El fiscal especial Jack Smith a cargo del caso federal contra Donald Trump por instigar el asalto al Capitolio e intentar obstruir la certificación de los resultados electorales de las elecciones de 2020 ha pedido desestimar los cargos contra el republicano. Después de la victoria de Trump el pasado cinco de noviembre, Smith ya había empezado a trabajar sobre cómo acabar con los dos casos federales que tiene abiertos contra el ahora presidente electo. El fiscal especial tenía solo dos meses antes de que Trump tomara posesión y ya no se le pudiera juzgar.
Smith da así carpetazo a un caso que ni siquiera llegó a tener fecha de juicio debido al trabajo constante de la defensa del magnate para posponer el caso (igual que los otros tres) hasta después de las elecciones. La decisión de Smith no es una rendición ante Trump, sino un intento de dejar vía libre a que los fiscales puedan volver a presentar cargos contra él cuando Trump acabe el mandato y ya no goce de la protección presidencial.
Aunque sobre la mesa aún queda la posibilidad de que Trump haga algo que antes no se ha visto en la justicia estadounidense: utilizar el poder presidencial del perdón para perdonarse a si mismo y así anular esta posibilidad.
La decisión de desestimar los casos del juicio de Washington llega después de que el viernes pasado el juez del caso Stormy Daniels anunciara que posponía de forma indefinida la sentencia sobre la condena de Trump. El juicio de Nueva York fue el único de los cuatro que llegó a celebrarse y terminó con una sentencia de culpabilidad sobre Trump por los 34 delitos graves de los que se le acusaba. Ahora estaba pendiente saber cuál sería la pena impuesta, que podría llegar a ser de hasta cuatro años de prisión.
En el caso de Washington que Smith ha desestimado, se acusaba a Trump de cuatro delitos: dos relacionados con obstaculizar la certificación del resultado de las elecciones del 2020 que se llevó a cabo en el Congreso el 6 de enero, uno de conspiración para intentar impedir el recuento de votos de las elecciones y otro por haber intentado privar a la ciudadanía de un derecho protegido por la ley federal, concretamente el de voto.
En su estrategia de posponer todos los juicios hasta pasadas las elecciones, la defensa del magnate presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo que determinara si Trump gozaba de inmunidad presidencial para poder cerrar así el caso. El razonamiento de los abogados era que el republicano estaba amparado por la inmunidad presidencial en el momento en que se produjeron los hechos por los cuales se le acusaba.
La mayoría conservadora del Supremo -la cual afianzó el mismo Trump durante su presidencia- dictó que el republicano gozaba de inmunidad total para los actos oficiales, pero no para los actos privados. El fallo dejaba en manos de los jueces inferiores determinar dónde terminaban los actos oficiales y dónde empezaban los privados. En el caso federal de Washington, esto obligó al fiscal especial tener que reformular y volver a presentar los cargos contra adaptándose al nuevo marco fijado por parte del Supremo.
El esfuerzo que realizo entonces el fiscal para que el caso siguiera avanzando quedó en papel mojado en el mismo momento en que Trump ganaba las elecciones este cinco de noviembre. Los días posteriores a los comicios, la jueza del caso de Washington anunciaba que aceptaba la petición de Smith para posponer sin nueva fecha el resort de plazos judiciales en el procedimiento legal. El fiscal especial sabía que una vez el magnate tomara posesión como presidente, el caso caería en saco roto debido a las normas del mismo Departamento de Justicia.
“La posición del Departamento de Justicia ha sido durante mucho tiempo que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en el cargo. Pero el Departamento y el país nunca se han enfrentado a la circunstancia que nos ocupa, en la que una acusación federal contra un ciudadano privado ha sido presentada por un gran jurado y un proceso penal ya está en marcha cuando el acusado es elegido presidente”, expone Smith, para después solicitar “la desestimación sin perjuicio de la acusación sustitutiva”.
Smith también es el fiscal que está a cargo del caso federal de los papeles clasificados de Mar-a-Lago. El caso lleva tiempo congelado desde que la jueza desestimó los cargos contra Trump argumentando que Smith fue designado como fiscal especial indebidamente. Smith apeló al fallo y estaba por ver que decidía hacer respecto este. Después de adoptar la doctrina del Departamento de Justicia para desestimar los cargos en el caso del asalto al Capitolio, con toda probabilidad Smith haga lo mismo en el de Mar-a-Lago.
Con la sentencia del caso Stormy Daniels pospuesta hasta que Trump termine el mandato, y los dos casos federales en vía muerta, el único caso que aún queda sobre la mesa es la acusación estatal de Georgia. En este se acusa al ahora presidente electo y a otros 19 colaboradores de 41 delitos graves por intentar interferir en los resultados electorales del estado de Georgia, donde en 2020 Joe Biden ganó las elecciones.
Por el momento, el caso continúa congelado mientras se resuelve si la fiscal Fani Willis es descalificada por una relación amorosa con otro fiscal. En el supuesto de que Willis pudiera continuar con el caso, lo más probable es que acabara cayendo como los demás debido a que Trump vuelve a ser presidente y, por tanto, a gozar de inmunidad.