Hidroeléctrica de Itaipú: invasión militar, acuerdo secreto y traición a la patria entre Brasil y Paraguay
Muy poco ha faltado para que el Parlamento paraguayo invocase el artículo 225 de la Constitución Federal, ese que describe los procedimientos de juicio político a los dirigentes del Estado. El delito: traición a la patria. Los acusados: el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Todo por un acta bilateral secreta entre Paraguay y Brasil relacionada con la contratación de potencia de la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, de soberanía compartida.
Una comisión bicameral de investigación está interrogando a todos los implicados. Este martes 27 de agosto ha pasado por allí Hugo Saguier Caballero, hasta hace unos días embajador de Paraguay en Brasil, y una de las primeras bajas colaterales del tumulto, cuando lo secreto se hizo público. Saguier fue el que firmó el acta en representación de Paraguay. El acuerdo obligaba a Paraguay a comprar más potencia de la energía más cara y así generar un excedente de la más barata del que se podrían aprovechar las empresas brasileñas.
Antecedentes históricos de un tratado desigual
Itaipú, en el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay, supuso, en los años sesenta y setenta, la materialización de un proyecto mastodóntico nacido de la necesidad brasileña y de una invasión militar previa. Paraguay arrastraba todavía las heridas de las guerras del pasado, fatídicas para ellos, y el fantasma del dominio brasileño amenazaba con regresar y perpetuarse, sobre todo con el golpe de Estado de 1964 y el inicio del régimen militar. El general Stroessner ya gobernaba Paraguay.
La creciente demanda energética de Brasil requería medidas drásticas. Puerto Renato fue el origen de la actual contienda. Con el objetivo estratégico de controlar los denominados Saltos del Guairá, en el río Paraná, las Fuerzas Armadas brasileñas enviaron un destacamento a un territorio aún en disputa diplomática, no definido, o definido ambiguamente, por los tratados internacionales. Allí construiría Brasil la solución a su necesidad energética. La intervención de Estados Unidos, en cambio, propició el acuerdo de 1973 para que la hidroeléctrica, finalmente ubicada en la zona de Itaipú, en el mismo río Paraná, naciera como un proyecto compartido.
Las evidentes diferencias entre ambos países y la forma violenta de encajar la solución originaria generaron un documento desigual. Por decreto ambas naciones son dueñas del 50% de la potencia garantizada –energía más cara, pero cuya cantidad puede conocerse de antemano y es fija– y del 50% de la no garantizada –más barata porque depende de incrementos que provocan factores externos–. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la energía (más del 90%) viaja rumbo a Brasil, debido a la mayor demanda. Paraguay –mediante la Administración Nacional de Electricidad paraguaya, ANDE– le vende su excedente a la estatal brasileña Electrobras, pero no a precio de mercado, sino a uno mucho menor, con las consiguientes pérdidas para Paraguay.
Por otra parte, Brasil señala que Paraguay, aprovechándose de la preferencia que le otorga un acta firmada en 2007, divide sus compras entre potencia garantizada y potencia no garantizada para ahorrarse gastos. Brasil, en el acta secreta que ha desatado la polémica, presiona para que Paraguay aumente los niveles de compra de potencia garantizada hasta 2022, fijando previamente los valores (y reduzca los de la potencia no garantizada). Esto supondría, según ANDE, un gasto extra a Paraguay de 250 millones de dólares cada año por aprovechar su propia energía.
Presión, irresponsabilidades, dimisiones
Ante una modificación tan sustancial del Tratado de Itaipú todo ha apuntado hacia el presidente paraguayo y su vicepresidente. Acorralados, Abdo Benítez y Velázquez han desviado las culpas hacia su ministro de Exteriores, Luis Castiglioni –que ya no está en el cargo–, y este a su vez hacia el mencionado exembajador de Paraguay en Brasil. Los dirigentes de la ANDE fueron testigos también de la presencia en las reuniones de un consultor independiente que decía representar al vicepresidente. Irresponsabilidades en cadena que desembocaron en dimisiones grupales de altos cargos.
Pedro Ferreira, que dimitió como presidente de ANDE, no se cansa de repetir que avisó al presidente Abdo Benítez, al vicepresidente, al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil, de que el documento del acuerdo era nocivo para los intereses paraguayos y no se debería firmar. El aumento de costes y de tarifas para Paraguay y el encorsetamiento eran notorios. Recomendaba además añadir un punto en el que Paraguay pudiera vender libremente la potencia sobrante a precios de mercado. El punto jamás fue incluido en el acta. Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.
El equipo diplomático brasileño en las negociaciones estuvo capitaneado por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales en las Américas. Sus movimientos resultaron implacables. “Estaban presentes la delegación de Brasil y la delegación de Paraguay, y se me hace muy difícil entender que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo el respeto, eso no es un problema de Brasil”, se puede escuchar desde la parte brasileña en una de las últimas conversaciones filtradas, ante las excusas de los técnicos paraguayos, que decían no haber visto nunca antes el acta definitiva.
El acta bilateral, por petición expresa del Ejecutivo paraguayo a Jair Bolsonaro, quedó anulada. Un favor impagable. Pero la lista de favores pendientes de Abdo Benítez no termina ahí. Su futuro político ha pendido de un hilo durante semanas debido a la falta de apoyo de una de las vertientes del Partido Colorado, precisamente la que controla el expresidente Horacio Cartes, el 'Honor Colorado'. Los votos de esa mitad de su propia agrupación le hubieran empujado sin freno hacia el juicio político, para satisfacción de la oposición. En el último momento, sin embargo, Cartes le ha levantado la condena. Ahora nadie duda que esa inestimable ayuda le pasará factura a Abdo Benítez, quedando los tres años que restan de legislatura a expensas del exmandatario, que maneja el poder entre bambalinas.
Las calles tardarán algo más en perdonar a Abdo Benítez. La población no admite lo que considera toda una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación.
