El informe que acusa al presidente brasileño Jair Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad” y otros delitos por su errática gestión de la pandemia de la COVID-19 ha sido aprobado este martes por una comisión parlamentaria y será remitido ahora a la Justicia.
El documento, aprobado por siete votos frente a cuatro, desgrana en 1.287 páginas el resultado de la investigación realizada por una comisión de once senadores sobre la actuación del Gobierno frente a una pandemia que ya mató en el país a más de 606.000 personas.
La comisión dijo haber constatado gravísimas irregularidades, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro e imputaciones diversas contra cuatro ministros, tres de los hijos del mandatario, asesores del Gobierno y parlamentarios, incluidos en un total de 80 acusados, entre los cuales figuran dos empresas del área médica.
En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Las acusaciones serán presentadas próximamente a los tribunales ordinarios y, en lo que compete a Bolsonaro, a la Fiscalía General, la Corte Suprema y la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso debido a los alegados crímenes contra la humanidad.
En los documentos que serán enviados a los tribunales se incluyó una petición para que Bolsonaro sea “suspendido” por un tiempo indeterminado en las redes sociales, en las que tiene una febril actividad y que ha usado para difundir masiva información falsa sobre la pandemia.
La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en directo que quien toma las dos dosis de las vacunas corre más riesgos de contraer sida, lo que llevó a Facebook y a Instagram a retirar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del mandatario durante siete días.
La búsqueda de la inmunidad vía contagio
A lo largo de su trabajo, la comisión celebró 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de supuestos fraudes en negociaciones para la compra de vacunas hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una presunta “estrategia” del Gobierno para acelerar los contagios.
Según el informe final, el propio Bolsonaro “incentivó de forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las vacunas”.
Pero todo eso, según concluyó la comisión, en realidad escondía “una estrategia fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva”. Esto fue “consecuencia” de una “decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas”.