Si la semana que viene Joe Biden gana las elecciones frente a Donald Trump, el nuevo presidente recibirá enormes presiones para dar marcha atrás a muchos de los cambios radicales en temas que van desde la política exterior hasta la crisis climática. Eso sí, la tarea principal y más urgente de Biden en sus primeros 100 días en la Casa Blanca será poner en marcha un nuevo plan nacional de lucha contra el coronavirus, que en EEUU ha contagiado a millones de personas y se ha cobrado más de 220.000 vidas (más que en ningún otro país del mundo). Deberá también tomar medidas para reparar sus desastrosas consecuencias económicas.
El moderado Biden también recibirá la presión del ala progresista de su propio bando, el Partido Demócrata, que ejerce una influencia creciente y aspira a grandes cambios institucionales para responder a las cuestiones más urgentes del futuro del país. “Lo que tiene que hacer es sencillamente hacer historia”, dijo Saikat Chakrabarti, activista demócrata y ex responsable de la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez (congresista por Nueva York del ala progresista). “Recibe una depresión económica y una pandemia, y lo están eligiendo para que resuelva todo esto y haga algo grande”.
El mejor escenario para Biden sería ganar de forma aplastante la presidencia y que los demócratas le dieran la vuelta a la mayoría del Senado para quedar con el control en las dos cámaras del Congreso. En ese caso, Biden y su equipo podrían concretar sus planes más ambiciosos y llevar adelante una presidencia al estilo Franklin Delano Roosevelt, que tras las crisis económica de los años treinta puso en marcha la gran recuperación del New Deal y los programas de asistencia.
“En muchos sentidos, van a aterrizar en una situación similar a la que llegamos nosotros en 2009, pero en algunos aspectos es peor”, ha dicho Chris Lu, el subsecretario de Trabajo de la Administración Obama que en 2008 dirigió el equipo de transición del presidente número 44. “Nosotros llegamos durante la Gran Recesión y ellos también van a asumir en medio de una recesión; ellos tienen el desafío adicional y mucho más duro, de lidiar también con una crisis de salud pública”.
Para cuando llegue el discurso de inauguración de la presidencia, en enero de 2021, podrían haber muerto más de 350.000 estadounidenses debido al coronavirus, según estimaciones que asumen una continuidad en las actuales políticas y trayectorias. Para Neera Tanden, quien dirigió en la campaña de Obama la unidad de política interior y más tarde trabajó como asesora principal del Departamento de Salud, lo más probable es que “la primera orden del día” de Biden sea contener el número de muertes y abordar los daños económicos.
La campaña de Biden ha propuesto un plan diseñado con principios científicos que incluye la obligación nacional de llevar mascarilla (aunque las autoridades locales tendrían la última palabra en la implementación); el aumento en el número de pruebas y de rastreos de contactos; medidas que eviten sorpresas en las facturas médicas por tratamientos contra la COVID-19; y una mayor asistencia financiera desde el gobierno nacional para las familias con dificultades.
En el Congreso lo que urge es un proyecto de ley de ayuda por la COVID-19 que lleva semanas sin ser aprobado. Los republicanos se están resistiendo a las presiones demócratas para que el paquete sea de 2 millones de dólares, quejándose por el coste y especialmente por el del aumento en el número de pruebas. Según Tanden, “posiblemente lo más importante sea un paquete legislativo que aborde el virus, la capacidad de contener al virus y de responder luego al daño económico que el virus ha causado”.
A lo largo de su campaña por la presidencia, Biden ha compartido con sus votantes la lista de medidas que tomará si sale elegido, muchas de ellas para darle la vuelta a lo hecho por la Administración Trump. Entre ellas, reincorporarse al Acuerdo de París, del que EEUU saldrá el 4 de noviembre (24 horas después del día de las elecciones); volver al acuerdo firmado en 2015 con Irán para levantar las duras sanciones económicas contra el país a cambio de que Teherán limitase sus actividades nucleares; y presionar por una ampliación del seguro médico de Obama, que Trump y sus aliados han intentado desmantelar una y otra vez.
Tras las multitudinarias protestas del verano por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, también hay mucha expectativa por un posible paquete legislativo en el Congreso que reforme a las fuerzas del orden. Pero no está claro si algo así podría sobrevivir al estancamiento de la lucha partidista ni al desagradable espectáculo del proceso legislativo. Una Administración Biden también recibiría muchas presiones para poner fin a una anticuada regla del Senado estadounidense conocida como ‘filibusterismo’, que permite al partido en la oposición paralizar los nombramientos y el proceso legislativo.
En gran medida, lo que finalmente ocurra con esos posibles primeros 100 días de Biden, dependerá del partido a cargo de la Cámara de Representantes y del Senado, y de la ventaja que tenga en el número de escaños.
Es habitual que los presidentes entrantes cuenten con nuevas mayorías en el Senado. En 1980, Ronald Reagan obtuvo la presidencia y el Partido Republicano ganó 12 escaños en el Senado. En 2004, cuando fue reelegido George Bush, los republicanos sacaron cinco senadores más. Y cuando en 2008 Barack Obama fue elegido presidente, los demócratas se hicieron con ocho escaños extra.
La Cámara de Representantes ya está controlada por una mayoría del Partido Demócrata, que también es el favorito para ganar este año entre uno y ocho escaños del Senado. Si pueden sumar cuatro escaños en el Senado, o ganar la Casa Blanca y tres escaños en el Senado, los demócratas quedarían con una ligera mayoría en la cámara baja.
El control del Senado es crucial para una presidencia demócrata. Si no lo logran, gran parte del programa de Biden se quedaría en agua de borrajas. Él ha dicho que hay un grupo no declarado de senadores republicanos dispuestos a trabajar con los demócratas bajo una Administración Biden, pero los actuales senadores no son tan optimistas.
“Todo lo que sé es que durante los últimos cuatro años hemos visto a cuarenta y seis republicanos y medio sin principios, y muchos en la Cámara de Representantes, que no mostraron ningún coraje para enfrentarse al presidente más corrupto y divisivo de nuestras vidas”, respondió Sherrod Brown, senador demócrata por Ohio, cuando le preguntaron acerca de una posible franja de senadores republicanos dispuestos a trabajar con los demócratas bajo una presidencia de Biden.
Tanto si los demócratas controlan el Senado como si no, es probable que los primeros días de una Administración Biden se caractericen por una ráfaga de decretos presidenciales que resuelvan temas urgentes de política exterior y deshagan medidas de la Administración Trump.
Poco más de dos semanas después de la inauguración presidencial expira el New Start, el único tratado de control de armas que ha sobrevivido a la era Trump. Si Moscú está dispuesto (el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya se ha pronunciado en ese sentido), el tratado puede prorrogarse hasta cinco años más con un intercambio de notas diplomáticas.
Los demócratas también dicen que Biden hará que Estados Unidos reingrese de forma inmediata en la Organización Mundial de la Salud reanudando sus contribuciones financieras; que unirá nuevamente a Estados Unidos al Acuerdo de París por el clima; y que anulará las prohibiciones de entrada impuestas por la Administración Trump a los viajeros de países musulmanes.
Biden ha prometido que también volverá al acuerdo nuclear de 2015 con Irán, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), aunque para decidir cuándo habrá que negociar antes el listado de requisitos a cumplir por Teherán para regresar al pleno cumplimiento de los límites a sus actividad nucleares definidos en el JCPOA.
Según Ben Rhodes, que en la Administración Obama fue el asesor de política exterior más cercano al presidente, “parte de lo que van a hacer es tratar de reconstruir el orden internacional, no para replicarlo exactamente igual que antes, sino para volver a hacerlo girar en torno a las normas, acuerdos y tratados internacionales”. “De entrada hay muchas cosas que se pueden hacer para recomponer lo mejor posible las piezas de la infraestructura vigente en 2016; y luego hay otras áreas en las que habrá que empezar de cero como si hubiera llegado un huracán y lo hubiera volado todo”, dijo también. La lucha contra la desinformación y contra las amenazas a la democracia son algunas de las nuevas prioridades globales en las que, según Rhodes, habrá que desarrollar instituciones y políticas desde cero.
En un intento de hacer que EEUU recupere el cetro de “líder del mundo libre”, el equipo de campaña de Biden está hablando de convocar una cumbre de democracias para su primer año de mandato. El ala más progresista del partido presionará para que el presidente no se limite a replicar el orden internacional de antes de Trump, especialmente en lo referido a las relaciones de EEUU con aliados autocráticos como Arabia Saudí. Una opción que ya está sobre la mesa es que el presidente firme cuanto antes una ley, ya acordada por el Congreso, para frenar el apoyo de EEUU a la guerra dirigida por los saudíes en Yemen.
Según Matt Duss, asesor de política exterior de Bernie Sanders, “hay toda una serie de cosas que Trump hizo mediante decretos presidenciales bastante fáciles de revertir, sencillamente volviendo a invertir en la ONU, en la OMS, en el Acuerdo de París, y en el JCPOA”. En su opinión, la pregunta es “cómo pasar de eso al siguiente paso, y al de después, y empezar a promover tu programa”.
Durante meses, el ala progresista del Partido Demócrata ha coexistido en relativa armonía con el bando que representa al establishment, unidos en la misión única de evitar un segundo mandato de Trump. Pero las tensiones están empezando a aflorar con los nombres que compondrán el posible gabinete de Biden. En público y en privado, hay grupos demócratas consultando a las bases, diseñando estrategias, y lanzando advertencias sobre el personal que debería componer el equipo del presidente en caso de que gane las elecciones.
El mismo Biden ha prometido que habrá más diversidad que en ningún otro equipo anterior. Líderes demócratas con poder también han abogado por una Administración Biden donde los afroamericanos no se limiten a dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano o el de Transporte. Pero en términos de ideología, los demócratas más a la izquierda ya han comenzado a presionar en silencio para que adalides del progresismo como la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren; como el senador por Vermont, Bernie Sanders; o como el miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Lael Brainard; sean colocados en cargos de poder con mucha exposición.
El nombre de Warren suena como posible secretaria del Tesoro o como fiscal general. Sanders tiene las miras puestas en el Departamento de Trabajo y Brainard es otro posible candidato a la Secretaría del Tesoro. Si gana Biden, se espera que se rodee en la Casa Blanca de aliados cercanos, más del centro que de la izquierda en muchos casos. Podría regresar el que fue su jefe de personal durante su vicepresidencia con Obama, Lael Brainard.
El nombre de Chris Coons, senador por Delaware y viejo amigo de Biden, también suena en los círculos de política exterior como posible secretario de Estado; junto con el de Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional de la Administración Obama; y con el del contendiente sorpresa Chris Murphy, senador por Connecticut. Los aliados de Coons ya están circulando un documento de cinco páginas con argumentos para darle el cargo.
La política exterior, dijo Murphy al periódico The Guardian, es clave en la lucha contra el coronavirus. “En última instancia, no podremos luchar contra este virus ni contra ningún otro sin aliados y sin amigos, sin involucrarnos en la búsqueda mundial de una vacuna, sin construir una infraestructura mundial de prevención y salud pública”, dijo.
Algunos de los posibles nombramientos dependen del resultado de las elecciones legislativas que también se celebran ahora. El senador Doug Jones, viejo amigo de Biden se presenta a la reelección en Alabama y es el demócrata con mayor riesgo de ser sustituido por un republicano. Su nombre se baraja como el de un posible fiscal general, aunque otros quieren en el cargo a Warren, a la senadora Amy Klobuchar, o a la ex-fiscal general en funciones Sally Yates. El propio Biden ha dicho que le gustaría recuperar la unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y meterla más en la Casa Blanca.