La Corte Penal Internacional dice que no se dejará intimidar por las “amenazas” de Israel por investigar sus crímenes en Gaza

La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) ha advertido este viernes de que no se dejará “intimidar por las amenazas o medidas” contra este tribunal por la investigación que desarrolla sobre la situación en Palestina, incluida la Franja de Gaza, y ha instado a todos los países a respetar “la independencia y la imparcialidad” de la institución.

“La Corte tiene el mandato fundamental de exigir responsabilidades a los autores de los crímenes y hacer justicia a todas las víctimas por igual”, ha señalado la Asamblea en un comunicado. La Asamblea de Estados Partes es un órgano legislativo y de supervisión, compuesto por representantes de todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la corte, entre los que no están ni Israel ni Estados Unidos.

La CPI ha expresado su “preocupación” por las declaraciones y amenazas vertidas a raíz de las supuestas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu. En las últimas semanas la prensa israelí ha informado de que la CPI está preparando órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes por su papel en la guerra en Gaza, unos rumores que no se han confirmado de momento ni desde el tribunal ni su fiscal general, Karim Khan. También desde Estados Unidos, principal aliado de Tel Aviv, han llegado advertencias de represalias si la CPI tomara medidas contra los dirigentes israelíes.

Khan había pedido a principios de mayo que “todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios [de la CPI] cesen de inmediato” y asegurado que amenazar al tribunal “puede constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma”.

La Asamblea ha recordado este viernes que el Estatuto resultó de negociaciones “exhaustivas, transparentes e inclusivas” en la que participaron todos los países, y representa “un compromiso internacional para acabar con la impunidad de los crímenes internacionales más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”.

La Corte con sede en la Haya (Países Bajos) tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, y tiene un total de 124 miembros. La CPI ha estado investigando desde 2021 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

“Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y de la fiscalía, es fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato. Enfatizamos la importancia de la Corte Penal Internacional como un tribunal de justicia independiente e imparcial”, ha concluido la Asamblea.