El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha defendido la venta de armas a países que no cumplen los requisitos de la ley española, que prohíbe la exportación de armamento a zonas o estados donde puedan utilizarse para la “represión interna” o “violación de derechos humanos”.
Morenés considera que “cualquier país que esté en Naciones Unidas” y “tienda” a “una situación mejor” puede ser destinatario de armas fabricadas en España, preguntado en la Cadena SER por operaciones de venta a países que puedan usar ese material contra su población. Morenés afirma que su Gobierno, como otros, entiende que “nada es perfecto en política y en el mundo, pero si al menos se tiende a que las cosas mejoren, pues es bastante admisible” y por tanto es lícito “tener un contacto con ellos a nivel político y también comercial”.
Sin embargo, eso no es lo que dice la ley en España, que no deja el comercio de armas a un asunto de valoración meramente ética: la ley española prohíbe expresamentela ley española prohíbe expresamente que el Gobierno autorice venta de armamento si no existen todas las garantías de que ese material no va a ser utilizado para “exacerbar tensiones o conflictos latentes” o “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. También se aclara que para juzgar si esos destinos son válidos o no, se tendrá que tener en cuenta a las organizaciones sociales que velan por los derechos humanos en esos destinos.
Precisamente una agrupación de muchas de las organizaciones más importantes en ese campo (Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeae, Fundació per la Pau y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) listan cada año operaciones a destinos que no cumplen los requisitos de la ley.
Estos son los de 2011: 9 destinos “muy preocupantes” de las armas fabricadas en España sobre los que las organizaciones no tienen garantías.
1. Arabia Saudí
España está luchando por cerrar un acuerdo de hasta 3.000 millones de euros para vender 200 tanques Leopard a Arabia Saudí, uno de los países más represores del mundo, que ha endurecido las leyes contra la libertad de expresión. “No voy a entrar a analizar el régimen político de Arabia Saudí. España apoya a sus empresas”, dijo en su momento el ministro de Defensa para justificar la operación, en contra del criterio de la ley, aunque después dijo poder asegurar que “no son para reprimir manifestaciones”. Hoy Morenés ha dicho concretamente que “los países que lideran el mundo tienen una relación con Arabia Saudí porque entienden que hay una incorporación de valores que todos querríamos compartir”.
En 2011, España vendió a este país 14 millones de euros en material para aeronaves de transporte militar y proyectiles de iluminación, así como “municiones, dipositivos y componentes” para las Fuerzas Armadas. Se han autorizado para 2012 operaciones por valor de 30 millones de euros más, que incluyen la exportación de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”.
2. Bahréin
Las fuerzas de seguridad de Bahréin han reprimido con mucha dureza durante meses la versión local de la primavera árabe, en busca de libertades y democracia. Según denuncia Amnistía Internacional, se produjo “uso excesivo de la fuerza conta manifestantes pacíficos”, en los que murieron al menos 47 personas. Más de 2.500 personas fueron detenidas, de los cuales al menos 5 murieron bajo custodia, en un sistema donde la tortura está naturalizada.
A este país, España exportó munición para aeronaves militares por valor de 6,35 millones de euros en 2011.
3. Colombia
“Aunque el Gobierno manifiesta su compromiso por los derechos humanos”, dicen las ONG de la campaña por el control de armas, “ha habido pocas mejoras tangibles”. Los grupos guerrilleros, el ejército y los paramilitares siguen violando derechos humanos y el conflicto armado es además criminal con la población civil: homocidios, secuestros, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos.
España autorizó la venta de 24,98 millones de euros en material militar a Colombia. Por ejemplo: un avión, repuestos para aeronaves, monóculos y gafas de visión nocturna, munición de piezas de artillería y “una pistola”, según consta en los informes oficiales.
4. Egipto
La tortura y los malos tratos siguen siendo un “fenómeno habitual y generalizado” en Egipto, a pesar de la caída del régimen de Mubarak, según Amnistía Internacional. “Se prometió libertad” pero “la dura realidad es que las críticas a las nuevas autoridades no se toleran”, dicen las ONG de la campaña de Control de Armas.
A Egipto, España ha vendido casi 70 millones de euros en material militar y se han autorizado 79 millones más para 2012.
5. Estados Unidos
Según Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace, Intermon Oxfam y el IECAH, no hay “garantías suficientes de que las armas vendidas desde España” a Estados Unidos “no terminen utilizándose” en conflictos muy cuestionados como los de Irak o Afganistán “por algunas de las empresas privadas que operan allí” en nombre del país, como Blackwater (ahora llamada Xé). “Tampoco existen garantías de que no puedan ser transferidas a personas vinculadas al crimen organizado en México”, dice su último informe.
Las ventas de material de Defensa de España a Estados Unidos ascienden a 115 millones de euros en 2011 y se han autorizado 177 millones para 2012. El 40% de lo ya vendido ha ido a empresas privadas de seguridad, sin contar armas de caza o tiro deportivo, que se cuentan aparte, en un país donde la tenencia personal de armas está permitida.
6. Ghana
Precisamente en la categoría de armas de caza y tiro deportivo, Ghana recibió material por importe de 7,5 millones de euros el año pasado. Todos los clientes eran empresas privadas. Este país es uno de los mejores clientes de España, que insiste que el destino de estas armas es “la caza de subsistencia”. Sin embargo, las ONG alertan de la “inestabilidad” alrededor del país, con riesgo evidente de fuga de esas armas para uso en países del entorno “en conflicto o postconflicto”.
7. Israel
Israel ha sido acusada de crímenes contra la humanidad por la ONU por su acoso militar y humanitario a la Franja de Gaza. España ha autorizado 472.545 euros en exportaciones de armas a este país, la mayoría a empresas privadas, algunas de ellas proveedoras del Ejército israelí. Se han autorizado para 2012 operaciones por valor de 11 millones de euros.
8. México
Las ONG que vigilan el comercio de armas no tienen claro “qué tipo de medidas ha tomado España para asegurarse” de que el material vendido a México por valor de casi 100 millones de euros “no está siendo o va a ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos” en el combate contra los cárteles de la droga con el que el Gobierno tiene una guerra abierta en la que han muerto más de 12.000 personas.
9. Pakistán
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, fuerzas armadas y servicios de inteligencia extranjeros inmiscuídos en violaciones de derechos humanos... Algunas regiones de Pakistán son un polvorín de homicidios cruzados entre bandas rivales.
A lo largo de 2011, este país recibió de España simuladores de vuelo, sistemas de radar y otros materiales de aeronaves por valor de 12 millones de euros. Se han autorizado 10 millones más para este 2012, entre los que se encuentran “equipos para entrenamiento o simulación militar”.
Además, las ONG reclaman más información sobre las garantías de las exportaciones a otros destinos como Emiratos Árabes Unidos, Perú, Venezuela, Túnez, Turquía, Irán o China. Celebran que se hayan retirado e incluso cancelado operaciones que alimentaban de armamento a países como Libia.
Pero llegaban tarde: solo en la primera mitad de 2010, Libia recibió por parte de empresas españolas material militar para aeronaves por valor de 3,3 millones de euros. Las Fuerzas Armadas de Libia, según los datos oficiales, se gastaron en España casi 7 millones de euros y estaban a la espera de tramitarse operaciones autorizadas por valor de 7 millones más. En 2009, Libia también fue uno de los destinos principales de los materiales de doble uso (policial y militar) fabricados en España: más de 12 millones de euros en radares para navegación y control del tráfico aéreo civil con repuestos para mantenimiento, así como en sustancias químicas para uso académico, según el informe oficial. Una de las empresas que vendió bombas de racimo, antes de que fueran prohibidas, a la Libia de Gadafi fue Instalaza, de la que era consejero el ministro Pedro Morenés.
Cuando hablamos de comercio de armas no hablamos de libre mercado, así, a secas. Es el Gobierno el que filtra las operaciones, aunque la fabricación de armamento y la negociación con clientes corresponde a empresas privadas. Las compañías se buscan la vida, llegan a acuerdos con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad o colectivos interesados. Y ese acuerdo se lleva a una mesa oficial donde se reúnen varios ministerios, que es la única que puede autorizar las operaciones. Una por una.
Esa mesa es la de la JIMDDU [Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso], un órgano integrado en el organigrama del ministerio de Industria, Comercio y Turismo (no del ministerio de Exteriores). Esa mesa la preside la Secretaria de Estado de Comercio y, en su ausencia, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre los vocales destacan el Director de Inteligencia del CNI, el de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del ministerio del Interior, y otros cargos policiales y comerciales. Ahora volvemos a este punto, pero antes un poco de historia.
La JIMDUU tiene su origen en la antigua Junta Reguladora de Exportación de Armas y Explosivos, creada en 1971 por el gobierno de Luis Carrero Blanco ante “la importancia cada día mayor” que estaba adquiriendo el comercio de ese tipo de material. En 1978, pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el gobierno de Adolfo Suárez convierte la junta en “interministerial” para “ampliar su campo de acción a todo el comercio exterior” de armas.
Las actas de la JIMDUU son secretas. Aparte de balances semestrales, no hay registro público de las reuniones que se mantienen una vez al mes para analizar y autorizar o denegar las operaciones solicitadas. Las organizaciones sociales plantean que no pueden hacer un ejercicio de seguimiento útil si no conocen las operaciones inmediatamente después de haber sido autorizadas.