El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por cohecho

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado a ocho años de cárcel como autor de un delito de cohecho agravado, por el que perdería, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia.

La sentencia, que también condena a ocho años de prisión al ex vicepresidente Jorge Glas, declara asimismo coautores del delito de cohecho a la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa, y a dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices.

Los tres jueces que componen el tribunal, han considerado a Correa responsable de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

El expresidente, que reside actualmente en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha reaccionado a la sentencia a través de varios mensajes publicados en su cuenta de Twitter. En ellos, Correa ha afirmado que esta “persecución” le hará “daño en el corto plazo”, pero que “en el largo plazo solo nos vuelven invencibles.”

“Esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”, ha concluido el ex mandatario en otro de sus tuits.

Rafael Correa enfrenta asimismo el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó a Correa de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo. Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.

“La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena esta ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme”, ha explicado a Efe fuentes judiciales acerca del alcance de la condena.