El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó el viernes la decisión que más temía el Gobierno argentino: imputar a la presidenta Cristina Fernández y a otros altos cargos por la acusación de encubrimiento del atentado de la AMIA de 1994 en relación a los agentes iraníes supuestamente implicados en la matanza. Junto a Fernández aparecen imputados el ministro de Exteriores, Héctor Marcos Timerman, el diputado Andrés Larroque, el exfiscal Héctor Luis Yrimia y otras cuatro personas.
La acusación está incluida en la causa 777/15 abierta tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto cuatro días después en su domicilio con un tiro en la cabeza y en extrañas circunstancias. La primera versión oficial apuntaba al suicidio, pero la propia presidenta cree que fue asesinado. El Gobierno sostiene la teoría de que fue eliminado para perjudicar al Gobierno, mientras que la oposición y varios medios de comunicación denuncian que fue asesinado para cerrar una investigación que implicaba a Cristina Fernández.
El fiscal Pollicita afirma que la operación de encubrimiento fue “orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros”.
El Gobierno se temía lo peor porque horas antes había advertido de que la imputación de la presidenta sería “una clara maniobra de desestabilización democrática”, aunque sin efectos legales. “No tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia”, afirmó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
“Golpismo judicial”
El viernes, el Gobierno argentino presentó ante el juez encargado del caso pruebas y antecedentes “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Nisman. Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas.
Desde el Gobierno sostienen que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario”, que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del argentino, Jorge Capitanich.
Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, criticó que el fiscal Pollicita tuviera la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno.
Esta es la imputación a la Presidenta Cristina Kirchner