergencia. Las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central ya alcanzan los 14.373 millones de euros. Recordamos lo que nos contó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: “Las pensiones no contributivas de afectados por la DANA van a tener una paga extra este 18 de noviembre”. El segundo decreto recoge 110 medidas con una “inversión agregada de 3.765 millones de euros” que van desde la ampliación del teletrabajo a permisos retribuidos y restricciones al despido. Aquí te explicamos la letra pequeña de los permisos con el 100% del salario, la devolución de ayudas si se despide, la ampliación de los ERTE o la prioridad de teletrabajo. Y en este enlace te recordamos en qué casos se puede no ir a trabajar cuando hay alerta roja de la AEMET por una DANA.
En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
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