El escándalo del vacunatorio VIP para los amigos del poder, montado en el Ministerio de Salud argentino, sacude a una sociedad preocupada por la escasez de vacunas y la falta de perspectiva de conseguir más dosis a corto plazo.
Para el Gobierno, en el que pujan las fuerzas del peronismo tradicional que respalda al presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo de la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el escándalo ha supuesto una complicación adicional a los problemas de gestión y una nueva ocasión para las fricciones internas.
Todo ocurre en medio de un panorama de fuerte retracción económica –con una caída del PIB del 11,78% y un nivel de pobreza que llegó a 44,2% en 2020– y a las puertas de un año electoral en el que la coalición gobernante espera consolidar su mayoría parlamentaria.
Con un total de 2.069.751 casos, 51.359 muertos, más de 7.000 nuevos infectados por día, un nivel de vacunación bajo en comparación con otros países de la región como Chile y Brasil y las consecuencias de la parálisis económica por la cuarentena más larga del mundo, los argentinos ven a la vacunación masiva como una posibilidad muy lejana.
La situación no solo afecta más a los adultos mayores que esperan poder poner fin al confinamiento que mantienen desde hace casi un año, sino, sobre todo, al personal de sanidad, que no se ha podido inmunizar por completo.
En Argentina, la cuarentena se inició formalmente el 20 de marzo de 2020 y fue prorrogándose por decretos presidenciales hasta el 9 de noviembre del mismo año. El Gobierno denominó a ese período Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y tenía el objetivo de permitir la mejora del sistema sanitario para evitar un colapso.
Hasta mediados de mayo el confinamiento se cumplió estrictamente, pero luego comenzó a manifestarse el malestar social debido, principalmente, a la completa parálisis económica. Desde entonces, el acatamiento comenzó a ser dispar.
Manifestaciones de sectores sociales que se identifican con la oposición reclamaban “cuarentena inteligente”, es decir, trabajar con protocolos. El Gobierno rechazó a este movimiento al que tildó de “anticuarentena”. Actualmente y hasta el 28 de este mes sigue en vigor el DISPO.
Demoras inesperadas
El plan del Gobierno prevé vacunar a 25 millones de personas mayores de 18 años. Sin embargo, se han recibido hasta ahora 720.266 dosis de la Sputnik V comprada a Rusia, que alcanza para vacunar a 360.133 personas, y 580.000 dosis de la Covishield, fabricada en la India con transferencia de tecnología de AstraZeneca y Oxford.
Esto se debe a que se han registrado demoras inesperadas durante la producción de la vacuna de Oxford. También a que el gobierno de Vladimir Putin se ha visto superado con la demanda de la Sputnik V y a que no se concretó un preacuerdo con Pfizer. A pesar de todo, el Ejecutivo argentino asegura que en julio se habrán recibido 51 millones de dosis de distintos laboratorios para completar el plan.
Los problemas señalados ya habían puesto en cuestión el manejo del Ministerio de Salud por parte de su titular, Ginés González García, que nunca ha explicado claramente por qué se frustró el acuerdo con Pfizer. También arrastraba una serie de errores en su apreciación de la pandemia, como cuando aseguró: “La situación de la Argentina es mejor a la de otros países porque estamos muy lejos, no hay vuelos directos y estamos en verano, que es cuando este tipo de virus funciona menos.”
El beneficiario que reveló el escándalo
En este marco se conoció que el Ministerio de Salud nacional había montado un “vacunatorio VIP” para políticos, sindicalistas, periodistas y empresarios. Quien lo reveló fue uno de esos beneficiados, el periodista Horacio Verbitsky –director del portal de noticias El Cohete A La Luna y canal frecuente de las posiciones políticas y sociales del círculo más cercano a la vicepresidente– quien contó el viernes pasado en una entrevista radiofónica que había sido vacunado en ese lugar gracias a una gestión personal del ministro González García.
La admisión de Verbitsky, de 79 años y larga trayectoria como periodista de investigación y activista por los derechos humanos, y las investigaciones periodísticas posteriores han generado una oleada de indignación que se ha reflejado tanto en las redes sociales como en las coberturas periodísticas.
Verbitsky ha pedido la baja como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige desde hace más de 20 años, tras conocerse la reacción negativa de los trabajadores por su vacunación de privilegio. El CELS es un influyente organismo de defensa de los derechos humanos creado en 1979, que tuvo una destacada actuación durante la última dictadura militar argentina (1976–1983) y que es considerado muy cercano al kirchnerismo.
Al estallar el escándalo los integrantes del organismo rechazaron en una nota las acciones de su presidente. “El equipo de trabajadorxs del CELS rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”, dice la nota.
La reacción presidencial
El presidente Fernández aseguró haberse enterado por los medios de esa situación irregular y exigió la renuncia de González García. No obstante, después emitió una serie de tuits en los que sostuvo que “se ha montado un escenario mediático de escarnio público” contra quienes se vacunaron. De gira por México, cargó también contra la Justicia y pidió terminar con lo que consideró una “payasada”, en alusión al escándalo. “No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe este delito”, insistió.
El puesto de Ginés González García ha sido cubierto por quien fuera su segunda en el Ministerio, Carla Vizzotti, que luego de asumir consideró que las irregularidades denunciadas son una “situación puntual, incorrecta y reprochable”, negó que en el Ministerio hubiera funcionado ningún “vacunatorio VIP” y dijo que es “absolutamente falso” que se hubieran destinado 3.000 dosis a vacunaciones discrecionales. “Hubo una situación puntual con diez personas y el presidente Alberto Fernández tomó una medida inmediata y fuerte”, afirmó. Vizzotti tenía bajo su responsabilidad la distribución de las vacunas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien la ministra ha asegurado que se pondrá a disposición de la Justicia, también ha argumentado, en línea con el presidente, que detrás del escándalo hay un interés político y mediático, y que algunos de los que figuran como vacunados de favor “son personal estratégico, relevante para sostener el funcionamiento del Estado”. Verbitsky fue uno de los registrados como personal estratégico.
Listas de vacunados
En las listas oficiales publicadas desde la semana pasada (la primera con 10 nombres y la segunda, con 70) figuran entre otros Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, de 66 años, persona de confianza de Fernández de Kirchner y registrado como “personal de sanidad”, al igual que su esposa.
El joven ministro de Economía, Martín Guzmán, también se vacunó en forma secreta, al igual que varios de sus colaboradores, todos ellos menores de 40 años. El discípulo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz no explicó personalmente su caso. Desde su Ministerio alegaron que “Guzmán es un funcionario estratégico por la agenda internacional que maneja y por la dimensión de las decisiones que toma” y está planificando una gira a Estados Unidos, Asia y Europa. El equipo médico de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud recomendaron que tanto el ministro como los que lo acompañan a los viajes debían estar vacunados “para evitar dificultades logísticas que derivarían en cambios en la dinámica de los procesos”, según informó elDiarioAR.
También aparecen en las listas el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, los suegros y el padre del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (clave para el armado peronista en la provincia de Buenos Aires), funcionarios y personal no jerárquico del Ministerio de Salud, el cuestionado dirigente sindical Hugo Moyano, su esposa y un hijo de 20 años.
Un detalle que fue señalado estos días es que González García no contaba ya con el apoyo de Cristina Fernández, como sí parece ser el caso de Vizzotti. La líder del sector mayoritario de la alianza oficialista también se vacunó, pero lo hizo en público y al comienzo de la campaña para despejar las dudas sobre la eficacia de la vacuna rusa.
El ahora exministro de Salud, González García, y su sobrino y exjefe de gabinete en el Ministerio, Lisandro Bonelli, están imputados en la Justicia.
En un país con un relativo bajo nivel de población vacunada (tercero en América del Sur con 1,59% de la población, lejos del 15,12% de Chile y un poco más cerca del 3,27% de Brasil), solamente los mayores de 70 años están convocados a reservar su turno para la vacunación. Otros trabajadores y los menores de 70 años tienen una incierta espera por delante.
Paralelamente, se ha anunciado la compra de 904.000 dosis de la vacuna china de Sinopharm que será destinada casi por completo a maestros y profesores, otro sector estratégico. Los colegios e institutos cerraron poco después de comenzado el año escolar en marzo de 2020 y las clases desde entonces en modo remoto.
Cerca de 1,5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos se verían desvinculados de la escolarización, según cálculos del especialista Agustín Claus, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Se estiman en más de 11 millones los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario en todo el país.