Buenos Aires, 18 de julio de 1994. Una camioneta Traffic blanca se acerca a la sede de la mutual judía AMIA, en pleno centro de la ciudad. A las 9.53 de la mañana, el conductor detona los cerca de 300 kilos de explosivos que cargaba el vehículo. La terrible explosión colapsa el edificio provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. La escena es dantesca. Tres días después se siguen recuperando cuerpos entre los escombros.
Más de dos décadas después del atentado más brutal vivido en Argentina, poco más se sabe de lo sucedido. Lo único que parece claro es que desde las más altas instancias políticas se gestó una operación para desviar la investigación y llevar a la cárcel a personas inocentes. El juicio por el encubrimiento ha comenzado este jueves, y entre los acusados se encuentran nada menos que el expresidente Carlos Saúl Menem y el primer juez del caso, Juan José Galeano.
La causa AMIA revive, y lo hace bajo la sombra de la misteriosa muerte, en enero de este año, de Alberto Nisman, el fiscal que llevaba investigando el atentado desde 1997, y que fue hallado en su casa sin vida, con un disparo en la sien.
Se espera, entre los 140 testigos que desfilarán por el juzgado, a la presidenta argentina Cristina Kirchner y a Jaime Stiuso, el ex poderoso director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, que fue cesado por la mandataria poco antes de la muerte de Nisman.
La mano de Hezbollah
Las primeras pesquisas señalaron a Hezbollah como autor del atentado. El juez Juan José Galeano viajó a Venezuela, donde se entrevistó con un exdiplomático iraní que supuestamente incriminaba a funcionarios de la embajada de Irán en Buenos Aires. “Cuando volvió Galeano le dijo a los periodistas: ‘Se van a caer de espaldas’. Después fue a la casa de gobierno, y ya nunca supimos por qué íbamos a caernos de espaldas. Ya nunca supimos nada”, recuerda Diana Malamud, miembro de la organización Memoria Activa, que ha impulsado el juicio por encubrimiento. Su esposo, el arquitecto Andrés Malamud, murió mientras dirigía unas obras de refacción en la AMIA.
El motor de la camioneta que se encontró entre los escombros dio paso a la conexión local. Carlos Alberto Telleldín, acusado de proveer el coche bomba, acabó siendo la pieza clave del encubrimiento. Un vídeo muestra al juez Galeano ofreciéndole 400.000 dólares para implicar a una serie de policías de la provincia de Buenos Aires. Un año después del atentado, la orden era cerrar la causa cuanto antes. Telleldín, su exesposa Ana Boragni y su entonces abogado, Víctor Stinfale, también se sentarán en el banquillo entre los 13 acusados.
La pista siria
Las teorías sobre las razones del encubrimiento son muchas y diversas. “Cada uno de los actores tenía sus propias motivaciones e hizo su parte para que el caso no se esclarezca jamás”, resumía en una entrevista radial Claudio Lifschitz, el colaborador del exjuez Galeano que acabó denunciándolo.
En Memoria Activa creen que también pesó la necesidad de tapar la impericia o deliberada inacción del gobierno. “La investigación demostró que se sabía que el atentado iba a ocurrir. Y que no se hizo nada por evitarlo”, asegura Adriana Reisfeld. Un mes y medio antes del ataque, los servicios de inteligencia habían recibido un aviso que motivó miles de horas de escuchas ahora desaparecidas.
Dos años antes de la explosión en la AMIA, Argentina había sufrido otro terrible golpe terrorista: en el atentado a la embajada de Israel –también con coche bomba– murieron 22 personas. La justicia argentina señaló en 1999 a Hezbollah como responsable.
Otra teoría señala que los intereses de política internacional determinaron la impunidad en el atentado a la AMIA. Alejandro Rúa, abogado de Memoria Activa –querellante en el juicio– recuerda una carta diplomática desclasificada años más tarde en la que Israel hablaba de “coordinar” con el gobierno argentino la versión oficial sobre el atentado. El expresidente de la DAIA (la organización judía más importante del país) también está acusado por el encubrimiento.
“En aquel momento Israel llevaba adelante negociaciones de paz con Siria muy cuestionadas internamente. De hecho, en 1995 Rabin fue asesinado por radicales que se oponían a ese proceso de paz”, detalla Horacio Verbitzky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Además, Carlos Menem [de origen sirio], tenía una estrecha relación con el gobierno de Al-Asad.
Nisman, obsesión y muerte
“Una vez que Menem dejó el poder la pista siria se siguió investigando pero se perdió mucho tiempo”, explica Sabrina Namer, una de las fiscales actualmente a cargo de la causa en una entrevista radial. La fiscal asegura que este juicio arrojará “luz sobre la investigación”.
Porque la realidad es que sobre el atentado en sí no se ha avanzado prácticamente nada. Cuando en 2003 se destituyó al juez Galeano por las irregularidades, la investigación quedó a cargo de Alberto Nisman, uno de los tres fiscales que trabajaban en la causa. En 2004 se declaró nulo todo el proceso y se absolvió a todos los acusados. Los dos compañeros de Nisman también están acusados en el juicio que acaba de comenzar.
“Nosotros no creemos que el trabajo de Nisman haya ayudado al esclarecimiento de la causa. Quizá fue un error mantenerlo en la investigación”, analiza Adriana Reisfeld, hermana de una de las víctimas.
Desde 2003 y con el apoyo total del presidente Néstor Kirchner, Nisman se dedicó en exclusiva a la causa AMIA. Tras su misteriosa muerte, varios de sus allegados contaron que estaba obsesionado con el tema. En 2006 el fiscal acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbollah de ejecutarlo.
Cristina Fernández, en sus años de senadora, había sido una de las más fervientes impulsoras de la investigación sobre el encubrimiento. Pero en 2013 toma una decisión que la enfrentaría definitivamente con Nisman. La mandataria y su canciller, Héctor Timerman, firman un “memorándum de entendimiento” con el gobierno iraní que prevé la creación de una Comisión de la Verdad sobre el atentado.
El fiscal pone entonces a Cristina Kirchner y Timerman en el centro de su investigación, y redacta una acusación de encubrimiento. El día antes de que expusiera sus razones en una sesión especial del Congreso, encuentran el cuerpo sin vida de Nisman en su piso de Buenos Aires con un disparo en la cabeza. La justicia, que ha rechazado la acusación por inconsistente, investiga ahora su muerte. Todos los informes oficiales apuntan por ahora al suicidio.